martes, 25 de diciembre de 2007

Los Casos Insulares: 1901 a 1922

¿Es Puerto Rico parte de los Estados Unidos? A partir del 1901, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió más de una decena de controversias relacionadas con las leyes orgánicas que el Congreso de los Estados Unidos promulgó para los territorios que esa nación había adquirido (las Filipinas, Guam, Puerto Rico, etc.), incluyendo la Ley Orgánica Foraker aprobada en 1900. Alrededor de la mitad de esas controversias judiciales se originaron, precisamente, en Puerto Rico. Son los llamados Casos Insulares.

Los contornos de esta columna son demasiados estrechos para explicar los Casos Insulares en toda su dimensión. Existen excelentes estudios en torno a este fascinante tema, tales como los de los jueces federales José Cabranes y Juan Torruella, y el profesor de Derecho Efrén Rivera Ramos. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de estos estudios han sido redactados en el idioma inglés, pues su lectura ha ido mas bien dirigida al público estadounidense que al puertorriqueño.

En muy apretada síntesis, los Casos Insulares son la contribución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos al proceso de la política colonial de expansión que experimentó esa nación. Como vimos en los inicios de esta serie, el Poder Ejecutivo estadounidense (la presidencia) estuvo a cargo de conducir las negociaciones que resultaron en el Tratado de París de 1898. Como fruto del referido tratado, quedó en manos del poder legislativo (el Congreso) determinar “la condición” de “los naturales” de estos territorios, lo cual en efecto hizo al aprobar la Ley Foraker para proveer un gobierno civil a nuestro País. La implementación de estatutos orgánicos como la Ley Foraker creó a su vez controversias que fueron a parar a los tribunales.

Los orígenes de estas controversias en Puerto Rico y los otros territorios tienen un denominador común, que fue objeto de gran discusión en los círculos intelectuales estadounidenses de la época. Lo que estaba en juego, era si los habitantes de estos territorios recién adquiridos iban a tener los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses de los estados federados. En otras palabras, la controversia consistía en determinar si “la Constitución seguía a la bandera” (“the Constitution follows the flag”).

No era una controversia fácil de dilucidar. A partir del inicio de su proceso de expansión y crecimiento (o sea, creación e incorporación de nuevos estados), los Estados Unidos habían adoptado un modelo que consistía, en términos simples, del reconocimiento e incorporación de territorios que, eventualmente, pasaban a convertirse en estados (Idaho, las Dakotas, Oregon, por ejemplo). Esta regla tenía sus excepciones: California y Texas se constituyeron primero en repúblicas antes de pasar a ser estados de la Unión. Lo que sí sucedía con los territorios, es que sus habitantes pasaban a gozar de todos los derechos dimanantes de la Constitución estadounidense, desde antes de convertirse en estados. En efecto, “la Constitución estaba siguiendo a la bandera”.

La expansión de los Estados Unidos más allá de su actual espacio continental, le supuso a las clases dirigentes de esa nación lidiar con el asunto de cómo tratar con tierras que no eran contiguas a los estados (Alaska, Hawaii, las Filipinas, Puerto Rico, etc.), y que estaban habitadas por gentes de costumbres y razas distintas a la blanca anglosajona. Los que propulsaban el método tradicional de expansión, por así llamarlo, sostenían que a esos habitantes de los nuevos territorios debían reconocérseles todos los derechos, como siempre se había hecho con los que habitaban los territorios que se convertían en estados. Otros propulsaban la noción de que, de los Estados Unidos reconocerle todos los derechos a los habitantes de esos nuevos territorios, atarían sus manos ante su empeño por crear su propio imperio.

Al darse a conocer las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1901, resultó claro que los favorecedores de la política imperialista habían triunfado. Ese Tribunal determinó que Puerto Rico, y por consiguiente otros territorios en igualdad de condiciones (Guam, las Filipinas) era un territorio “arrimado y perteneciente” (“appurtenant and belonging”) a los Estados Unidos. Esta concepción original fue dando paso, con el tiempo y dentro del propio Tribunal Supremo, a otra que hoy en día aun escuchamos: el territorio no incorporado.

En efecto, el primer gran resultado de los Casos Insulares fue crear una nueva categoría de territorios que, contrario a los que antes habían sido aceptados eventualmente como estados, no estaban necesariamente destinados a esa misma condición. Puerto Rico fue el primer “territorio no incorporado” en la historia de los Estados Unidos. El Poder Judicial de esa nación creó una nueva criatura jurídica, conforme a la cual el Poder Legislativo mantendría control sobre nuestro País en virtud de la Cláusula Territorial, la que ya vimos establece que “el Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”. Bajo tal condición, los habitantes del territorio no incorporado de Puerto Rico sólo tendrían algunos derechos constitucionales.

El autor principal de esos primeros casos insulares fue un juez de nombre Henry B. Brown. Ese fue el mismo magistrado que, una década antes, consagró la doctrina racista de “separados pero iguales”, mediante la cual se legalizó la segregación racial en los Estados Unidos. Con los Casos Insulares, consagró a su vez el principio de que los Estados Unidos podía retener en una condición de inferioridad a los territorios y sus habitantes que pasaron a ser propiedad del nuevo imperio.

En mi próxima columna, veremos más de cerca algunos de esos Casos Insulares y cómo se manifiestan en Puerto Rico, al día de hoy.

Camino al imperio

En mi columna anterior, le propuse al lector la existencia de varias bases sobre las cuales se asienta la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. La primera lo fue el Tratado de París que puso fin a la Guerra de 1898 con España. Vimos cómo una seria disputa entre los delegados españoles y los estadounidenses en torno a qué estos últimos pretendían hacer con los llamados “naturales” de la isla que adquirían, condujo a la inserción de una oración en que se consignó que la “condición” de esos “naturales” sería determinada por el Congreso de los Estados Unidos. En esta ocasión, pretendo acometer la tarea de ubicar al lector en tiempo, espacio y, sobre todo, la visión de los Estados Unidos, al momento del cambio de soberanía. Armaremos un rompecabezas.

Cuando evocamos la palabra “imperio”, el pensamiento casi instintivamente lo asocia con regímenes monárquicos o dictatoriales. Al pensar en un imperio, por ende, casi invariablemente viene a la mente un “emperador” o una “emperatriz”; no un “presidente”, mucho menos “congresistas”. Ello no obstante, para los dirigentes de los Estados Unidos de finales del Siglo 19 – presidentes, congresistas, jueces del Tribunal Supremo – esa nación tenía perfecto y “natural” derecho a competir con las potencias europeas en la obtención de territorios – habitados o no – para su explotación.

Siendo una nación fundada en principios de democracia, libertad e igualdad, a esos dirigentes de los Estados Unidos, les resultaba incómodo utilizar el lenguaje típico de sus competidores europeos: “explotación”, “control”, “colonias”. Para justificar sus aventuras imperiales, los Estados Unidos optaron por crear un nuevo paradigma. Su invasión y dominio de otras tierras y pueblos estarían cimentados en su “deber” de “civilizarlos”. Siendo los Estados Unidos – pensaban – una nación democrática forjada bajo principios cristianos, su credo era superior al del resto de las naciones del orbe. A su vez, esa superioridad innata “imponía” a esos dirigentes – hombres cristianos y blancos – la pesada carga (“the white man’s burden”) de educar a los pueblos “inferiores”. Este paradigma se conoce como el “Destino Manifiesto”, el cual ha sido ampliamente discutido y analizado tanto por la historiografía estadounidense como por la puertorriqueña.

Hoy en día, muchos historiadores estadounidenses aceptan que los Estados Unidos en efecto crearon un imperio, pero con un giro particular. Historiadores como Lester Langley y Robert Pastor proponen que los Estados Unidos se vieron involucrados en una dinámica en la zona del Caribe que los “obligó” a asumir posturas intervencionistas. Otro historiador estadounidense, nada más y nada menos que el historiador del Pentágono, Ivan Musicant, postuló que los Estados Unidos se convirtieron en un imperio por defecto o carambola (“Empire by Default” se llama su libro, precisamente). Un imperio “sin querer, queriendo”; el “imperio bobo”, como una vez lo llamó Luis Muñoz Marín.

A esta visión de mundo por parte de los Estados Unidos, hay que añadirle ahora otro ingrediente: su obsesión con lo que llamaremos “el principio de la legalidad”. Siendo un país fundado en una constitución escrita, y de la cual el Tribunal Supremo es su máximo interprete, para los Estados Unidos todo aspecto de la vida tiene que estar regulado por su ordenamiento jurídico: algo es legal o no lo es; no hay puntos grises ni intermedios. A su vez, esa constitución posee lo que en el lenguaje legal se conoce como la “Cláusula de Supremacía”, conforme a la cual la “Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se aprobaren y todos los tratados celebrados o que se celebraren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la suprema ley del país”. Esa misma constitución – que, como ya podemos ver, expresamente reconoce los tratados, como el de París, como parte de su “ley suprema” – posee otra cláusula que es la pieza final del rompecabezas: la llamada “Cláusula Territorial”, la cual reza que “el Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”.

Comencemos a armar el rompecabezas. Las negociaciones entre los representantes de los países beligerantes deja claro que, al asumir el control de Puerto Rico en virtud del Tratado de París, los Estados Unidos lo hacían con el mismo objetivo que las potencias europeas adquirían territorios: un resarcimiento por su esfuerzo guerrerista y a despecho de los derechos que los “naturales” del territorio adquirido. El cambio de soberanía supuso cerca de dos años de gobierno militar para nuestro País, hasta que entró en vigor la Ley Foraker en abril de 1900. Se proveyó así a Puerto Rico con un gobierno de corte civil cuyas principales figuras – el Gobernador y los jueces del Tribunal Supremo inclusive – eran nombrados directamente por el Presidente estadounidense.

Así, caen en su sitio las dos primeras piezas: el Tratado de París, dándole legitimidad al Congreso para determinar la condición civil de los “naturales” de la Isla; y el “Destino Manifiesto” que justifica el apartamiento estadounidense de los principios democráticos que dieron vida a la república en 1776, para negarle a los puertorriqueños el control de su destino en pos de la necesidad de “educarles” primeramente en el auto-gobierno.

En la próxima columna, exploraremos la fuerza que unió las piezas restantes del rompecabezas colonial: los Casos Insulares.

El Tratado de París de 1898

La relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico está predicada sobre varias bases, originadas en el cambio de soberanía mediante el cual nuestro País pasó de manos españolas a estadounidenses, tras la llamada Guerra Hispanoamericana de 1898. Éstas son: el Tratado de París de 1898, la llamada Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos, y los llamados Casos Insulares, que son una serie de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que van de 1901 a 1922. En esta primera columna, intentaré explicar en términos prácticos qué consecuencias tuvo cada uno de esos eventos en la formación de la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico, y cómo los mismos se manifiestan hoy en día. Por orden cronológico, debemos comenzar por el Tratado de París.

La guerra de 1898 dio paso a las negociaciones entre los representantes de España y los Estados Unidos para la firma de un armisticio, a partir del 1ro de octubre de ese mismo año, en la ciudad de París. El contenido de las negociaciones que condujeron al tratado, aparecen recogidas en una compilación llamada “Documentos presentados a las Cortes en la legislatura de 1898 por el Ministerio de Estado, (Conferencia de París y tratado de paz de 10 de diciembre de 1898)”, comúnmente conocida como el “Libro Rojo”. Gracias a esa valiosa compilación, podemos retroceder en tiempo y espacio hasta el París de 1898, para presenciar las negociaciones que condujeron al cambio de la soberanía sobre Puerto Rico, a manos de los Estados Unidos.

Las negociaciones para la paz en 1898 no resultaron menos escabrosas para España que la guerra misma. Derrotada decisivamente y en evidente inferioridad militar ante la potencia que ya eran los Estados Unidos, los delegados españoles efectuaron continuos esfuerzos por frenar el apetito territorial estadounidense por las últimas posesiones del imperio español. En el caso de Cuba, para la cual los Estados Unidos había prometido su independencia, la preocupación de España radicaba mas bien en garantizar el bienestar de los grandes intereses económicos propiedad de españoles. De hecho, España le hizo saber a los Estados Unidos que prefería que éstos se anexaran a Cuba “porque mejor garantiza la seguridad de vidas y haciendas de los españoles allí establecidos o fincados.” Ambos países coincidían “en cuanto a la incapacidad natural de aquella sociedad para constituir un Estado político independiente.” Pero contrario a las preferencias españolas con respecto al destino para Cuba, los Estados Unidos descartaron renegar de su promesa de independencia, si bien su Secretario de Estado William Day afirmó con respecto a Cuba “reconocer el hecho de que dada la precaria condición de la isla, ayuda y tutelaje serán necesarios, y estamos dispuestos a dárselos”.

Puerto Rico era otro cantar. Alegando que “él no podía ignorar las pérdidas y gastos incurridos por los Estados Unidos durante la guerra ni los reclamos de nuestros ciudadanos por los daños sufridos en sus personas y propiedades”, el Presidente estadounidense William McKinley “pidió” la cesión de Puerto Rico. España se propuso defender su soberanía sobre nuestro País. Ofreció la sustitución de Puerto Rico por otros territorios como compensación, dado que nuestro País poseía “un precio de afección especialísimo” para España. A manera de respuesta, los estadounidenses minimizaron el valor de los territorios conquistados. Afirmaron que “Puerto Rico, Guam y las Filipinas ocasionaron pérdidas, así como beneficios, y consideradas simplemente como indemnización, están muy lejos de compensar a los Estados Unidos, del mero coste de la guerra”. A España no le quedó otro remedio que ceder a Puerto Rico como botín de guerra.

El trámite de ceder a Puerto Rico provocó uno de los tranques más serios entre los negociadores del tratado. Por un lado, los estadounidenses se referían meramente en sus propuestas a la cesión de la Isla de Puerto Rico. Por el otro, los españoles insistían en que la cesión requería no sólo considerar el territorio, sino también a los habitantes de Puerto Rico. La inserción del tema de los habitantes de Puerto Rico provocó uno de los choques más serios entre los negociadores, particularmente en lo relacionado a la ciudadanía que detentarían dichos habitantes. Estas diferencias hicieron crisis el 9 de diciembre de 1898, cuando los negociadores españoles presentaron su protesta contra la pretensión estadounidense de no reconocerle a los habitantes de Puerto Rico el derecho a retener su ciudadanía española.

Los estadounidenses replicaron que los residentes de Puerto Rico nacidos en España, tendrían un año para escoger su ciudadanía, pero que los “naturales” de la Isla no tendrían esa opción. “Su condición y sus derechos civiles”, afirmaron, “se reservan al Congreso, quien hará las leyes para gobernar los territorios cedidos”. Fue así como el 10 de diciembre de 1898 los representantes de ambos países suscribieron el Tratado de París, disponiendo en la última oración del Artículo IX de ese tratado que “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.

En esa frase lapidaria, amigo lector, está la raíz de la relación colonial de más de un siglo entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Téngala en mente, para ahora, y para el futuro. El Tratado de París continúa vigente.

domingo, 9 de diciembre de 2007

De “Porto Rico” a Puerto Rico

Mover legislación por el Congreso de los Estados Unidos (Cámara de Representantes – Senado) para luego lograr la firma del Presidente que convierte un proyecto en ley puede ser, como lo demuestran los distintos esfuerzos en años recientes por aprobar legislación descolonizadora de nuestro País, una tarea engorrosa, por no decir casi imposible. Ello no obstante, en dos años, entre marzo de 1930 y mayo de 1932, el Congreso estadounidense y el Presidente dieron paso a legislación que enmendó la Ley Orgánica Jones de 1917 – sucesora de la Ley Foraker de 1900 – para restituir el nombre de Puerto Rico a nuestro País y eliminar así una disposición legal con treinta años de vigencia. Veamos algunos pormenores.

En términos formales, todo se inició con la aprobación por el Senado de Puerto Rico de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 2 de 18 de marzo de 1930, misma que llevó por objetivo el de “solicitar del Congreso de los Estados Unidos de América, la restitución oficial del verdadero nombre de esta Isla.” Nótese el uso de expresiones tales como “restitución” y “verdadero nombre”, como intimando que, en lo que a los puertorriqueños concernía, el nombre del País no podía ser cambiado. Esta resolución recibió la aprobación unánime en el Senado y, luego, en la Cámara de Representantes.

La petición puertorriqueña llevó a la presentación de la “Senate Joint Resolution 193” en junio de 1930 en el Senado estadounidense, donde fue aprobada. Sin embargo, y por razones no del todo claras, el proyecto se estancó, no siendo presentado nuevamente sino hasta abril de 1932. Nuevamente, el proyecto de ley denominado “Changing the Name of the Island of Porto Rico to ‘Puerto Rico’”, pasó sin problemas en el Senado. La versión de la Cámara de Representantes, interesantemente, se llamó “Correct the Spelling of the Name of the Island of Puerto Rico”. La presencia en dicho cuerpo del Comisionado Residente Félix Córdoba Dávila sin duda explica la diferencia.

No obstante, la presencia de nuestro Comisionado Residente estuvo lejos de garantizar un trámite sin novedades para la redención del nombre de nuestro País. De hecho, el discurrir de esa legislación tuvo, por momentos, un trámite angustioso.

El proyecto de ley para el cambio de nombre fue considerado por la Cámara de Representantes federal durante la tarde del miércoles 11 de mayo de 1932. Fue el primer proyecto que se trajo a colación durante dicha sesión vespertina. Tras la lectura del mismo, el proyecto comenzó de inmediato a confrontar objeciones de varios representantes. Por ejemplo, un representante de apellido Johnson afirmó con sarcasmo que para él, el proyecto del cambio de nombre constituía “un absolutamente irreducible mínimo de legislación pública”. Otro representante, de apellido Stafford, fue aun más lejos en su cuestionamiento de por qué, si los Estados Unidos de América había ejercido su poder sobre la Isla al cambiarle su nombre tres décadas atrás por el “americanizado” nombre de Porto Rico, era ahora necesario “gratificar el caprichoso sentimiento de los habitantes locales de Porto Rico que son de descendencia española y que desearían que el nombre se pronunciara a la usanza española en lugar de a la anglicana o americana”.

Al fin y a la postre, prevalecieron aquellos que defendieron el derecho del pueblo puertorriqueño a que su país fuese llamado por su nombre en español. El argumento que más se utilizó entre éstos, y probablemente el que más peso mereció, lo fue que los puertorriqueños continuábamos hablando en español, no obstante los esfuerzos del proceso de americanización por imponer el inglés como idioma de uso diario entre la población. Un representante de apellido Lozier, argumentó en este sentido que “no existe razón, ya sea en la historia, el idioma o las tradiciones de esta gente de habla española que provea legitimidad al uso del término extranjero ‘Porto’, usado en conexión con sus habitantes”. Por su parte, un representante de apellido Keller sostuvo que “sería inútil obligar a ese pueblo a mantener el nombre de Porto Rico, que nada significa para ellos”.

Una moción presentada para que el proyecto de cambio de nombre fuese retirado, fue derrotado en votación de 88 a 31. Con ello, se salvó el último obstáculo presentado para descarrilar la legislación congresional que, a partir del día 17 de mayo de 1932, significó el reconocimiento por los Estados Unidos de que nuestro País se seguía llamando Puerto Rico.

Para esa misma época, el gobierno de los Estados Unidos decidió abandonar en definitiva la política de americanizar a Puerto Rico. Las clases cesarían de dispensarse obligatoriamente en inglés. Volvería a celebrarse el Día de Reyes. Hoy en día, esta dinámica histórica que he resumido y que vivieron nuestros abuelos, resulta desconocida para la mayoría de los puertorriqueños. Su recuerdo debe servirnos para comprender cómo algo aparentemente tan sencillo como un cambio de nombre puede, desde el punto de vista de los Estados Unidos como poder colonial, representar todo un conflicto de décadas de duración. Al menos durante aquellos todavía no tan lejanos tiempos, ser puertorriqueño sí resultó ser cuestión de idioma.

“Porto Rico” y la americanización

En mi columna anterior, traje a la atención de los lectores cómo el nombrar o nominar a una cosa, una persona o a toda una nación, conlleva el ejercicio de, o al menos el intento de ejercer, un dominio o control sobre el o lo que ese nombrado o nominado. Aludí además a que tocaría el caso de Puerto Rico en un trabajo futuro, a los fines de discutir cómo nuestro país no ha escapado de este tipo de dominio y cómo en tiempos recientes ha respondido a ello.

Llamada Borikén por sus habitantes originales, los indios taínos, nuestra tierra fue conocida al momento del inicio de la conquista y colonización española como la Isla de San Juan Bautista. Sería con el correr de los años que el País sería conocido como Puerto Rico, conservando nuestra ciudad capital el nombre de San Juan. Esta es historia, he de suponer, más o menos conocida por el público en general. Ahora bien, ¿sabía usted que a nuestro País se le conoció además, al menos ante los ojos de los Estados Unidos y de algunos puertorriqueños, como “Porto Rico”, y que tal fue el “nombre oficial” de nuestro país por más de 30 años?

Efectivamente, uno de los cambios que trajo la Ley Orgánica Foraker de 1900, en su versión oficial en inglés, lo fue la adopción del nombre “Porto Rico” para referirse a nuestro País tras el cambio de soberanía. La Ley Foraker no sólo había oficializado el cambio de nombre, sino que además creó la figura del Comisionado de Educación, el cual era nombrado directamente por el Presidente de los Estados Unidos. Con ello, se dio inicio a un proceso que se conoce históricamente como la “americanización”, que no era otra cosa que la introducción forzosa de los puertorriqueños a los valores y puntos de vista de los Estados Unidos. Gracias a los esfuerzos de historiadores tales como Aida Negrón de Montilla y Olga Jiménez de Wagenheim, hoy podemos contar y rememorar esta etapa de nuestra fascinante historia.

A partir de la aprobación de la Ley Foraker, el idioma inglés fue exigido crecientemente como vehículo principal, cuando no exclusivo, de la enseñanza. Las escuelas fueron nombradas en honor de próceres norteamericanos y los días feriados ya no eran a la usanza del Día de Reyes, sino a la del 4 de julio y el natalicio de George Washington, a los fines de estimular la lealtad que nos haría un cien por ciento estadounidenses. Los “estímulos” al profesorado iban desde el meramente monetario, hasta la amenaza de quedar sin empleo. A los estudiantes se les alentaba o instruía a estudiar en los Estados Unidos, cartearse con estudiantes puertorriqueños que estudiaban allá, y, en pleno apogeo de este proceso de americanización en 1916, a hablar en inglés aún fuera del salón de clases.

Este esfuerzo de asimilación habría de confrontarse con un fenómeno de resistencia popular, en ocasiones sutil, en otras manifiesto, contra la enseñanza forzosa en inglés. Uno de los indicadores más evidentes de ello se encuentra en las sucesivamente más draconianas medidas adoptadas por los comisionados de Educación durante los primeros treinta años de predominio norteamericano, para inculcar en las generaciones jóvenes el uso del idioma inglés y la lealtad a los símbolos institucionales estadounidenses. Diversos sectores liberales de la prensa puertorriqueña, como por ejemplo el periódico “La Democracia”, encabezaron pronunciamientos editoriales contra la política oficial de americanización. Existían quejas de parte de los propios administradores educativos norteamericanos sobre la escasez de profesores y la falta de disposición de los estudiantes a practicar el inglés fuera del salón de clases. Ya para el año 1907, el entonces Comisionado Edwing G. Dexter reconocía la inutilidad de esperar la asistencia del alumnado en el Día de Reyes. Un periódico, llamado apropiadamente “Porto Rico Progress”, llegó a proponer en marzo de 1915, el uso de la violencia como método para forzar la americanización del País, en reacción a las “huelgas escolares” que se suscitaban, en protesta por los métodos coercitivos empleados por los comisionados de Educación que sucedieron a Mr. Dexter en esa jefatura.
Sin embargo, reza un sabio refrán que “no hay peor cuña que la del mismo palo”. Manifestando que “nuestras escuelas son agencias de americanismo,” y que las mismas “[d]eben inculcar el espíritu de América en el corazón de nuestros niños[,]” Juan B. Huyke ocupó en 1921 el cargo de Comisionado de Educación, siendo el primer puertorriqueño en ocupar dicha posición. Contrario a lo que cabría pensar, bajo la incumbencia de Huyke se inició la más enérgica campaña en el esfuerzo por americanizar al País. Memorandos instruyendo a que se hablase en inglés en público; advertencias de despido a maestros que no impartieran sus clases en inglés; el uso obligatorio de textos y publicaciones en ese idioma; el requerir el uso de una pequeña bandera norteamericana en la solapa de la ropa por los maestros, tales fueron algunas de las medidas implantadas por el Comisionado, entre 1921 y 1930.
Menos de dos años más tarde, en mayo de 1932, los Estados Unidos le “devolvieron” a nuestro País el nombre por el que desde hace siglos lo conocemos: Puerto Rico. Qué eventos llevaron a este resultado, muestra indiscutible del fracaso de la política de americanización impulsada por los Estados Unidos, los exploraremos en nuestra próxima columna.

Descubriendo a América y al poder de nombrar

“Formó, pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y trájolas á Adam, para que viese cómo les había de llamar; y todo lo que Adam llamó á los animales vivientes, ese es su nombre.” (La Biblia, Capítulo 2, Versículo 19).

El pasaje bíblico aquí citado no lleva el fin de proponer una interpretación religiosa a la dinámica de la historia. Su propósito es ilustrar salvando, por supuesto, las distancias, que la nominación es una forma de poder ejercido por quien lo nombra o nomina. “Nominar”, palabra tan utilizada para fines de proponer a alguien para una candidatura, significa en su primera acepción “Dar nombre a alguien o algo.” Es el equivalente de “nombrar”, palabra que también es mas bien utilizada para referirse al acto de designar o asignar a una persona para un puesto o encomendarle una responsabilidad.

Y es que cuando le asignamos un nombre a alguien, una cosa, o a un acto, en efecto estamos ejerciendo o tratando de ejercer un poder sobre ese alguien, cosa o acto. Porque con la nominación le estamos asignando unas características inherentes a la cosa nombrada, que pueden ser positivas o negativas, sin que necesariamente lo nombrado sea en verdad lo que su nombre asignado sugiere o establece. Por lo tanto, no se trata solamente de tener el poder de nombrar algo, como Dios se lo confirió a Adam, sino que el nombrar algo conlleva, en efecto, ejercer poder sobre lo que se nombra.

El llamado “Descubrimiento de América”, que sirve de marco a esta columna, es ejemplo elocuente del poder de nominar. Al llamarle un “descubrimiento” al acto de arribar las tres carabelas al mando de Cristóbal Colón, en efecto los europeos le asociaron a estas tierras americanas una imagen de algo que estaba “perdido”, desde su punto de vista como centro del mundo y del conocimiento. No es en balde que, al acercarse el 500 aniversario del suceso, surgieron reacciones alternativas o contestatarias que condujesen a la más “políticamente correcta” frase de “El encuentro de dos mundos”, con la imagen de igualdad que ello sugiere.

El nombre “América”, por supuesto, no escapa a esta dinámica de asignarle un nombre de origen europeo (Américo Vespucio) a unas tierras que no lo eran, a despecho de la o las nominaciones que los pueblos indígenas (nótese de nuevo la nominación de “indios”) de la llamada “América” le hubiesen asignado a las tierras por ellos habitadas. Al nombrarlas “América”, se sugiere una sensación de propiedad, pues el sentido común nos dice que sólo nombramos las cosas que están bajo nuestro cuidado o responsabilidad, como a nuestros hijos o a nuestras mascotas. Pero hay más.

Cuando pensamos en un “americano”, no nos viene a la mente un uruguayo, un panameño, un haitiano, o tan siguiera un puertorriqueño. En lo que pensamos de inmediato es en un habitante y ciudadano de los Estados Unidos de América. El resto de los habitantes del también llamado “Nuevo mundo” hemos pasado a ser o “suramericanos” o “latinoamericanos” o “caribeños”, pero no “americanos”.

¿Y esto a qué se debe? Nuevamente, amigo lector, al ejercicio del poder en su vertiente de nominación. Los Estados Unidos han sido una potencia dominante por décadas en el mundo en general, y en América en particular. ¿Y qué forma más elocuente de exhibir el poder que nombrarse a sí mismos como “América”? Dado que no existe un gentilicio en inglés para autodenominarse (¿“united stateians”?), los estadounidenses (el gentilicio sí existe en español) se nombraron a sí mismos “americanos”. A su vez, y según ellos, nosotros (los no “americanos”) pasamos a ser “suramericanos” o “latinoamericanos”. En efecto, una “subdivisión americana”, un segundo plano, con el grado de inferioridad que ello conlleva.

Por ende, el nombrar algo, o alguien, es crear una mística o un paradigma sobre lo nombrado. Es asignarle una carga o un papel que predetermina la forma en que lo veremos, nuevamente bajo una luz positiva o una negativa. Esto no se limita a los nombres propiamente, sino que puede apreciarse además en palabras que se le asignan a una persona, un grupo o un movimiento político. El tiempo también juega su papel. Hace ya décadas atrás, por ejemplo, nombrar a una persona “comunista” le significaba al nombrado vivir bajo la sombra de la sospecha y la represión. Hoy en día, carece de la connotación de hostilidad que la palabra “terrorista” posee.
En fin, el “Descubrimiento de América” que año tras año conmemoramos nos viene nombrado de forma positiva, con la promesa de algo nuevo y desconocido: una frontera por traspasar. Al menos, eso pensaron los europeos cuando arribaron a estas tierras. Para los habitantes originales de la América que todos vivimos, el nombre muy probablemente habría sido otro, y ciertamente no sería muy festivo que digamos ni mucho menos motivo de celebración. Pero como en los ámbitos del poder, el nombre hace a la cosa, es la visión positiva europea la que impone su criterio valorativo para la conmemoración.

¿Y qué con Puerto Rico? Eso lo veremos en una próxima ocasión.

jueves, 6 de diciembre de 2007

Yo soy boricua (y por eso escribo)

Como parte de mis estudios a nivel de escuela elemental, recuerdo que una de las lecciones que recibí giraba en torno al origen del nombre del pueblo donde nací: Aibonito. Me enseñaron entonces que, de acuerdo a una “leyenda”, el nombre se debía a un soldado español que – en algún momento entre los siglos 18 y 19 – escaló la meseta donde eventualmente se fundaría el pueblo y, extasiado por la belleza del paisaje, exclamo: “ay, que bonito”. No miento.

Años después – ya con mi adultez a cuestas y la inocencia extraviada – me percaté que esa “leyenda” no podía ser otra cosa que eso mismo. No me tomó mucho más tiempo percatarme que el nombre taíno “Jatibonuco”, se antojaba una explicación más razonable. Me resultó aparente que alguien – cuya identidad se debe haber perdido con la “leyenda” – inyectó ese “dato” para que formara parte de nuestro consciente colectivo como una verdad aparente. Podría seguir dando ejemplos de este tipo, pero creo que ya he probado mi punto y no estoy aquí para abrumar.

La Historia de Puerto Rico es una obra en progreso. Me refiero a la verdadera historia. La historia que no se nos enseñó en el salón de clases. La que nuestra clase política no perpetúa con su continuo nombramiento de edificios, avenidas y otras obras públicas con nombres de próceres nativos y extranjeros.

Mi pasión por la fascinante historia de mi País – en feliz conjunción con mi no menos intensa obsesión con la tecnología – explica este espacio que inauguro dentro de la red mundial de computadoras. La tecnología nos permite abrir nuevos senderos de transmisión del conocimiento nunca antes soñados. Tenemos las herramientas para compartir, discutir, desmitificar, aprender. Las voy a aprovechar.

Lo que usted encontrará aquí, son una serie de columnas sobre temas de Historia de Puerto Rico y el Caribe, previamente publicadas en días viernes alternos en el periódico El Vocero de Puerto Rico. Las mismas no necesariamente llevan una secuencia cronológica o analítica de la historia. Son más bien el fruto de un modesto esfuerzo por provocar la discusión de temas históricos, políticos, jurídicos y antropológicos, más allá de los espacios académicos. No son textos para citar ni mucho menos; pero son un esfuerzo.

El paso de los años no debe ser óbice para la rectificación y la iluminación del entendimiento opacado por el barniz de la leyenda.

Gracias por su lectura.