sábado, 20 de diciembre de 2008

La jaula de cristal

Jorge Andrés Santini Padilla aspira a ser gobernador de Puerto Rico. Desde que en las elecciones de 2000 logró terminar con el control de San Juan por el Partido Popular Democrático (1989-2000), el recién revalidado alcalde se ubicó en posición de honrar la tradición que, desde hace 40 años, es sinónimo de dirigir la primera ciudad del País: asaltar, electoralmente hablando, la gobernación de Puerto Rico desde el atalaya sanjuanero.
Desde que Carlos Romero Barceló (alcalde, 1969-1976) lo lograra en 1976, San Juan se convirtió por años en el virtual trampolín a la gobernación boricua. Tras él sus sucesores en el cargo, sin excepción, han tratado de catapultarse desde la alcaldía localizada en la Plaza de Armas del Viejo San Juan, al Palacio de Santa Catalina, ubicado a sólo pasos al principio de la Calle Fortaleza. Sila M. Calderón Serra (alcaldesa, 2001-2004) dio el salto con éxito. Otros han fracasado: Hernán Padilla Ramírez (1977-1984); Baltazar Corrada del Río (1985-1988); Héctor Luis Acevedo Pérez (1989-1996).

Consciente de esta dinámica histórica, y a pesar de las continuas promesas electorales de los aspirantes a la alcaldía de que no buscarán saltar a la primera oportunidad a La Fortaleza, el electorado sanjuanero se niega a convertirse en territorio electoralmente seguro para los partidos políticos. En este sentido, San Juan ha desarrollado una tradición electoral que lo aleja de la seguida por los grandes bastiones tales como Bayamón, Mayagüez, Carolina, Caguas y, hasta muy reciente, Ponce.

A los largos años de control por el PPD bajo Felisa Rincón Marrero (1946-1968), siguió un período casi igualmente extenso bajo los novoprogresistas Romero Barceló, Padilla Ramírez y Corrada del Río (1968-1988). Tras la victoria del popular Acevedo Pérez por alrededor de apenas 30 votos en las elecciones de 1988, los triunfos electorales en San Juan se caracterizan por ser relativamente apretados, teniendo en cuenta el tamaño poblacional de la ciudad capital. Así, tenemos que Acevedo Pérez revalidó en 1992 por menos de 2000 votos, mientras que Calderón Serra triunfaba por alrededor de 6,000 votos en 1996.
El denominador común a lo largo de las últimas 4 décadas de gobierno en San Juan, lo ha sido el oportunismo electoral, consistente en esperar desde la alcaldía a que el gobernador de turno sea del partido contrario, para retarlo. Romero Barceló y Acevedo Pérez completaron dos términos cada uno como alcalde, enfrentando el primero a Rafael Hernández Colón en 1976, mientras que el segundo hacía lo propio frente a Pedro Rosselló González 20 años después, en 1996. Calderón Serra esperó sólo 4 años para sentir “el llamado del Pueblo”, que sirve de tradicional justificación para dejar atrás la alcaldía, y retar a Carlos I. Pesquera Morales en el 2000. La excepción histórica lo es el novoprogresista Padilla Ramírez, quien estimó llegada su hora en 1984, ante el apretado triunfo de Romero Barceló por apenas 3,000 votos en 1980.

Estos vaivenes electorales nos traen ahora de regreso a la curiosa y sin precedentes situación en que se encuentra el actual alcalde. En las elecciones de 2000, Santini Padilla derrotó al popular Eduardo Bhatia Gautier por menos de 4,000 votos. A su vez, el ascenso a la gobernación de Calderón Serra creó la situación propicia para que Santini Padilla invocara “el llamado del Pueblo”. Sin embargo, la aspiración de Pesquera Morales para un nuevo intento a la gobernación, en unión a la irrupción en el escenario político del “retirado” Rosselló González, frenaron al alcalde. Éste optó por revalidar en San Juan, derrotando nuevamente a Bhatia Gautier en el 2004, esta vez por menos de 6,000 votos.

Mirando desde el presente, la mejor ventana de oportunidad para Santini Padilla buscar La Fortaleza, se cerró con las elecciones de 2004. Si se hubiese lanzado entonces al ruedo, habría competido en primarias contra un candidato ya derrotado (Pesquera Morales) y otro “retirado” (Rosselló González). De haber prevalecido en la primaria novoprogresista, habría tenido la gran oportunidad de romper el ciclo de poder electoral de 8 años de los dos partidos principales, al enfrentar al muy debilitado PPD de Aníbal Acevedo Vilá en el 2004. A su vez, el triunfo de Acevedo Vilá ese año, y el de Luis Fortuño Burset en el 2008, confirman una nueva realidad histórica: los adelantos tecnológicos en las comunicaciones y en la transportación aérea, han transformado la Oficina de la Comisaría Residente en Washington, del exilio político que siempre había sido, en la nueva gran plataforma de lanzamiento hacia la gobernación del País.

Esta dinámica histórica podría explicar el alineamiento de Santini Padilla tras la candidatura de Rosselló González en la primaria novoprogresista de marzo de 2008, y sus fieros ataques contra Fortuño Burset en aquel momento. Con Rosselló González de nuevo en la gobernación, Santini Padilla podía razonablemente esperar que el veterano gladiador novoprogresista ocupase La Fortaleza por un sólo cuatrienio, convirtiendo al alcalde en su “heredero aparente” para las elecciones de 2012. Los aplastantes triunfos de Fortuño Burset en marzo y noviembre de 2008, sin embargo, presagian un nuevo ciclo de 8 años de control electoral por el PNP que, salvo imprevistos siempre posibles, alejan al alcalde de San Juan de la gobernación de Puerto Rico, al menos hasta el 2016.

En un dato histórico que no deja de ser irónico, en las elecciones de 2008 el electorado sanjuanero premió a su alcalde con su victoria más holgada, 12,000 votos de ventaja, tal vez en reconocimiento a ser el primero en 40 años que aspira a un tercer término. Ésta, y las otras dinámicas históricas ya discutidas, son las que se encargarán de mantener las aspiraciones futuras del alcalde de San Juan prisioneras, a la vista de todos, en su jaula de cristal.

Gelpí versus Taft

El 10 de noviembre de 2008, el juez federal Gustavo A. Gelpí emitió una decisión que requiere inmediata atención. Su emisión, a pocos días de producirse uno de los triunfos electorales más aplastantes del anexionismo boricua, no se antoja casual, ni tiene por qué serlo.

A lo largo de más de 110 años de coloniaje por los Estados Unidos, los sistemas judiciales existentes en nuestro País, tanto el propiamente puertorriqueño como el federal estadounidense, han servido de vehículos para formular mensajes que pretenden influir en la relación de sumisión colonial que vivimos frente a los Estados Unidos. La decisión que hoy discutimos no es, pues, la primera, ni probablemente sea la última, que veamos.

En términos sencillos, el juez Gelpí declaró a Puerto Rico como un territorio ya “incorporado” a los Estados Unidos. En su decisión de 30 páginas, el magistrado analizó la relación de dominio que los Estados Unidos creo sobre Puerto Rico, desde la invasión de 1898. Expuso que los Estados Unidos le dieron un trato distinto a Puerto Rico, en comparación con las Islas Filipinas, en las cuales nunca se creó un tribunal federal estadounidense, ya que estaban destinadas a la independencia, como eventualmente ocurrió.

Por el contrario, razonó el juez Gelpí, los Estados Unidos recrearon las instituciones de gobierno puertorriqueñas “a imagen y semejanza” de las de los estados federados, al punto que el gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro País dejó de ser uno “temporal”. El juez citó diversos ejemplos sobre cómo la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos se ha ido “fortaleciendo”, incluyendo las muestras de “lealtad” de los boricuas, gesto que le ha ganado a varios hijos de este País la distinción de recibir nombramientos de alto nivel en el gobierno federal estadounidense.

En conclusión, expuso el magistrado, el racismo (así lo dice) que motivó los llamados Casos Insulares decididos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del Siglo 20, y que culmina con Balzac vs. Porto Rico de 1922, ha cedido ante una “incorporación por evolución” de Puerto Rico a los Estados Unidos. Por ende, el juez rechaza que la situación actual del País sea comparable a la de Guantánamo en Cuba. A su vez, concluye que la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Boumediene vs. Bush justifica su conclusión de que Puerto Rico está ya incorporado, aunque el Congreso no lo haya declarado expresamente.

Retrocedamos ahora 90 años. A raíz de la imposición de la ciudadanía estadounidense en 1917, tanto el Tribunal federal en Puerto Rico como nuestro Tribunal Supremo, resolvieron que ese suceso en efecto había “incorporado” nuestro País a los Estados Unidos. Ambas decisiones fueron revocadas sumariamente por el Tribunal Supremo estadounidense, en 1918. Este escenario es el que da paso a que en 1922, el entonces Juez Presidente William H. Taft escriba la decisión unánime de Balzac vs. Porto Rico, declarando la muerte de la teoría de incorporación implícita que hoy resucita el juez Gelpí.

En Balzac, los abogados argumentaron exactamente la misma teoría de incorporación implícita, enumerando los numerosos estatutos legales hasta entonces aprobados por el Congreso en torno a Puerto Rico incluyendo, por supuesto, la ciudadanía estadounidense. Ayer, al igual que hoy, en Balzac se presentó también como argumento a favor de la incorporación, que el tribunal federal estadounidense en Puerto Rico era igual que el de los otros estados. Al rechazar esos argumentos, el Juez Presidente Taft sentó la pauta que hoy rige la relación colonial: la de que se requiere una manifestación expresa de parte del Congreso, para incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Como ya discutimos en una columna previa con ese mismo nombre, en la decisión de Boumediene vs. Bush los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos coincidieron, 86 años después, en la vigencia del caso Balzac. Y lo hicieron, nuevamente, de manera unánime.

El ánimo racista de 1922 que el juez Gelpí correctamente identifica y denuncia, en el 2008 se ha transformado en la noción de que los “asuntos extraterritoriales se rigen por consideraciones prácticas y factores objetivos”, según resuelto en Boumediene vs. Bush. Dicho de otra manera, el hecho de que el racismo no sea ya un factor predominante, no ha privado a la doctrina de los Casos Insulares de su valor medular: servir a los Estados Unidos de justificación jurídica para canalizar aquellos aspectos de su política exterior que pueda resultar repulsiva a la comunidad internacional, trátese del coloniaje, como es el caso de Puerto Rico, o de la violación de la integridad territorial de otros países soberanos, como es el caso de Guantánamo, Cuba. La palabra clave, por supuesto, es “extraterritorial”.

El voto solitario del juez Gelpí va en rumbo de colisión contra una doctrina sancionada por 18 jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ha legitimado por más de un siglo la facultad de ese país para ejercer control colonial total e indefinido sobre nuestro Pueblo. Un control que, en palabras de uno de los jueces estadounidenses que participaron en los Casos Insulares, permite al Congreso mantener a Puerto Rico “como una sombra incorpórea, en un estado intermedio de existencia ambigua por un período indefinido; y aún más, que una vez sea rescatada de ese limbo, su destino quede sujeto a la absoluta voluntad del Congreso, en menosprecio de las disposiciones constitucionales”.

jueves, 27 de noviembre de 2008

"La mordaza"

En nuestro acervo educativo, existen muchos buenos libros sobre la Historia de Puerto Rico. Hay dos, sin embargo, que poseen para mí un valor especial, por tratarse de textos que tuvieron el atrevimiento, por así decirlo, de “abrirle los ojos” a quienes los leen, al punto de uno pensar que el Puerto Rico en el que vivimos no es el que nosotros nos imaginábamos. Uno es “La isla desencantada” (“The Desenchanted Island”) de Ronald Fernández. El otro, es el que le da título a esta columna, de la historiadora Ivonne Acosta Lespier, mismo que acaba se salir este año en su quinta edición.

La obra de Acosta Lespier no es un libro de lectura liviana. Es una obra que formula un relato metódico, y hasta cierto punto doloroso, sobre cómo el “gobierno insular”, crecientemente controlado por el Partido Popular Democrático y en claro contubernio con el gobierno de los Estados Unidos, aprobó legislación que convertía en delito el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de asociación de todo aquél que abogara por la soberanía de Puerto Rico.

Hasta las elecciones de 1944, el partido político que representaba la independencia, electoralmente hablando, lo era el PPD. El Partido Independentista Puertorriqueño, nacido a raíz del decreto por Luis Muñoz Marín de que no se podía ser popular e independentista al mismo tiempo, se organizó con miras a competir en las elecciones de 1948; las primeras en que los puertorriqueños elegiríamos a nuestro propio gobernador.

El PIP de aquel entonces no es el que conocemos hoy en día. Se trataba de una organización política con amplia representación en la Asamblea Legislativa, en control de numerosas alcaldías, y contando con una amplia base electoral. Su mensaje era igualmente claro: liberación nacional mediante métodos pacíficos. Conforme a la tesis de Acosta Lespier, su potencial electoral fue visto con preocupación tanto por los Estados Unidos como por el PPD, por considerársele una seria amenaza al proyectado “pacto entre pueblos” que “con el carácter de un convenio” se fraguaba con miras a eliminar a Puerto Rico del listado de países todavía sometidos al coloniaje: el Estado Libre Asociado.

A esos fines, y durante la madrugada del 21 de mayo de 1948, la Asamblea Legislativa controlada por el PPD aprobó la legislación que de inmediato causó intimidación en todo aquél que albergara sentimientos independentistas. Aparte de que el propio lenguaje de la ley causaba ese efecto, el “gobierno insular” creó las condiciones para que la Policía y otros representantes de “la ley y el orden” comenzaran a recopilar “evidencia” contra los potenciales infractores de esa legislación.

Tradicionalmente, se ha teorizado que las leyes que componían “la mordaza”, bautizada así por el legislador anexionista Leopoldo Figueroa, llevaban por objetivo reprimir al Partido Nacionalista que dirigía Pedro Albizu Campos. El trabajo de Acosta Lespier reta esa noción, exponiendo convincentemente dos propósitos fundamentales detrás de “la mordaza”. El primero, en términos cronológicos, era acorralar al nacionalismo hasta llevarlo, como finalmente ocurrió, a la Insurrección de octubre de 1950 y la Demostración Armada en el Congreso, en 1954. El segundo, amedrentar, en un principio, a los seguidores del PIP y a sus potenciales simpatizantes con la mera existencia de la legislación, para luego, utilizando como excusa la violencia nacionalista, encarcelar además al liderato pipiolo e incluso a sus seguidores. El objetivo de la “la mordaza” era, pues, evidente: erosionar hasta la aniquilación al entonces naciente, poderoso y amenazante Partido Independentista Puertorriqueño que podía dar al traste con la creación del ELA en 1952.

En efecto, más que reprimir al nacionalismo, “la mordaza” habría tenido como designio primario intimidar al electorado soberanista del PPD que migraba masivamente o que amenazaba con hacerlo, hacia el PIP. Su objetivo a corto plazo habría sido crear las condiciones de tirantez social necesarias para provocar que los nacionalistas recurrieran al alzamiento armado, dado el convencimiento entre sus filas de que de todas formas, tarde o temprano, serían encarcelados por el “gobierno insular”. La lección fundamental que, pues, nos lega Acosta Lespier es una que, no por ser estremecedora, deja de ser cierta: bajo la sombra de la democracia estadounidense y durante el apogeo de la Guerra Fría, los administradores locales de uno de sus territorios no incorporados promovieron las condiciones jurídicas y sociales que propiciaron el alzamiento armado del ala revolucionaria del ideal soberanista en ese territorio, con las miras puestas a liquidar a la aún más amenazante pero pacifista ala de ese mismo ideal.

Las cicatrices que nos dejó “la mordaza”, aún hoy en día, son perceptibles. Si bien el auto-reconocimiento de Puerto Rico como una nación ha dado paso a gestos que, en tiempos de “la mordaza”, habrían sido considerados subversivos – tales como exhibir una bandera puertorriqueña – la llaga del miedo al ejercicio de la soberanía plena, todavía supura. Ello explica en última instancia el desastre electoral pipiolo del 4 de noviembre de 2008. Tal realidad histórica, sin embargo, no puede servir de excusa para justificar, elección tras elección desde hace 40 años, el lastimoso y tragicómico papel de un PIP que, en lugar de enfrentar como en antaño la colonia, se contenta con subsistir de ella.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Post mortem

En agosto de este año 2008 ("Puerto Rico, año 2009"), discutimos cómo el ciclo electoral 2004-2008 se asemejaba al de 1980-1984, planteando así un claro triunfo para el anexionista Partido Nuevo Progresista y su candidato a gobernador, Luis Fortuño Burset. Tras los resultados electorales de este pasado martes y habiendo fallecido el proceso electoral de 2008, desacreditadas las encuestas que auguraban un “final cerrado” y despejados los espejismos de las fotos aéreas comparativas de cierres de campaña, procederemos a evaluar algunas de sus connotaciones históricas.
Para comenzar, los resultados confirman la tendencia histórica que coloca al PNP como el movimiento político dominante en Puerto Rico, y el correspondiente agotamiento del Partido Popular Democrático. Un vistazo a los resultados electorales a partir de las elecciones generales de 1972 permite observar que los triunfos del movimiento anexionista son más amplios que los obtenidos por el PPD durante el mismo período. El margen de victoria logrado por el PNP en la candidatura a la gobernación es sólo comparable a los grandes triunfos del PPD de Luis Muñoz Marín, cuarenta años atrás. Lo más parecido en tiempos recientes es el triunfo, precisamente, del PNP en las elecciones de 1996. En esas elecciones, valga apuntar, el PNP bajo Pedro Rosselló González iba para una re-elección, coyuntura en que tradicionalmente el partido oficialista tiende a perder fuerza electoral por razón de desgaste en el ejercicio del poder.
La aplastante derrota infligida al PPD pone de manifiesto que las acusaciones federales contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, aunque fuesen políticamente dañinas, no fueron un factor decisivo. Simple y sencillamente, Acevedo Vilá se encontró al mando del País con un PPD en rápido desgaste tras los cuatro años de la gobernadora Sila Calderón Serra (2001-2004). Añádase a ello la existencia de una crisis económica igual o peor que la confrontada por el gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976), y tienen ustedes una fórmula para el desastre.
Para colmo, la mejor esperanza del PPD, que era enfrentar nuevamente a Rosselló González como candidato oficial del PNP, no se materializó ante la derrota primarista de éste a manos de Fortuño Burset. Si bien considero que esa derrota del ex gobernador fue el clavo final en el ataúd popular, sospecho que Acevedo Vilá habría perdido incluso ante Rosselló González, aunque ciertamente de forma mucho más apretada.
Por otro lado, la barrida novoprogesista se extendió a los distritos senatoriales y representativos. Ello evidencia, al igual que ocurrió en 1984, la enorme insatisfacción del electorado con el llamado “gobierno compartido”. Este tsunami electoral no se extendió a la papeleta municipal, sin embargo, donde el PPD logró vencer en alrededor de 30 alcaldías. Ello tiende a sugerir que el elector ha separado definitivamente la carrera por la gobernación de la municipal, limitando así el control que los partidos pueden ejercer sobre los resultados para las alcaldías, no obstante la demostración de fuerza electoral desplegada por el PNP.
Estas elecciones también dejaron demostrado lo difícil, por no decir casi imposible, que resulta para un candidato sobrevivir fuera de las estructuras partidistas, aunque se trate de un incumbente, como fue el caso de Orlando Parga Figueroa. Por el contrario, permanecer dentro del PNP le ha valido a Jorge de Castro Font la histórica gesta de ser, hasta donde conozco, el primer político que lograr salvar su carrera a pesar de ser acusado por las autoridades federales estadounidenses en plena campaña electoral. Como ya discutimos en una columna previa (“El efecto Medusa”), De Castro Font se encontraba luchando por su vida política, donde otros antes que él vieron petrificarse sus carreras electorales. Podemos suponer que De Castro Font fue salvado por la ola anti-gobierno compartido que desató el electorado. No obstante, y asumiendo que el nuevo Senado novoprogesista no lo expulse del cuerpo, la supervivencia política de De Castro Font al “efecto Medusa” no le permitirá en el futuro inmediato ser algo más que un mero soldado de fila dentro de la infantería anexionista.
Finalmente, cabe comentar el trágico desenlace sufrido por el Partido Independentista Puertorriqueño. Trágico, pero ciertamente no sorpresivo.
Las décadas más recientes de la política puertorriqueña han sido testigos de un partido pro independencia que plantea ser una institución de avanzada y progresista en el ámbito económico, político y social. No obstante su liderato, en comparación con el de los dos partidos principales, ha probado con el correr de los años ser el más estático y hostil en términos de su renovación y apertura, hacia aquellos que no sean hombres blancos con altas credenciales académicas, y en el cual el ascenso de grupos tales como el de las mujeres parece mas bien un desarrollo tardío y forzado por dinámicas similares acontecidas previamente en el PNP y el PPD, e incluso en el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico.
A corto plazo, el fracaso electoral pipiolo parece residir en su prédica de partido del Siglo 21, en contraste con su comportamiento de partido del Siglo 19. Colocar ese fracaso en los hombros del electorado es cerrar los ojos a la realidad de que los partidos políticos existen, precisamente, para competir por el voto. Las razones que, a largo plazo, explican la pasión y muerte del principal instrumento de lucha en pro de la soberanía nacional puertorriqueña, serán objeto de la siguiente columna.

domingo, 26 de octubre de 2008

El charco de sangre

Es la historia de la que casi nadie habla, a pesar de que está ahí; aún fresca. Los independentistas de todas las tendencias no la conmemoran con el mismo despliegue que el Grito de Lares, a pesar de haber sido una gesta tan o más libertadora que la vivida en tiempos de España. Su aniversario se acerca, pero no será conmemorado, como sí se hace con el 14 de julio en Francia, con el 16 de septiembre en México, o con el 4 de julio en los Estados Unidos. Es lo más cercano que hemos estado a una guerra civil. Su aniversario número 58 se acerca, siendo uno de los sucesos más importantes en la historia de Puerto Rico. Es la Insurrección Nacionalista de 30 de octubre de 1950.

Es imposible cubrir en una columna todos los aspectos sobresalientes de la Insurrección Nacionalista. Para ello, es necesario referirse a las importantes contribuciones de las historiadoras Marisa Rosado y Miñi Seijo Bruno, de cuyos libros sobre el tema expondré algunos detalles.

No puede comprenderse la Insurrección Nacionalista sin a su vez entender los sucesos dramáticos que se registraban en el Puerto Rico de las décadas de 1930 y 1940, gobernado por los Estados Unidos. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, bajo la carismática dirección de Pedro Albizu Campos, representaba una seria amenaza al régimen de miseria que imperaba en el País. El auge del nacionalismo boricua se nutrió en aquellos años de la espantosa pobreza y analfabetismo que se ensañaban contra la masa poblacional. La colaboración del oficialista Partido Popular Democrático bajo Luis Muñoz Marín con el gobierno de los Estados Unidos para la creación del Estado Libre Asociado, gatilló los actos de violencia que alcanzaron su plenitud ese 30 de octubre de 1950.

En efecto, y durante unos días dramáticos, combates entre nacionalistas, por un lado, y la Policía y la llamada “Guardia Nacional”, por el otro, tuvieron lugar en Ponce, San Juan, Arecibo, Aibonito, Utuado, Naranjito, Peñuelas y Mayagüez, entre otros pueblos. Fue en Jayuya, sin embargo, donde se daría el epicentro de la lucha. Allí, la nacionalista Blanca Canales Torresola hizó la bandera monoestrallada para proclamar la Segunda República de Puerto Rico. En un acto sin precedentes, la Guardia Nacional, compuesta por puertorriqueños, bombardeó con sus aviones a Jayuya. Testimonios de supervivientes indican que la Policía y la Guardia Nacional tenían órdenes de masacrar a los insurrectos. Un comando nacionalista asaltó La Fortaleza, muriendo allí casi todos sus integrantes, al enfrentarse a tiros con la Policía. La cruenta represión de la Insurrección Nacionalista por el “gobierno insular”, trajo como resultado la muerte de decenas de puertorriqueños, alrededor de cincuenta heridos, y el procesamiento e ingreso a presidio de más de mil, estos últimos por el sólo hecho de ser sospechosos de simpatizar con la independencia para el País.

Siguiendo la norma de que la Historia la escriben los vencedores, el presidente estadounidense Harry S. Truman se refirió al suceso como una mera “pelea entre puertorriqueños”. El gobierno colonial presidido por el PPD, consciente del poder de nombrar las cosas, bautizó oficialmente lo ocurrido como una “revuelta”, degradante y despreciable mote que, aún hoy en día, de vez en cuando se nos escapa de los labios. Quizás, el hallazgo más significativo de los trabajos de Rosado y Seijo Bruno reside en que fue el gobierno del PPD quien hizo detonar la Insurrección el 30 de octubre, mediante arrestos e intervenciones ejecutados por la Policía días antes, contra nacionalistas de Santurce y Ponce.

La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, junto con las masacres de Río Piedras y Ponce de 1935 y 1937 por un lado, y los asesinatos en el Cerro Maravilla de 1979 y de Filiberto Ojeda Ríos en el 2005 por el otro, forman ese gran charco de sangre que marca el período de confrontación armada entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y entre nosotros mismos, en el Siglo 20. Está ahí, en nuestro suelo colectivo. Sabemos que está ahí, pero preferimos evadirlo e ignorarlo cuando lo encontramos en nuestro camino. Hemos optado por conmemorar como Pueblo la gesta de Lares de 1868, como si el charco de sangre no estuviera ahí, clamando por nuestra atención colectiva.

El fin de la Guerra Fría y la derrota de la Marina de Guerra estadounidense en Vieques han dado paso a métodos de lucha que, afortunadamente, hacen innecesaria la violencia física como vehículo de liberación. Miedos colectivos nacidos al calor de la cruenta represión del nacionalismo boricua, tales como el meramente izar la bandera puertorriqueña, han cedido ante el paso del tiempo. Pero el reconocimiento y conmemoración de aquellos que no hicieron sino emular las acciones de un George Washington o un Simón Bolívar, todavía espera.

En estos tiempos presentes, es llegada la hora de que todo el Pueblo puertorriqueño, y no sólo un tímido independentismo, reconozcamos y valoremos a aquellos que sacrificaron su vida, hacienda y libertad por hacer lo que otras naciones, los Estados Unidos inclusive, honran con los suyos. No debemos esperar a que, como ocurrió con el Grito de Lares de 1868, cese el régimen colonial de turno para entonces, y sólo entonces, brindar el debido homenaje. La memoria de los caídos, los sobrevivientes, y nuestra propia conciencia colectiva, así lo requieren.

El “efecto Medusa”

Los eventos que vive el País en estos días (2008) son de tal magnitud e importancia, que compelen a abordarlos de inmediato y sin necesidad de esperar por “el juicio de la historia”. El reciente arresto del poderoso senador Jorge de Castro Font se convierte en un indicio adicional del asombroso parecido entre la política puertorriqueña... y la mitología griega. Vamos a explorar el “efecto Medusa”.

En términos muy simples, la mitología griega narraba y explicaba el gobierno y el control de los dioses y otras criaturas fantásticas sobre los seres humanos. Esta no es la primera vez, por supuesto, que utilizo la mitología griega para discutir los fenómenos políticos que experimenta nuestro País. En “Entre las fauces de Cronos”, planteé que las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá era evidencia de que, igual que el mitológico dios Cronos, los Estados Unidos estaban devorando a sus propios hijos: el Partido Popular Democrático y el mito de “pacto entre pueblos” que por años ha legitimado al Estado Libre Asociado.

Medusa, como tal vez el lector recuerde, era una de esas criaturas mitológicas. Con su cabeza llena de serpientes en lugar de cabello, tenía el poder de convertir en piedra a todo aquél que la mirase a los ojos. Se trataba de una muerte instantánea.

El efecto Medusa es parte de la política puertorriqueña, en su relación con las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, muy en particular con el Negociado Federal de Investigaciones (mejor conocido como el FBI) y la Fiscalía federal estadounidense en Puerto Rico. José Granados Navedo, Freddy Valentín Acevedo, Edison Misla Aldarondo, Nicolás Nogueras Cartagena, Aníbal Marrero Pérez, Juan Manuel (“Mane”) Cruzado Laureano, son sólo algunos de los que han mirado a Medusa y visto petrificarse sus carreras políticas, permanentemente. El lector observador se percatará que casi todos los nombrados ocuparon puestos de gran poder y prominencia, especialmente en la Asamblea Legislativa, y que casi todos fueron destacados líderes dentro del anexionismo boricua. Se percatará además de que por ese trance discurren en estos instantes Acevedo Vilá y De Castro Font, “casualmente” en un año eleccionario.

Un vistazo a los procesos instados por la Fiscalía federal y el FBI contra Acevedo Vilá y De Castro Font durante este año 2008, pone en evidencia cómo se desarrolla el efecto Medusa. Siempre se inicia con cada vez más intensos “rumores” filtrados a los medios informativos, de que tal o cual figura política está siendo “investigada por las autoridades federales”. En ocasiones, ello ha sido suficiente para petrificar la carrera de un político incumbente (Marrero Pérez, quien renunció al Senado y a la vicepresidencia de ese cuerpo, a raíz de rumores de que era sujeto de investigación), o de contribuir a la derrota de un aspirante a la gobernación (Carlos Ignacio Pesquera Morales). A los meros rumores, allanamientos o acusaciones formales por “las autoridades federales”, le siguen las rutinarias “exhortaciones” de otros políticos o figuras públicas a que las llamadas “tarjetas” de la investigación renuncien a sus carreras y se dediquen a defenderse. A su vez, las “tarjetas” luchan por salvar sus carreras políticas del efecto Medusa, proclamando su presunción de inocencia.

La clave en este drama que se repite una y otra vez, es que tanto el PPD como el Partido Nuevo Progresista se han valido de los procesos federales contra sus adversarios para avanzar sus intereses, para luego pasar a reclamar persecución política en su contra cuando son ellos los investigados o acusados. La verdad subyacente, la que no se habla, es que la clase política puertorriqueña, siguiendo el ejemplo estadounidense, históricamente se coloca en posiciones vulnerables al depender, por un lado, de grandes sumas de capital privado para financiar sus campañas políticas y, por el otro, al aprovechar en ocasiones las posiciones de poder para servirse a sí mismos.

El efecto Medusa sobre Acevedo Vilá responde no sólo a la figura del gobernador solamente, sino al PPD como institución política. Como han señalado varios analistas de la escena pública, al acusar al gobernador por cargos relacionados a la recaudación de fondos para campañas electorales, el gobierno de los Estados Unidos en efecto está, como se dice en el campo, “tirando a la yugular” del partido oficialista, al mandar un mensaje de advertencia a los contribuyentes actuales y potenciales del PPD. No es, pues, de sorprender los rumores de problemas monetarios en la campaña del PPD a pesar de que siendo el partido de gobierno, es el que usualmente tiene la ventaja en la captación de donativos de campaña. Ello tiene el efecto de privar al PPD de los recursos que necesita para hacer una campaña electoral efectiva. De Castro Font enfrenta la misma disyuntiva, mientras lucha por salvar su carrera política.

Conforme a la mitología griega, Medusa finalmente sucumbió ante la espada del héroe griego Perseo, quien logró decapitarla valiéndose de un espejo. En este punto en particular, difícilmente la política puertorriqueña coincida. La hegemonía del gobierno estadounidense ante la situación colonial que vive Puerto Rico es de tal magnitud, que es de esperarse que nuestros políticos prefieran apostar a su buena suerte, evitando en lo posible a Medusa para no ser convertidos en piedra.

“...in the nature of a compact...”

Conforme a la visión tradicional, la asociación del “estado libre” puertorriqueño a los Estados Unidos estaba definida por tres “pilares”, a saber: “defensa, ciudadanía y mercado común”. En tiempos recientes, sin embargo, la solidez de esos “pilares” ya no es tan cierta ni aceptada. En realidad, son otros tres los verdaderos pilares de la relación de nuestro País con los Estados Unidos, de los cuales dos ya fueron discutidos en columnas anteriores. Hoy veremos el tercero.

El primer pilar lo hincaron en terreno firme los representantes del Presidente de los Estados Unidos en 1899, con la incorporación de una oración en el artículo noveno del aún vigente Tratado de París con España. Según la misma, “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.

El segundo lo construyó el sistema judicial estadounidense por vía de los llamados “Casos Insulares” entre 1901 y 1922, al inventar el concepto de “territorio no incorporado”, diseñado específicamente para “definir” a Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Conforme a este segundo pilar, el territorio de nuestro País la pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de esa nación. Por motivo de la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense en cuanto a los llamados “enemigos combatientes” presos en Guantánamo, sabemos que ese pilar también está sólido.

El tercero, eregido en 1950, es el objeto de esta columna, a la cual presta su título. De los tres verdaderos pilares, es quizás el menos conocido, y ciertamente el más perverso.

A raíz del triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, dos fenómenos estrechamente entrelazados comenzaron a tomar forma a finales de la década de 1940. Por un lado, la llamada “Guerra Fría” que enfrentó a los Estados Unidos con la hoy extinta Unión Soviética. Por el otro, el proceso de descolonización mediante el cual las potencias coloniales, al menos en apariencia, comenzaron a desmantelar sus controles sobre los pueblos que tenían sometidos bajo su dominio. Ambas fuerzas influyeron sobre la creación de lo que hoy conocemos como el Estado Libre Asociado. La primera, al acentuar el valor estratégico-militar del País. La otra, al crear la necesidad de “descolonizarnos”, debido a la embarazosa situación para los Estados Unidos de tener que rendir informes periódicos a la ONU sobre la situación colonial de Puerto Rico.

Este proceso histórico matizado por el acontecer mundial, culminó con la proclamación del ELA el 25 de julio de 1952. Esa fecha, que es objeto de anual conmemoración por más de una razón, no es quizás la más significativa en términos de nuestra presente condición de sumisión a los Estados Unidos. Esa distinción le cabría más bien al 3 de julio de 1950.

Ese día, el Presidente Harry S. Truman firmó la Ley 600, autorizando al Pueblo de Puerto Rico, “con el carácter de un convenio” (“in the nature of a compact”), a redactar su propia Constitución. La Ley 600, en contraste con su importancia histórica, es una pieza legislativa muy sencilla que consta apenas de 6 artículos de corta extensión. Conforme a la tradicional teoría estadolibrista, el llamado “pacto entre pueblos” que ha justificado la existencia del ELA, tuvo su génesis en esa pieza legislativa. Su lenguaje, y el historial legislativo que condujo a su aprobación por el Congreso, deja sin embargo pocas dudas en torno a quién retenía el poder.

En términos simples, la Ley 600 dispuso que Puerto Rico podría convocar una asamblea para redactar una constitución que debería tener una forma republicana de gobierno y una carta de derechos. Estableció además que esa constitución no podría ser contraria a la propia Ley 600 y a la Constitución de los Estados Unidos, y que la Ley Jones de 1917 permanecería vigente en sus partes más importantes, transformada en lo que hoy en día conocemos como la Ley de Relaciones Federales. Por ende, la Ley 600 le impuso condiciones a lo que los puertorriqueños podíamos hacer, al punto de que el Congreso eliminó de nuestra Constitución la sección 20 de nuestra Carta de Derechos.

En sus testimonios ante el Congreso a favor de la aprobación de la Ley 600, el liderato del PPD se encargó de disipar cualquier duda en cuanto a que dicho cuerpo legislativo retenía absoluta autoridad para modificar la relación entre ambos países “si los puertorriqueños se volviesen locos”, como afirmó ante el Congreso el propio Luis Muñoz Marín. Gracias a la colaboración del liderato del PPD, los Estados Unidos solicitaron exitosamente de la ONU el retiro de Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, por haber entrado en una relación “con el carácter de un convenio”.

Una cosa es un convenio; otra muy distinta es algo “con el carácter de un convenio”. Lo primero es un pacto real; lo segundo es algo que parece ser un pacto, porque lo imita, pero no lo es. Es la diferencia entre la sustancia y la forma; entre la realidad y la mera apariencia; entre la honestidad y la hipocresía. Contrario a los dos anteriores, se trata de un “pilar” en el cual colaboraron los Estados Unidos y el PPD, con plena conciencia de lo que hacían. En ello estriba su perversidad.

Es por eso mismo que resulta difícil aceptar que, a estas alturas de la Historia, el PPD reclame ante la ONU haber sido inducido a creer por los Estados Unidos que la relación entre ambos países sí cambió en 1952. Por más vehemencia con que se exprese, eso no pasa de ser una afirmación con el carácter de una verdad.

domingo, 14 de septiembre de 2008

Puerto Rico, año 2009 (II)

En mi columna anterior, utilicé referentes históricos recientes para pronosticar un claro triunfo de Luis Fortuño Burset y el anexionista Partido Nuevo Progresista en las elecciones generales de este año. En esta ocasión, les propondré parte del panorama que podemos vislumbrar a raíz del nuevo ascenso al poder del anexionismo boricua.

Pronóstico: Luis Fortuño Burset se convertirá en el gobernador puertorriqueño electo más poderoso, en términos gubernamentales, de los pasados cuarenta años.

Referente histórico: Luis Muñoz Marín (1952-1964). Con la creación del Estado Libre Asociado y como su primer Gobernador electo por el Pueblo, Muñoz Marín se encontró a sí mismo en una posición privilegiada como mandatario. Como ya vimos en una columna anterior (Ideología Suprema I), Muñoz Marín pudo contar desde sus inicios en La Fortaleza con un Tribunal Supremo compuesto mayoritariamente por magistrados afines a su ideología. Tuvo además la oportunidad de nombrar otros funcionarios de gobierno con términos de duración que iban más allá de cuatro años, como es el caso del Contralor.

Fortuño Burset se encontrará, a su llegada a La Fortaleza, en una posición similar. Por primera vez desde los tiempos de Muñoz Marín, un gobernador del ELA tendrá la oportunidad de nombrar una gran cantidad de funcionarios de la más alta jerarquía, que podrían permanecer en sus puestos hasta décadas después de que Fortuño Burset deje la gobernación. Tal es el caso, como vimos en otra columna (Ideología Suprema III) del Tribunal Supremo, donde el anexionismo se prepara para recuperar una mayoría de votos con la que no contaba desde hacía más de medio siglo. Esta “marea azul”, por así decirlo, que se avecina no se limita a nuestro más alto tribunal. El control anexionista de los pasados cuatro años bloqueó además la habilidad del oficialista Partido Popular Democrático para llenar las vacantes que han surgido en los tribunales de Apelaciones y de Primera Instancia. En efecto, el PNP se apresta a controlar la Rama Judicial puertorriqueña como en su momento el PPD de Muñoz Marín pudo hacerlo, décadas atrás.

Pero las posibilidades de Fortuño Burset van todavía más allá. Con su ascenso en enero de 2009, el PNP estará en posición de nombrar al próximo Contralor, a la próxima Procuradora de las Mujeres y al próximo Director de la Oficina de Ética Gubernamental, entre otros; todos ellos, al igual que los miembros de la judicatura, con nombramientos cuyos términos son de una década o más de duración.

Pronóstico: Luis Fortuño Burset se iniciará como un gobernador débil, en términos políticos.

Referente histórico: Pedro Rosselló González entre 1992 y 1993. Desde antes de asumir la gobernación y durante los inicios de su primer término como Gobernador, Rosselló González fue un líder relativamente débil ante la maquinaria de su partido. Dos experiencias sirven para ilustrar el punto; una anterior y la otra posterior a su ascensión a la gobernación. La primera lo fue la claudicación de su apoyo a Zaida Hernández Torres para la candidatura a Comisionado Residente en Washington, ante la embestida de Carlos Romero Barceló. La segunda experiencia lo fue la amarga derrota para Rosselló González en el Senado, controlado por su propio partido, de la nominación de Enid Martínez Moya como Secretaria de Justicia.

Fortuño Burset no se encuentra en una posición más cómoda que en la que estuvo Rosselló González en su camino a la gobernación. Su control del PNP está en tensión con otras fuerzas pujantes dentro del partido, incluyendo las lideradas por los propios Romero Barceló y Rosselló González. La situación que ahora enfrenta con el Representante Jorge de Castro Font, dramatiza el largo camino que Fortuño Burset deberá recorrer para solidificar su control de la maquinaria novoprogresista. Control que nunca será, como no lo ha sido con respecto a ninguno de sus antecesores en la gobernación, comparable al que en su día ejerció Muñoz Marín.

Pronóstico: el ex Gobernador Aníbal Acevedo Vilá enfrentará un futuro incierto, ante la ofensiva desatada en su contra por el gobierno hegemónico de los Estados Unidos en Puerto Rico, según ya vimos en una columna anterior (Entre las fauces de Cronos).

Referentes históricos: Edison Misla Aldarondo; Freddy Valentín Acevedo; Nicolás Nogueras Cartagena. Estos referentes marcan los tres potenciales caminos que puede seguir la vida de Acevedo Vilá tras abandonar la gobernación.

Lo sucedido a Misla Aldarondo es, por supuesto, el panorama más desalentador. El otrora poderoso “Speaker” de la Cámara de Representantes se vio obligado a renunciar, tras semanas de continuos rumores de que era sujeto de una investigación por las autoridades estadounidenses que culminó en su arresto. Cumplió una condena por ello. Valentín Acevedo, por su parte, representa la opción intermedia de aquél que se convierte en colaborador a cambio de un trato leniente por parte del verdadero Poder sobre nuestro País. A pesar de haber sido acusado por cargos similares a los de Misla Aldarondo, Valentín Acevedo no ha pagado al mismo nivel con su libertad.

Tras semanas de una similar ola de rumores, las autoridades estadounidenses montaron el espectáculo de arrestar públicamente y en su residencia al Vicepresidente senatorial Nogueras Cartagena, el día anterior al de su juicio político en el Senado que le costaría la expulsión. Contrario a los referentes anteriores, todos los cargos criminales en contra de Nogueras Cartagena, de similar gravedad a los que hoy enfrenta Acevedo Vilá, se cayeron.

El proceso eleccionario que se avecina tendrá profundas y duraderas implicaciones para nuestro País, sin importar qué tan certeras resulten las proyecciones que ofrezco hoy. Mas como señalé en la columna anterior, la naturaleza humana no cambia; sólo cambian sus protagonistas.

Puerto Rico, año 2009 (I)

Dada la temática de esta columna – nuestra Historia – la misma suele enfocarse en el pasado o en eventos contemporáneos. En esta ocasión, sin embargo, voy a tomarme un riesgo calculado. Voy a especular, no a predecir, sobre el futuro.
Una aclaración previa es de rigor. Para este ejercicio, no he consultado mentalistas, síquicos ni astrólogos. Tampoco he tenido acceso a una herramienta mucho más valiosa, como lo son las encuestas de opinión pública que todos los partidos políticos y muchos candidatos consultan religiosamente, perdonando la expresión, como brújulas para calibrar sus palabras y acciones en la eterna búsqueda de generar simpatía entre el electorado.
A principios del Siglo 16, el diplomático italiano Nicolás Maquiavelo redactó lo que se considera su obra maestra: “El príncipe”. Una de las lecciones más importantes de “El príncipe”, que es un tratado en torno a la obtención y mantenimiento del poder político, es que la naturaleza humana nunca cambia, sin importar la época y las circunstancias. Dicho de otra manera, y no obstante los progresos que muchos países, el nuestro inclusive, han registrado en términos de derechos y democracia, la esencia misma del ser humano, su forma de pensar y de sentir, permanece inalterada.
Por ende, y si bien es cierto que la Historia no se repite, podemos especular con cierto grado de seguridad cual será el Puerto Rico que nos encontraremos el próximo año, a base de situaciones o dinámicas que, en las circunstancias apropiadas, tienden a reproducirse. Desde que a mediados del Siglo 20 Puerto Rico comenzó a elegir su propio Gobernador, hemos experimentado como Pueblo suficientes ciclos electorales como para encontrarnos en este momento con situaciones similares vividas anteriormente, y que nos brindan lecciones en torno a nuestro comportamiento electoral. Con ello en mente, les propondré algunos cuadros del Puerto Rico venidero, seguido por los precedentes históricos que nos permiten, en efecto, regresar al futuro.
Enero de 2009: Luis Fortuño Burset presta juramento como el cuarto Gobernador anexionista en la Historia del País. Su triunfo electoral fue arrollador sobre el incumbente Aníbal Acevedo Vilá, del hasta entonces oficialista Partido Popular Democrático. Contrario a ciertas expectativas, el movimiento “write-in” que impulsaba la candidatura del ex Gobernador Pedro Rosselló González careció de impacto electoral. El Partido Nuevo Progresista controló la Cámara de Representantes y el Senado, además de la mayoría de los municipios, incluyendo San Juan, Bayamón y Ponce.
Referente histórico: Puerto Rico, año 1984. El PPD de Acevedo Vilá en el 2008, es el PNP de Carlos Romero Barceló en 1984. Las semejanzas son tan significativas que no pueden menospreciarse. Debido al tranque electoral de las Elecciones Generales de 1980, muy similar al de 2004, el entonces oficialista PNP perdió el control de los cuerpos legislativos, como igualmente le ocurrió en las últimas elecciones al PPD. Camino al evento electoral de noviembre de 1984, Romero Barceló encabezó un partido debilitado tras ocho años de control por su partido del Poder Ejecutivo. Otro tanto le ocurre ahora a Acevedo Vilá. Como ya vimos en una columna previa (“Aníbal Romero Vilá”), tanto Romero Barceló como Acevedo Vilá se vieron obligados a reprimir movimientos internos de sus propios partidos que iban dirigidos a buscarles sustitutos por su evidente vulnerabilidad electoral. Ambos arrastraban reputaciones políticas laceradas (uno, los sucesos del Cerro Maravilla; el otro, las acusaciones del gobierno estadounidense). Conscientes de su precariedad electoral, ambos buscaron aumentar su apoyo entre el electorado no afiliado a sus partidos. En el caso de Romero Barceló, con su lema “dale tu fuerza a la palma”; en el de Acevedo Vilá, con su mantra del “ELA soberanista”.
Sin pretender menospreciar el atractivo electoral que todavía pueda tener Rosselló González, sus posibilidades de hacer una diferencia electoral no son mejores que las del otro doctor que buscó un fin similar: Hernán Padilla Ramírez. Tras revalidar cómodamente como Alcalde de San Juan, Padilla Ramírez era sin duda una de las figuras políticas más atractivas en Puerto Rico. El bloqueo de su potencial candidatura a la gobernación por Romero Barceló, lo llevó a fundar el Partido de Renovación Puertorriqueña. Para las elecciones de 1984, las posibilidades electorales de Padilla Ramírez eran muy superiores a las que hoy tiene Rosselló González. Contrario a este último, el entonces Alcalde de San Juan estaba en el apogeo de su popularidad electoral. Además, en 1984 enfrentaba a Romero Barceló y a Rafael Hernández Colón; ambos ya figuras erosionadas por sus previos pulseos por la gobernación, como hoy se encuentra Rosselló González. A pesar de esas evidentes ventajas, Padilla Ramírez obtuvo apenas un 4 por ciento del voto para la gobernación.
En 1984, por ende, nació la era en que todavía vivimos de dos partidos dominantes que se alternan en el poder cada 8 años. Hernández Colón (en 1988) y Rosselló González (en 2000) lo aceptaron en su momento y se retiraron voluntariamente. Romero Barceló, al igual que ahora hace Acevedo Vilá, apostó a sí mismo por cuatro años más, y perdió.
En el 2008 se cumplen los 8 años de dominio del PPD. Su debilidad electoral se delata en los empeños de los candidatos populares a la gobernación y a la alcaldía de San Juan, por debatir con sus adversarios novoprogresistas. El interés por debatir es un barómetro que claramente sugiere quién está al frente en las encuestas internas de los partidos políticos, y quién está atrás, probablemente por mucho. Se trata de un indicio adicional de que, con toda probabilidad, 2008 será 1984, y no precisamente el de George Orwell.

"La eminencia prieta"

La situación se repite continuamente en las ferias de artesanías de nuestro País. Me dirijo al área de los afiches y grabados. Allí, encuentro imágenes evocatorias de algunos de nuestros próceres de los siglos XIX y XX. Betances, Hostos, Albizu Campos, Muñoz Rivera, Muñoz Marín y otros, tienen su nicho en el Panteón artesanal, ya sea en grabados, camisetas o esculturas, por su magnetismo ante el público y su reconocimiento como figuras de importancia en nuestra Historia Nacional.
"¿Tendrá usted un Baldorioty?", pregunto, conociendo casi de antemano la respuesta. "No", es la contestación que invariablemente recibo del rostro desconcertado del artesano, con una expresión que lo mismo puede ser de desilusión como de incredulidad. Aparte de la carretera expreso que comunica a Carolina con San Juan, alguna que otra escuela y el cementerio histórico de Ponce, Román Baldorioty de Castro no ha sido sujeto de la atención y el reconocimiento que, merecidamente, reciben otros destacados protagonistas de la puertorriqueñidad. Ni su imagen ni sus logros poseen un lugar prominente dentro de la memoria colectiva nacional. Se le recuerda, sí, pero de lejos, y en ocasiones para criticar sus posturas autonomistas. A su memoria y sus servicios al País, va esta columna.
El descuido en que tenemos la figura de Baldorioty se inicia con las propias circunstancias de su nacimiento. Conforme al historiador José A. Gautier Dapena, Baldorioty nació en Cayey en marzo de 1823, y no en Guaynabo un 28 de febrero de 1822, como invariablemente se repite en diversos textos. Nació en una familia humilde y llevó el apellido de su madre; indicio evidente de que no contó con su padre. A pesar de los grandes obstáculos que enfrentó desde su temprana niñez, el joven Baldorioty logró superarse y estudiar. Con el apoyo de su madre María Baldorioty y bajo la égida del Maestro Rafael Cordero y el Padre Rufo Manuel Fernández, Baldorioty pudo realizar sus estudios primarios en San Juan. Su intelecto y su dedidación le sirvieron para completar sus estudios en Madrid, donde obtuvo una Licenciatura en Ciencias y un Bachillerato en Filosofía. Estudios que logra completar, en parte, gracias al apoyo monetario de la Sociedad de Amigos del País.
Ya desde esa época (1851), Baldorioty comenzó a serle útil a nuestro País, dirigiendo un grupo de estudiantes puertorriqueños en Madrid para recolectar y diseminar documentos históricos sobre Puerto Rico. Completados sus estudios, Baldorioty recibió una oferta para ejercer una cátedra universitaria en Madrid, misma que rechazó para regresar a su patria.
De vuelta en Puerto Rico en 1853, Baldorioty se entregó al servicio público y a la enseñanza. Por sus ideas progresistas y de avanzada, a partir de 1864 comenzó a ser sujeto de persecución por las autoridades coloniales. Mediante escritos públicos y memoriales, criticó el régimen de la libreta de jornaleros que mantenía al campesinado puertorriqueño bajo un régimen de semi-esclavitud. Elegido en 1870 Diputado a las Cortes en Madrid, sus gestiones en dicho parlamento contribuyeron al Decreto de Abolición total de la esclavitud en 1873. En el entretanto, rechazó ofertas remunerativas a cambio de que cesara en su activismo, sufrió penurias monetarias, y tuvo que exiliarse por algún tiempo a Santo Domingo, donde fundó el Colegio Antillano.
De regreso de su exilio, Baldorioty dio impulso a la llamada “autonomía radical” que, inspirada en la relación autonómica entonces existente entre Gran Bretaña y Canadá, significaría para Puerto Rico un grado de auto-gobierno como nunca ha conocido, hasta el día de hoy. Su proyecto para nuestro País contemplaba las más amplias libertades de palabra, culto, asociación, sufragio universal y otras. Bajo su inspiración nació en 1887 el Partido Autonomista Puertorriqueño. Fue en ese mismo llamado “año terrible de 1887” que Baldorioty, junto a otros líderes autonomistas, sufrió torturas y encarcelamiento. Los efectos de ese atropello y las luchas de poder dentro del propio movimiento autonomista minaron su salud, falleciendo un 30 de septiembre de 1889 en su ciudad adoptiva de Ponce.
Conforme al conocido historiador Luis Díaz Soler, Román Baldorioty de Castro fue el puertorriqueño más útil que tuvo nuestro País en el Siglo 19. El relativo olvido en que yace su figura puede deberse a que no se le asocia con los movimientos independentistas de la época. De hecho, el título de esta columna es el apodo que Ramón Emeterio Betances usó para referirse a Baldorioty, en una mezcla de admiración por su intelecto, por un lado, pero también de crítica por su falta de compromiso con el separatismo, y su aparente negativa a aceptar la realidad de que llevaba sangre africana en sus venas. En efecto, Baldorioty era mulato, como antes que él lo fuera el corsario Miguel Enríquez; como lo fue el propio Betances en su época; y como lo sería Pedro Albizu Campos.
El contemplar a Baldorioty en toda su humanidad – con sus defectos y virtudes – no desmerece su figura. Por el contrario, la realza. Conoció el exilio y la cárcel, tras una vida de luchas por forjarse y mantenerse a sí mismo y a su familia, mientras ayudaba a rescatar la Historia patria; educaba a la juventud antillana; defendía a los jornaleros; impulsaba exitosamente la abolición de la esclavitud; e inspiraba la fundación del partido político más importante del Siglo 19. No fue en balde que el apóstol cubano José Martí afirmara “que nunca la libertad fue tan lejos en Puerto Rico que Baldorioty no fuera más lejos que ella”.

Romero Barceló y el Cerro Maravilla

Treinta años después de su ocurrencia, los asesinatos de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví en el Cerro Maravilla, todavía son objeto del intenso recuerdo del Pueblo puertorriqueño. La asociación histórica de ese evento al ex Gobernador Carlos Romero Barceló (1977-1984), resulta igualmente inevitable. Para bien o para mal, la vinculación de Romero Barceló a ese suceso ha estado matizada por la lucha político-partidista que ha procurado, por un lado, desvincular al ex Gobernador de los hechos y, por el otro, hacerlo directamente responsable por los mismos.
No cabe duda de que, dentro del independentismo puertorriqueño, Romero Barceló resulta ser una figura particularmente adversativa. Durante los 8 años de lo que vino a conocerse como “el Romerato”, el entonces Gobernador desarrolló una política de confrontación contra sus adversarios ideológicos como nunca antes se había visto en el País. El nivel de su retórica y sus acciones desde la Fortaleza fueron de tal amplitud, que no resultaba difícil imaginarle impartiendo una orden de escarmiento contra el independentismo. Ello no obstante, el examen desde una perspectiva histórica de una figura tan compleja como Romero Barceló requiere que nos apartemos del enfoque político-partidista que, por su propia naturaleza, tiende a la simplificación de sus protagonistas. Con 30 años de por medio y el beneficio de la experiencia vivida como Pueblo, en este corto espacio, exploraremos el tema dentro de su contexto histórico.
Como en todo análisis histórico, el marco en que actúan los protagonistas y las circunstancias que les rodean, resulta vital. Al asumir la gobernación de Puerto Rico, Romero Barceló se diferenció de inmediato en el trato a sus adversarios políticos, al compararlo con sus antecesores en la gobernación. A sus características como político y gobernante, debe añadírsele las circunstancias en que le tocó desenvolverse como tal. El Puerto Rico que le tocó gobernar no es el que hoy conocemos, sino aquel en que nuestro País era un escenario de confrontación entre los Estados Unidos, por un lado, y la hoy extinta Unión Soviética y Cuba, por el otro: la llamada Guerra Fría.
La Guerra Fría es, sin duda, uno de los eventos más influyentes en la historia de Puerto Rico, con una duración de 5 décadas. En nuestro caso, supuso la existencia de lo que se ha llamado un “conflicto de baja intensidad”, durante el cual los organismos de inteligencia de los Estados Unidos (la CIA, el FBI, la Inteligencia Naval, etc.), en alianza con elementos derechistas del exilio cubano se enfrentaron, en ocasiones de manera violenta, a fuerzas independentistas boricuas auxiliadas por la Cuba de Fidel Castro Rus. Una buena fuente para explorar esta conflictiva época lo es el libro (y testimonio personal) “La séptima guerra”, de Juan Manuel García Passalacqua. Conforme al relato de García Passalacqua, el Puerto Rico de las décadas de 1970 y 1980 fue escenario de conspiraciones, sabotajes, actos de espionaje y asesinatos políticos, todo ello como resultado de la lucha que los adversarios de la Guerra Fría libraron en nuestro suelo y a espaldas del Pueblo puertorriqueño. Los asesinatos del Cerro Maravilla forman parte de esa guerra no declarada, al igual que las muertes de Santiago Mari Pesquera y Carlos Muñiz Varela, entre otros.
El Gobernador Romero Barceló que enfrentó a la Marina de Guerra estadounidense por sus abusos en Vieques y Culebra, fue el mismo que se alió incondicionalmente a las políticas belicosas de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Al abrazar incondicionalmente la retórica inflamatoria de los juegos de guerra que las dos superpotencias libraban en suelos ajenos, la administración del segundo gobernante anexionista elegido por el Pueblo de Puerto Rico creó las condiciones para que tragedias como la del 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla tuviesen lugar. Se trató de juegos de “indios y vaqueros”, como con mortal y certera eficiencia lo describiera -si mal no recuerdo- el oficial policíaco que custodiaba al empleado de la estación Rikavisión, Miguel Marte Ruiz, mientras se escuchaba la segunda ráfaga de disparos que en el corazón de Puerto Rico apagaba las vidas de los dos jóvenes independentistas.
¿Es, pues, Romero Barceló personalmente responsable por lo ocurrido en el Cerro Maravilla? Estimo que no. Pero en términos históricos y administrativos, ciertamente lo es. Al dirigir al País por los discursos belicosos de la Guerra Fría, el Gobernador asumió las consecuencias del peligroso juego que sectores de derecha e izquierda, internos y externos, protagonizaron en las críticas décadas de 1960, 1970 y 1980. Más importante, su administración incurrió en la falta del encubrimiento, como las investigaciones posteriores dejaron demostrado.
En este sentido, sin embargo, la responsabilidad por el encubrimiento debe ser igualmente vista desde una perspectiva histórica que vaya más allá de las pasiones partidistas. Nuestra propia experiencia como Pueblo, especialmente durante los 110 años de dominio estadounidense, es que el encubrimiento es un fenómeno histórico persistente. Sucesos tales como Watergate, Irán-Contras y el que involucró a Monica Lewinsky, en los Estados Unidos, son ejemplos consecuentes de que para todo gobierno, siempre existe la tentación de encubrir aquellos eventos de su autoría que puedan tener consecuencias nefastas para su sostenimiento en el poder. Lo ocurrido el 25 de julio en el Cerro Maravilla, no es distinto.

martes, 22 de julio de 2008

Ideología suprema (III)

Las Elecciones Generales de noviembre próximo no son solamente para decidir si será el Partido Popular Democrático o el Partido Nuevo Progresista el que gobernará a Puerto Rico durante los cuatro años siguientes. Esas elecciones decidirán también si será el estadolibrismo, o de lo contrario el anexionismo, el movimiento ideológico que controlará el voto mayoritario en nuestro Tribunal Supremo, durante los años por venir. Por ese solo hecho, estas elecciones son las más importantes desde la fundación del Estado Libre Asociado en 1952.
La cómoda mayoría que por décadas disfrutó el estadolibrismo en el Tribunal Supremo, comenzó a erosionarse durante la administración de Pedro Rosselló González (1993-2000). Para entonces, y gracias a la aplastante cantidad de nominaciones exitosas que hiciera Rafael Hernández Colón (1985-1992), el estadolibrismo mantenía una cómoda mayoría de 6 a 1 en el tribunal, siendo la excepción el Juez Asociado Francisco Rebollo López, quien había sido nominado por el anexionista Carlos Romero Barceló (1977-1984). El retiro voluntario de los jueces asociados Rafael Alonso Alonso y Antonio Negrón García, permitió a Rosselló González nominar con éxito a Baltasar Corrada del Río y a Efraín Rivera Pérez. La mayoría estadolibrista ya no era tan cómoda.

Este tránsito del estadolibrismo al anexionismo en el Tribunal Supremo, se contuvo momentáneamente durante la administración de la estadolibrista Sila María Calderón Serra (2001-2004). La entonces Gobernadora nominó exitosamente a las jueces asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez, amén de ascender consecutivamente a la presidencia del tribunal, a los jueces asociados Miriam Naveira Merly y Federico Hernández Denton. Sin embargo, el colapso de la administración de Calderón Serra, en unión al retorno de Rosselló González para competir por la gobernación en el año 2004, llevó al País a repetir la experiencia de 1980: la del “gobierno compartido” que dejó al “gobernador accidental” Aníbal Acevedo Vilá sin la mayoría necesaria en el Senado para llenar exitosamente las vacantes que surgirían en el tribunal. El PPD logró retener la gobernación en el 2004, pero las ventanas que históricamente le habían permitido nominar con éxito sus candidatos al Tribunal Supremo, se le estaban cerrando.
El primer indicio de la metamorfosis que en estos momentos vive nuestro Tribunal Supremo, se asoma tras el retiro forzado del Juez Asociado Corrada del Río en abril de 2005, al cumplir el límite de 70 años. En dicha ocasión, el Gobernador Acevedo Vilá declaró a la prensa que su sustituto debería poseer excelentes atributos académicos y judiciales; la más alta reputación profesional dentro de la comunidad legal; experiencia legal y administrativa; un temperamento judicial ideal y amplio apoyo entre la ciudadanía. Mas como todos sabemos, el Gobernador no anunció nominación alguna, a pesar de que el Tribunal Supremo enfrentaba el riesgo de empates en casos importantes; a pesar de que el Senado controlado por el PNP se encontraba sumido en pugnas internas de poder que permitieron a Acevedo Vilá nominar con éxito a diversos jefes de agencias; y a pesar de que ciertamente existen abogados en nuestro País que llenan a cabalidad los requisitos mencionados por el Gobernador.

El súbito e inesperado fallecimiento en diciembre de 2007 del Juez Asociado Jaime Fuster Berlingeri, nombrado por el Gobernador Hernández Colón, dejó al Tribunal Supremo con dos plazas vacantes. El retiro forzado en estos días del Juez Asociado Rebollo López al cumplir 70 años, ha creado la tercera vacante. En estos momentos, el máximo foro judicial del País está compuesto por cuatro jueces: tres de ideología estadolibrista y uno anexionista. Hay tres plazas vacantes y ni un solo candidato nominado para llenarlas. Haga usted el cálculo, y comprenderá que las elecciones venideras poseen una trascendencia singular.

Las citadas expresiones del Gobernador Acevedo Vilá de abril de 2005, en unión a la ausencia de nominados para tres plazas vacantes en el Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un elemento adicional que todo aspirante a dicho foro debe poseer, pero del cual nadie habla. Ese elemento, el de la ideología del candidato, es un tema del cual nuestra clase política prefiere no expresarse ante el País. Es un asunto tabú sobre el cual, salvo cándidos comentarios como los hechos en tiempos recientes por el Representante Jorge de Castro Font, no se habla. Pero no por omitirse deja de ser una realidad histórica que estamos viviendo, y que explica la anómala situación que vive la Rama Judicial.

La conciencia entre la clase política del País de que el anexionismo tiene ante sí la oportunidad histórica de controlar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, es la gran razón silente que explica la inercia por parte del PNP, y los esfuerzos constantes del PPD por mover la opinión pública en contra del compás de espera impuesto por el control anexionista del Senado. Es una etapa trascendental dentro de la vida del Estado Libre Asociado que nosotros como Pueblo, y más allá de la gobernación por 4 años, estaremos llamados a decidir en noviembre próximo.

lunes, 21 de julio de 2008

Ideología suprema (II)

Es una regla no escrita la de que, para ocupar una plaza de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y aparte de los necesarios atributos tales como inteligencia, experiencia, temperamento y otros de índole similar, la ideología del candidato es de importancia similar. Por ideología, en términos simples, me refiero a que el candidato, o la candidata, debe coincidir en su forma de pensar con el poder nominador, sea de quien se trate el presidente o el gobernador de turno. Como hemos podido ver en años recientes, la ideología de los candidatos a llenar vacantes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha convertido en un asunto cardinal, en ocasiones decisivo, al punto de que puede opacar todos los demás atributos personales y profesionales para el puesto.

La diferencia estriba en que mientras en Estados Unidos el debate se da en términos de controversias sociales (los derechos reproductivos, la desegregación racial, libertad de expresión), en nuestros País se da más bien en torno a temas que atañen a nuestra relación con aquel país. Ello se debe a que, por nuestra relación con los Estados Unidos, su Tribunal Supremo es el que determina el mínimo de derechos que nos asisten bajo su Constitución. En otras palabras, ese foro tiene la última palabra en algunos aspectos que, de ser Puerto Rico un país independiente, sería nuestro Tribunal Supremo el que los resolvería.

Como vimos en la columna anterior, las Elecciones Generales de 1968 marcaron el principio del fin del control ininterrumpido por el Partido Popular Democrático de la gobernación y, por ende, del poder de nombramiento de los jueces al Tribunal Supremo. Claro está, una cosa es tener el poder de nominar un juez; otra muy distinta es que exista una vacante que justifique la nominación, y que se cuente con un Senado dispuesto a aprobar ese nombramiento (recordemos que el Senado tiene la facultad constitucional de aprobar o rechazar las nominaciones al Tribunal Supremo). Eso ha quedado evidenciado al observar que, no obstante la alternancia en la gobernación con el P.P.D., durante los últimos cuarenta años, las oportunidades del Partido Nuevo Progresista para colocar jueces simpatizantes con su ideología en el Tribunal Supremo, no han ido de la mano con su estadía en el poder. Un sencillo ejercicio aritmético nos permitirá visualizar mejor el panorama.

Durante su incumbencia y con el Senado controlado por el P.P.D., el Gobernador novoprogresista Luis A. Ferré Aguayo (1969-1972) nominó con éxito a 3 candidatos al Tribunal Supremo, incluyendo uno como Juez Presidente, pero 2 de esos 3 fueron vinculados ideológicamente al P.P.D. Por el contrario, en su primer término el Gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976) nominó exitosamente a 5 candidatos. En sus 8 años como Gobernador, los 4 últimos con un Senado controlado por el P.P.D., Carlos Romero Barceló (1977-1984) tan solo nominó con éxito a un candidato. En los 8 años siguientes, sin embargo, el nuevamente Gobernador Hernández Colón (1985-1992), nominó con éxito a 7 candidatos. El Gobernador Pedro Rosselló González (1993-2000), con 8 años de administración a su haber, pudo nominar exitosamente a 2 candidatos. La Gobernadora Sila Calderón Serra (2001-2004), con sólo 4 años de administración, logró nominar exitosamente a 4 candidatos, incluyendo 2 al puesto de Juez Presidente.

En los últimos 40 años de alternancia en el gobierno, el P.P.D. y el P.N.P. han controlado el poder ejecutivo nominador por 20 años cada uno. El P.P.D. ha logrado nominar con éxito en sus períodos en el poder durante esos años a 16 candidatos, incluyendo los últimos 5 jueces presidentes. En sus 20 años en el poder, el P.N.P. logró nominar con éxito a 6 candidatos, de los cuales al menos 2 no fueron vinculados ideológicamente a ese partido. Esto deja al P.N.P. con 4 jueces a su haber, ninguno de los cuales ha sido Juez Presidente.

Como resultado de todo lo anterior, el P.N.P., aun en sus momentos de mayor predominio, siempre ha estado representado minoritariamente en el Tribunal Supremo, en lo que a su ideología concierne. Ante ese cuadro, el P.N.P. optó por intentar el control ideológico del tribunal por otras vías. Bajo la administración de Romero Barceló, grupos de presión se apostaron frente al tribunal para intentar intimidar a los jueces con manifestaciones de hostilidad. El propio Gobernador llegó a catalogar de “barbaridad” una decisión del tribunal sobre un asunto de gran interés público.

El caso más claro para ilustrar la insatisfacción anexionista con la composición predominante en el Tribunal Supremo lo fue, sin embargo, el de Rosselló González. Recordemos que, emulando el famoso plan del Presidente Roosevelt para alterar la composición del Tribunal Supremo estadounidense en la década de 1930, Rosselló González promovió la celebración de un referéndum en 1994. El objetivo entonces fue enmendar la Constitución, para aumentar a 9 el número de plazas de jueces en el Tribunal Supremo, lo cual habría permitido al Gobernador nombrar suficientes jueces como para lograr una mayoría afín a sus ideales. Ese “court-packing plan” fracasó en las urnas.

En la parte final de esta serie, a publicarse el viernes próximo, utilizaremos estos datos del pasado, para evaluar la situación en el presente.

Ideología suprema (I)

Conforme se aproximan las Elecciones Generales, en los medios informativos se ha ido acrecentando una discusión pública en torno a la negativa de la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Nuevo Progresista, a considerar los nombramientos del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá para diversos cargos gubernamentales. Ningún ámbito, quizás, ha generado más controversia que las nominaciones para las plazas vacantes de jueces en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Existen buenas razones para esta discusión en los medios informativos pues, en términos de la Rama Judicial, las elecciones de noviembre de este año pueden muy bien ser las más importantes en más de medio siglo, o sea, desde la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Es prudente y necesario que, como Pueblo, reconozcamos la importancia de lo que se avecina, pues se trata de un momento crítico en la cada vez más azaroza existencia del E.L.A. Para facilitar el análisis histórico de este trascendental asunto, es importante que repasemos nuestro esquema constitucional y su funcionamiento con el correr de los años.

El Artículo 5, Sección 3 de la Constitución del E.L.A., prescribe que nuestro Tribunal Supremo se componga de un total de 5 jueces. Esa misma sección, sin embargo, dispuso además que el número de jueces podría ser aumentado o disminuido solamente a solicitud del propio tribunal y en virtud de ley. Desde la creación del E.L.A. en 1952, el número original de la Constitución se aumentó a 9 jueces en 1961, y se redujo a 7 en 1975. Obviamente, uno puede discernir que el número de jueces variará dependiendo de la carga de trabajo que pese sobre el más alto foro judicial del País. Igualmente discernible es la razón que explica por qué el número de jueces siempre es impar (5, 7, 9): evitar, en la medida de lo posible, los empates. En otras palabras, el Tribunal Supremo está diseñado para que siempre exista la probabilidad de una mayoría, aunque sólo sea de un voto (4 a 3 en la actualidad).

Advertirá el lector que hago referencia a solamente una probabilidad de mayoría. Ello se debe a que la naturaleza del proceso interno del Tribunal Supremo no obliga a todos los jueces a participar en todas las decisiones que el foro toma, salvo circunstancias excepcionales. Uno o más jueces pueden, por ejemplo, abstenerse de intervenir en un caso en particular, dejando el camino libre para que la controversia se adjudique a base de los votos de los jueces que sí participan. Esta mecánica decisional no es exclusiva de Puerto Rico. Muchos tribunales supremos estatales de los Estados Unidos funcionan de manera similar. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por ejemplo, se compone de 9 jueces. En el caso de este último tribunal, su composición por 9 jueces ha sido determinada por una ley del Congreso desde 1869, ya que la Constitución federal no lidió con ese asunto.

Volvamos ahora a Puerto Rico. Un repaso a su historia reciente ilustra que la ideología ha sido también un factor de mucha importancia, a la hora de seleccionar a los candidatos a ingresar a dicho foro. En los primeros 50 años de control por los Estados Unidos, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico fueron nombrados directamente por el presidente estadounidense de turno, y en los primeros tiempos no todos los nombrados eran puertorriquenos, por cierto. Conforme relata el ex Juez Presidente del Tribunal Supremo, José Trías Monge, los magistrados nombrados previo a la creación del E.L.A., especialmente en las primeras decadas del Siglo 20, compartían la creencia y aspiración de anexar al País a los Estados Unidos. No olvidemos que esa es la época, precisamente, en que tiene lugar el proceso de “americanización” al que nos hemos referido anteriormente. Son lo años en que el anexionismo controló nuestro Tribunal Supremo.

El ascenso a partir de la década de 1940 de Luis Muñoz Marín y el P.P.D., auguró cambios importantes en la composición del Tribunal Supremo, tal y como lo establece el Profesor Luis Rivera Rivera, en la reciente obra de su autoría sobre la historia del tribunal. Existiendo ya vacantes en el foro, Muñoz Marín recomendó que no se llenaran por el Presidente de los Estados Unidos con miras a, una vez convertido en Gobernador del E.L.A., poderlas llenar él. A partir de entonces y hasta finales de la década de 1960, el P.P.D. controló el nombramiento de los candidatos a jueces del Tribunal Supremo. Este dominio absoluto del gobierno le permitió al P.P.D., en ocasiones, el lujo de nombrar jueces que no necesariamente coincidían ideológicamente con el partido de gobierno, pero siempre en condición minoritaria. El resurgir electoral del anexionismo, a partir del nacimiento del poderoso Partido Nuevo Progresista a finales de la década de 1960, cambió dramáticamente este panorama en términos electorales, pero no necesariamente en términos judiciales, hasta ahora.

Boumediene versus Bush

En una columna de hace algún tiempo atrás (“Guantánamo y Juana Díaz son...”) discutí el caso de Balzac vs. Porto Rico, de 1922, mediante el cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz de su Juez Presidente William H. Taft, había decretado que Puerto Rico seguía siendo un “territorio no incorporado”, a pesar de la concesión de la ciudadanía estadounidense en 1917. Aludí además a un caso originado en las galeras presidiarias de Guantánamo en Cuba, donde un grupo de los llamados “enemigos combatientes” retaron en un tribunal federal la autoridad del gobierno de los Estados Unidos para mantenerlos prisioneros indefinidamente.

Ese pleito fue decidido la semana pasada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su nombre le da título a esta columna. Mediante una sentencia dictada el 31 de enero de 2005, un tribunal federal había determinado que esos prisioneros poseían algunos derechos constitucionales pero otros no, basándose, en parte, en los Casos Insulares resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1901 y 1922. El tribunal concluyó que los Casos Insulares mantenían su vigencia, Balzac vs. Porto Rico inclusive. Ahora, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha confirmado que los Casos Insulares en general, y Balzac vs. Porto Rico en particular, continúan vigentes. Ese resultado y las expresiones de algunos de los protagonistas de ese drama judicial, merecen especial atención.

Es interesante observar que los medios de prensa en los Estados Unidos han centrado su atención en que Boumediene vs. Bush se decidió mediante votación de 5 a 4, votando la mayoría de los jueces a favor de reconocerles algunos derechos constitucionales a los “enemigos combatientes”. La posición minoritaria sostuvo que no tenían tales derechos, argumentado que los Estados Unidos seguían “en guerra” contra el islamismo radical. Lo que pasó desapercibido para esos órganos de prensa, pero que por su importancia para nosotros debe ser objeto de conocimiento y discusión, es que los nueve jueces estuvieron de acuerdo en que los Casos Insulares siguen siendo fuente de autoridad para decidir disputas jurídicas con consecuencias internacionales.

En la opinión mayoritaria, el juez Anthony Kennedy afirmó, citando el caso de Balzac que “el Tribunal usó los Casos Insulares para crear una doctrina que le permitiera usar sus poderes con moderación y donde fuese más necesario”. Aún más importante, el juez Kennedy afirmó que “esa doctrina centenaria [la de los Casos Insulares] es la que guía nuestro análisis en el caso ante nuestra consideración”. Por último, ese magistrado razonó que los Casos Insulares están fundados en “la noción de que asuntos extraterritoriales se rigen por consideraciones prácticas y factores objetivos, y no por meros formalismos”. A mi modo de ver, la explicación, y la implicación, son claras: los Estados Unidos reiteran la validez de los Casos Insulares como un mecanismo que le permite a ese país justificar su política “extraterritorial” (entiéndase “fuera de los Estados Unidos”), con amplio margen discrecional (“consideraciones prácticas”) y para mantener el dominio colonial sobre Puerto Rico (“factores objetivos”).

La opinión más importante de los cuatro jueces disidentes, la del juez Scalia, también reconoce la vigencia de los Casos Insulares. En su opinión disidente, el juez Scalia afirmó igualmente que el caso Balzac vs. Porto Rico era aplicable, aunque de manera distinta a como propuso el juez Kennedy. Más allá de las consideraciones legalistas, la lección de Boumediene vs. Bush parece ser clara. No importa qué tan alejadas puedan estar las posiciones de los jueces y las partes litigantes sobre otros aspectos, parece existir unanimidad en que los Casos Insulares no han sido revocados por casos o legislación posterior. Siguen siendo ley.

Algo que la prensa de los Estados Unidos tampoco reportará, pero que igualmente nos concierne, es que en los alegatos de las partes ante el Tribunal Supremo también se citó a los Casos Insulares como fuente de autoridad. Uno de esos alegatos describe a Puerto Rico como una mera posesión bajo el control de los Estados Unidos, amparándose en el caso Balzac. Ese alegato es, nada más y nada menos, que el del Presidente George W. Bush. Por su parte, el alegato de los abogados de los “enemigos combatientes” cita al caso Balzac, para sostener que aún los extranjeros (“aliens”) tienen derechos constitucionales que deben respetarse bajo la Constitución de los Estados Unidos.

Sumando lo anterior, encontramos la lección de Boumediene vs. Bush que como pueblo nos concierne. Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos están de acuerdo en la vigencia de los Casos Insulares. Al amparo de uno de esos casos, el de Balzac, el Presidente de los Estados Unidos afirmó ante el Tribunal Supremo, que ese país todavía mantiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. El Tribunal le dio la razón en cuanto a ese aspecto. Finalmente, los “enemigos combatientes” sostuvieron ser tan extranjeros como los puertorriqueños lo fueron en el caso Balzac, y que tal condición no impedía que se les reconocieran derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo les dio la razón.

Todos ellos, jueces y partes, de una o otra forma ganaron. Nosotros los puertorriqueños, de cualquier manera, perdimos.

Recomposición colonial y la lucha por los símbolos (II)

Como recordarán de mi columna anterior, la misma comenzó narrando el incidente histórico de 1932 de la marcha de Pedro Albizu Campos y sus seguidores hacia el Capitolio, para prevenir que la bandera monoestrellada pasara a ser el símbolo del régimen colonial. El enfrentamiento culminó en un motín en el que murió el nacionalista Manuel Suárez Díaz, pero logró abortar la intentona legislativa. Veinte años después, al crearse el Estado Libre Asociado, se aprobó la legislación que hizo de la bandera monoestrellada, la que desde su origen había personificado la lucha por la soberanía boricua, el símbolo principal del nuevo régimen fundado en 1952.

Los símbolos apelan a nuestras emociones más intensas y la bandera puertorriqueña, como suele ocurrir con los demás pueblos del orbe, es uno de los símbolos más potentes y patentes de identidad y orgullo nacional. Por ello, no es de extrañarse que el gobierno de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular, procurase hacer de la bandera nacionalista el símbolo más evidente del nuevo Estado Libre Asociado. Al hacer suya la insignia de la nacionalidad puertorriqueña, se legitimaba el nuevo régimen colonial.

A lo largo de su existencia, el E.L.A. se ha nutrido de otras expresiones culturales para mantener su reclamo de ser un régimen adecuado para el País, presentándose ante los ojos del Pueblo puertorriqueño como la imagen frente al espejo. Con ello ha perseguido demostrar que Puerto Rico puede ser lo que siempre ha aspirado a ser, dentro del régimen colonial: “lo mejor de dos mundos”. Así, los boricuas hemos vivido bajo un sistema que en la década de 1950 funda el Instituto de Cultural Puertorriqueña, y en 1960 gestiona el voto presidencial. La cultura nacionalista y una aspiración anexionista se convirtieron en símbolos que los gobiernos del Partido Popular procuraron hacer suyos, con miras a sostener la siempre cuestionada legitimidad del E.L.A.

Los adversarios del sistema, pero muy en especial el anexionismo, comenzaron a partir de los años 60 a retar el control sobre símbolos en poder del Partido Popular. Con su concepto de “estadidad jíbara”, Luis A. Ferré Aguayo le propuso al País que, como parte de los Estados Unidos, podríamos conservar nuestra personalidad colectiva: ser tan jíbaros como lo éramos bajo el E.L.A. y en la bandera roja y blanca del Partido Popular. El reto anexionista continuó con “la estadidad es para los pobres” de Carlos Romero Barceló, procurando erosionar el control del Partido Popular sobre el mensaje de que el símbolo del progreso económico era provincia exclusiva del sistema vigente.

Las administraciones de Rafael Hernández Colón de 1984 y 1988, dieron paso a la lucha por otros símbolos de identidad nacional para intentar detener el avance descolonizador del reto anexionista. El idioma español se convirtió en el nuevo campo de batalla. El sistema colonial criollo le planteó al País que podíamos quedarnos como estábamos y mantener el idioma español, ganar el premio Príncipe de Asturias en su defensa, recibir la visita de los reyes de España, y tener nuestro propio pabellón en Sevilla.

La llegada al ruedo político de Pedro Rosselló González, renovó el reto anexionista y la batalla por los símbolos, incluyendo la bandera puertorriqueña ondeando sola en su campaña electoral y su afirmación de que el idioma español no sería negociado para lograr la estadidad. Bajo su administración, incluso los símbolos de “estado”, “libre” y “asociado” dejaron de ser parte de nuestra identificación, convirtiéndose meramente en “Gobierno de Puerto Rico”.

La crisis en la relación colonial provocada por la muerte de David Sanes Rodríguez en abril de 1999, puso en manos del anexionismo un nuevo símbolo de lucha que, hasta entonces, había sido provincia casi exclusiva del independentismo: Vieques. En efecto, la inserción del anexionismo en la lucha contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos por Vieques, mediante el fomento de la desobediencia civil al negarse el gobierno de Rosselló González a intervenir con los desobedientes civiles en la Isla Nena, hizo de su liberación un símbolo de lucha compartida del anexionismo y el independentismo, contra el régimen colonial.

La vuelta al poder del Partido Popular en el 2000, marcó la adopción por esa colectividad de un nuevo símbolo para recomponer el sistema colonial: la llamada “ciudadanía puertorriqueña”. Un examen de la opinión mayoritaria de noviembre de 1997 del Tribunal Supremo en el caso del licenciado Juan Mari Bras, deja al descubierto la fuente que dicho foro utilizó como base de esa ciudadanía: el E.L.A. Ello explica por qué el Departamento de Estado ofrece “certificados de ciudadanía puertorriqueña” a quien lo solicite. El sistema bajo el que hemos vivido por más de medio siglo posee flexibilidad, lo mismo para aspirar al voto presidencial, que para consagrar el idioma español, que para ofrecer su propia ciudadanía puertorriqueña. Al adoptar los símbolos del estado incorporado a los Estados Unidos, al igual que los de la república separada, el E.L.A. demuestra su asombrosa elasticidad para la supervivencia.

Al observar, pues, este historial, me disculparán si miro con escepticismo los actuales reclamos de soberanía del oficialista Partido Popular, al mismo tiempo que tolera y fomenta en nuestro País la celebración de la primaria presidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Mediante los símbolos, la colonia se recompone.