sábado, 26 de enero de 2008

Guantánamo y Juana Díaz son...

A raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos volcó sus recursos militares en la captura o ejecución los responsables por esos eventos. Una parte fundamental de esa lucha lo fue la transformación de la base estadounidense en Guantánamo, Cuba, en un centro de detención para los “enemigos combatientes” capturados. Entre los años 2002 y 2004, un grupo de esos “enemigos combatientes” retaron en un tribunal federal la autoridad del gobierno de los Estados Unidos para mantenerlos prisioneros indefinidamente en Guantánamo.

Una de las controversias planteadas lo fue hasta qué punto, si alguno, las garantías de la Constitución federal estaban disponibles para estos “enemigos combatientes”. Mediante una sentencia dictada el 31 de enero de 2005, el tribunal determinó que estos prisioneros poseían algunos derechos pero otros no. Para ello, el tribunal se basó, en parte, en los Casos Insulares resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1901 y 1922. El tribunal concluyó que los Casos Insulares mantenían su vigencia, incluyendo el último de los mismos, Balzac vs. Porto Rico, de 1922. La relación del caso de Balzac, y de Puerto Rico, con los “enemigos combatientes” presos en Guantánamo, merece una explicación.

La controversia que daría origen al caso Balzac tuvo lugar en 1918, un año después de que los Estados Unidos le confirieran a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, mediante la Ley Orgánica Jones de 1917. El periodista Jesús María Balsac (en efecto, su apellido se escribía con s y no con z) publicó dos editoriales atacando duramente al entonces gobernador, Arthur Yager. Contra Balsac se presentaron dos cargos por libelo criminal, siendo condenado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó las condenas.

Balsac apeló al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ante dicho foro, sostuvo que su condición de ciudadano estadounidense le hacía acreedor a ser juzgado por un jurado. La estrategia legal detrás del caso contra Balsac era que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyese que la otorgación de la ciudadanía estadounidense en 1917 significó la “incorporación” de Puerto Rico a los Estados Unidos, por lo que los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico tendrían los mismos derechos que sus conciudadanos residentes en los estados de la Unión incluyendo, por supuesto, el derecho a un juicio por jurado.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en contra de Balsac. Por voz de su Juez Presidente William H. Taft, el tribunal concluyó que no existía tal cosa como una “incorporación implícita” (a pesar de que algunos años antes ese mismo tribunal había resuelto que ello era posible, en relación con el territorio de Alaska). El tribunal decidió que el Congreso le había otorgado a los puertorriqueños, a los que describió como “una comunidad insular, distante, antigua y compacta”, una ciudadanía estadounidense incompleta y “territorial”, y que si los puertorriqueños querían gozar de todos los derechos constitucionales federales tendrían que mudarse de Puerto Rico para alguno de los estados de la Unión.

Ese juez Taft, el mismo que antes había sido Presidente de los Estados Unidos, fue además uno de los principales arquitectos de la política colonial estadounidense en años previos a su estadía en el Tribunal Supremo. A raíz de la Guerra de 1898, el entonces Presidente McKinley lo nombró Gobernador de las islas Filipinas. Bajo el Presidente Theodore Roosevelt, Taft sirvió como Secretario de la Guerra, interviniendo en los asuntos internos de Cuba y en la construcción del Canal de Panamá. Luego como Presidente, defendió la situación colonial de Puerto Rico y hasta afirmó que la Isla estaba en “constante progreso”. En 1922 y desde el Tribunal Supremo, suscribe de su puño y letra el último de los Casos Insulares que, como ya vimos, siguen vigentes.

Años después, mediante la Orden Ejecutiva 12244 de octubre de 1980, el entonces Presidente Jimmy Carter ordenó trasladar al Fuerte Allen en Juana Díaz, a cientos de refugiados haitianos que habían huido de su patria en dirección a los Estados Unidos. Al igual que la base militar de Guantánamo, la de Juana Díaz poseía la característica de ubicar en territorio “perteneciente” a los Estados Unidos, pero que no era “parte” de esa nación. El caso contra Balsac resolvió que los Estados Unidos podían privar de ciertos derechos constitucionales incluso a ciudadanos estadounidenses que residieran en territorios que fuesen propiedad de los Estados Unidos. Como Juana Díaz y Puerto Rico, al igual que Guantánamo, no son parte de los Estados Unidos, sino mera propiedad, el gobierno de ese país puede tratar a seres humanos que se encuentren en esos territorios de forma discriminatoria, sean o no ciudadanos estadounidenses. Juana Díaz tuvo en 1980 a sus “refugiados económicos” haitianos; Guantánamo tiene a sus “enemigos combatientes”.

Como resultado de su reto jurídico al sistema colonial, Jesús M. Balsac sufrió cárcel. A pesar de su sacrificio personal en contra del sistema colonial, su gesta se perdió en el olvido colectivo. Que yo conozca, ninguna calle o edificio en Puerto Rico ha perpetuado su memoria. Por el contrario, William H. Taft, arquitecto de la sentencia que condenó a la cárcel a Balsac, y al Pueblo de Puerto Rico a permanecer como colonia y propiedad de los Estados Unidos, es honrado con una calle que lleva su nombre en San Juan.

Perversa ironía histórica.

domingo, 6 de enero de 2008

Los Casos Insulares, ayer y hoy

En mi columna anterior, vimos en términos generales cómo los Casos Insulares fueron el proceso con el cual los Estados Unidos “auto-legalizaron” su nueva política de adquisición de territorios. Esas decisiones fueron el visto bueno que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dio a una nueva política territorial, mediante la cual ser un “territorio” de los Estados Unidos ya no significaba una segura incorporación como estado de la Unión, o tan siquiera ser “parte” de los Estados Unidos. El nuevo término jurídico de “territorio no incorporado”, acuñado específicamente para Puerto Rico y otros territorios recién adquiridos en 1898, no significó “ser parte de”, sino “pertenecer a” los Estados Unidos. Esa distinción es fundamental.
La pregunta que quizás el amigo lector se esté haciendo es si siguen vigentes los Casos Insulares al día de hoy, o si se volvieron obsoletos a raíz de la creación de eventos tales como la concesión de la ciudadanía estadounidense en 1917, y la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Para poder contestar esa pregunta, conviene que repasemos qué resolvieron algunos de esos Casos Insulares y qué ha resuelto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en decisiones posteriores en que se ha cuestionado, directa o indirectamente, su vigencia.

En términos histórico-jurídicos, existe un amplio consenso de que el más importante de los Casos Insulares lo es el de “Downes v. Bidwell”, resuelto en 1901. Advierta el lector que, a pesar de su título, el caso de Downes se originó en Puerto Rico. La controversia que allí se planteó, más insulsa no parecería ser: si el Congreso, tras el cambio de soberanía en 1898 y la aprobación de la Ley Orgánica Foraker en 1900, podía imponerle el pago de arbitrios de entrada a los productos que llegaran de Puerto Rico a los Estados Unidos. Dicho de otra manera, si el Congreso podía seguir tratando a Puerto Rico como un país extranjero, a pesar del cambio de soberanía y la Ley Foraker. El Tribunal Supremo, por voz del juez Brown, respondió que sí, pues éramos un pueblo “arrimado y perteneciente”, pero no parte de, los Estados Unidos.

La decisión del juez Brown en el caso de Downes, sin embargo, perdió el favor del Tribunal Supremo con el paso del tiempo. Una opinión concurrente de un juez de nombre Edward D. White en ese mismo caso de Downes, ganaría el favor de los jueces en posteriores decisiones. Fue el juez White quien propuso que Puerto Rico se había convertido en un “territorio no incorporado”, lo cual le daba al Congreso aún mayores poderes sobre nuestro País. Ese juez White formó parte del grupo de magistrados de ese tribunal que se unió al juez Brown para aprobar la política de segregación racial.

En agosto de 1902, la señora Isabel Gonzales llegó a Nueva York procedente de Puerto Rico. Las autoridades portuarias la detuvieron, acusándola de ser extranjera y un potencial “estorbo” para la sociedad, según legislación de la época. Su caso llegó al Tribunal Supremo, el cual en 1904 anunció la decisión de “Gonzales v. Williams”. El Tribunal decidió que la Sra. Gonzales no provenía de un “puerto extranjero”, sino de uno “bajo la jurisdicción” de los Estados Unidos. Esta es la decisión que, en efecto, ha permitido el libre tránsito de puertorriqueños entre su patria y los Estados Unidos sin tener que ser ciudadanos estadounidenses. Como la decisión de Gonzales no ha sido revocada, es concebible que, si el Congreso aprobara legislación quitándonos esa ciudadanía, los puertorriqueños podríamos continuar viajando sin problemas a los Estados Unidos.

Finalmente, en 1922, el Tribunal Supremo adjudicó el que puede considerarse el último de los Casos Insulares: “Balzac v. Porto Rico”. El asunto fundamental lo era si la concesión de la ciudadanía estadounidense en 1917 mediante la Ley Orgánica Jones había transformado a Puerto Rico de un territorio “no incorporado” a uno “incorporado”. El Tribunal Supremo contestó que no, añadiendo que si los puertorriqueños interesaban disfrutar todos los derechos que poseían los habitantes de los estados, tendrían que mudarse de Puerto Rico a los Estados Unidos para residir en alguno de esos estados.

Conforme a la teoría subyacente en su fundación, el Estado Libre Asociado fue una formula negociada de mutuo acuerdo por los Estados Unidos y Puerto Rico. De ser esa premisa correcta, uno podría asumir que aquellos que negociaron a nombre del Pueblo de Puerto Rico, se aseguraron de que el nuevo “pacto entre iguales” incluiría el reconocimiento a los puertorriqueños de todos aquellos derechos constitucionales que los Casos Insulares se habían encargado de negar. Después de todo, el sentido común nos dice que nadie negocia, mucho menos pacta, en perjuicio de sí mismo. Menos aún si es entre “iguales”.

En 1978, sin embargo, en un caso llamado “Calífano v. Torres”, y nuevamente en 1980, en otro llamado “Harris v. Rosario”, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó que el Congreso podía discriminar contra los puertorriqueños que se mudaban de los estados al territorio de Puerto Rico, negándoles beneficios de Seguro Social y Asistencia Familiar, a los cuales tendrían derecho de haber permanecido residiendo en alguno de “los 50 estados o el Distrito de Columbia”. El Tribunal Supremo citó la ya discutida Cláusula Territorial, como fuente de autoridad constitucional para el discrimen.

Más reciente, en 1990, en otro caso llamado “United States v. Verdugo-Urquidez”, el Tribunal Supremo reiteró que no todos los aspectos de la Constitución federal aplican en los territorios donde los Estados Unidos “ejercen autoridad soberana”. Como principal base de apoyo, el Tribunal citó a “Balzac v. Porto Rico”.

En la parte final de esta serie, observaremos un poco más de cerca la decisión de Balzac y su influencia en el Puerto Rico contemporáneo.