domingo, 24 de febrero de 2008

La Resolución 99 y el discrimen sexual

La Resolución Concurrente del Senado 99, conocida popular y simplemente como la “Resolución 99”, aspira a enmendar la Carta de Derechos de nuestra Constitución para añadirle un párrafo de dos oraciones. La primera dispondría que “El matrimonio es una institución civil, que se constituirá sólo por la unión legal entre un hombre y una mujer en conformidad con su sexo original de nacimiento”. La segunda oración decretaría que “Ninguna otra unión, independientemente de su nombre, denominación, lugar de procedencia, jurisdicción o similitud con el matrimonio, será reconocida o validada como un matrimonio”. Conforme a la Exposición de Motivos de esta legislación, la misma se justifica en cuanto “La familia, cimentada en la unión matrimonial monogámica entre el hombre y la mujer es un bien necesario e imprescindible, que tiene un valor intrínseco en derecho y justicia, a ser reconocido, protegido y promovido por el Estado para la prolongación responsable del género humano”.

Lo primero que llama la atención de ese lenguaje, es su carácter netamente excluyente. De convertirse algún día en parte de nuestra Carta de Derechos, significaría que el Estado puertorriqueño no reconocerá todas las uniones de pareja como matrimonios, sino que se tratará de una institución civil reservada para parejas heterosexuales, y sólo para aquellas que lo sean “de nacimiento”. Un repaso a la Historia reciente nos permitirá descubrir que este tipo de legislación no es el primer ejemplo del uso del Estado para imponer una política pública sobre quién se puede casar o no, y con quién.

En el verano de 1958, un hombre y una mujer del estado de Virginia, Estados Unidos, contrajeron matrimonio en el Distrito de Columbia. Tras regresar a su estado de origen, nada más y nada menos que un gran jurado constituido en Virginia ordenó el arresto de la pareja. En enero de 1959, ambos fueron condenados a un año de cárcel. El juez entonces les ofreció como opción al año de cárcel, que se marcharan de Virginia... por 25 años. ¿La razón para tanto ensañamiento contra unos recién casados? Él, Richard Loving, era blanco. Ella, Mildred Jeter, era “de color”.

Loving vs. Virginia, 388 US 1, decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1969, es considerado uno de los casos trascendentales dentro de la lucha por los derechos civiles que se libró en esa nación. El estado de Virginia, al igual que otros estados de la Unión, tenía en vigencia un estatuto de “Integridad Racial”, conforme al cual se punía como delito grave los matrimonios inter-raciales. El juez que condenó a esta pareja perpetuó, para la Historia, la justificación del estatuto que hacía ilegal la unión matrimonial entre razas: “Dios todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las ubicó en continentes separados. Si no hubiese sido por la interferencia con su designio, no existiría razón para esos matrimonios. El hecho de que Él separase las razas demuestra que Él no quería que se mezclasen”.

Desde la década de 1950, los Estados Unidos estaban pasando por el proceso de desmantelar el sistema de segregación racial que la doctrina judicial de “separados pero iguales” había consagrado. Ese viejo sistema de segregación racial se fundamentó en que el mismo “garantizaba” la “igualdad” de las razas. No obstante, en 1954, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que la segregación racial en las escuelas del país creaba precisamente lo contrario: una inherente desigualdad. En esa oportunidad, el tribunal determinó que la segregación en efecto condenaba a la niñez negra estadounidense a una posición de inferioridad, a pesar de la proclamada “igualdad” de esa doctrina racista.

Al resolver el caso Loving quince años después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó la decisión del Tribunal Supremo del estado de Virginia. El foro estatal había sostenido la validez del estatuto de segregación racial en el matrimonio, aduciendo que era necesario para “preservar la integridad racial” de sus habitantes y prevenir “la corrupción de la sangre”. El Tribunal Supremo estadounidense reconoció la naturaleza racista del estatuto, afirmando que el matrimonio es “uno de los derechos civiles básicos del ser humano”.

La Constitución por la cual el Pueblo puertorriqueño ha regido sus asuntos internos desde 1952, ha sido desde sus orígenes objeto de alabanzas y reconocimientos por sus posiciones de avanzada. Su Carta de Derechos ha sido reconocida como una vanguardista, fruto de un cuidadoso proceso deliberativo presidido por algunas de las mentalidades más brillantes de la época. Llegar a ese estado de avanzada, sin embargo, no fue un camino sencillo.

Desde la formación de nuestro Pueblo, la sociedad ha tenido que lidiar con el problema del discrimen contra determinados grupos. En épocas no tan lejanas, nuestra sociedad sólo le reconocía el derecho al voto a los hombres que eran propietarios y sabían leer y escribir, negando así toda participación en el gobierno a los pobres, a los analfabetas, a las mujeres. La Resolución 99 procura ahora algo dar rango constitucional a una modalidad de discrimen, irónicamente, dentro de su propia Carta de Derechos. Los argumentos públicos que se esgrimen en su defensa, hacen eco de los que se usaron para defender la prohibición matrimonial racial. Su esencia es, por ende, anti-histórica y nociva.

De admitirse el discrimen sexual en nuestra Constitución, la Carta de Derechos habrá comenzado su transformación hacia otra cosa: una Carta de Exclusiones.

El gobernador accidental

En esta ocasión, ofreceré unas reflexiones sobre la Historia de Puerto Rico, según la veo acontecer en estos mismos instantes. Conocí a Aníbal Acevedo Vilá cuando coincidimos en la Facultad de Derecho, allá para mediados de la década de 1980. En aquel entonces, usaba unos espejuelos gruesos, tenía barba y dirigía, si mal no recuerdo, la prestigiosa Revista Jurídica de la facultad. Muy lejos estaba entonces de la imagen “metrosexual” que exhibe hoy en día.
Nuestro actual Primer Mandatario es quizás el gobernador más débil, política y gubernamentalmente hablando, en la historia del Puerto Rico contemporáneo. Acevedo Vilá tiene menos respaldo legislativo que el que tuvo Luis A. Ferré Aguayo entre 1969 y 1973. Tampoco cuenta con un Comisionado Residente de su propio partido, como sí lo tuvo Carlos Romero Barceló entre 1981 y 1985. Él es nuestro primer gobernador accidental.
Después de convertirse en abogado, Acevedo Vilá irrumpió en la Política puertorriqueña al conseguir un escaño en la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático. Ya desde entonces comenzó a descollar ampliamente ante la opinión pública, haciendo gala de un amplio talento político. Recuerdo que nadie en el PPD de entonces se destacaba como Acevedo Vilá en presentar y argumentar ante la opinión pública, las posturas político-ideológicas del partido.
Si el destino hubiese seguido su curso aparente, estimo que el derrotero de Acevedo Vilá habría sido la presidencia de la Cámara de Representantes, a partir del año 2001 y bajo la gobernación de Sila María Calderón. Históricamente, sin embargo, la presidencia de la Cámara no ha sido plataforma hacia la gobernación del País, como sí lo han sido la alcaldía de San Juan, la presidencia del Senado, y la propia comisaría en Washington. No sé si Acevedo Vilá aspiraba en aquel entonces a alcanzar algún día la gobernación. Pero entonces ocurrió el primero de varios eventos o accidentes que timonearon su destino político hacia otros puertos.
El lanzamiento de la candidatura de José Alfredo Hernández Mayoral al cargo de Comisionado Residente, dio paso a una intensa lucha de poder que involucró dentro del PPD a la Gobernadora Calderón con el ex-gobernador Rafael Hernández Colón. Para poder prevalecer, Calderón tuvo que “reclutar” a Acevedo Vilá, para enfrentarlo a Hernández Mayoral. El futuro Presidente de la Cámara, ya no lo sería. Su incumbencia como Comisionado Residente entre 2001 y 2004, se vería entonces comprometida por nuevos eventos.
No obstante las grandes expectativas en torno a su administración, el gobierno de Calderón comenzó a declinar rápidamente ante los ojos del Pueblo. Sólo puedo presumir que las encuestas internas del PPD llevaron a la Gobernadora a aceptar ya a mediados de su mandato, la realidad que probablemente también reconocieron los gobernadores Hernández Colón entre 1984 y 1988 y Pedro Rosselló González entre 1996 y 2000: que no tenía oportunidades de reelección. Calderón optó entonces por imponer como candidato a la gobernación, a aquél que ella pensaba podía ganarla: a Hernández Mayoral.
El inesperado retiro de Hernández Mayoral de la candidatura a la gobernación, creó una crisis dentro del PPD. Rosselló González regresaba a aspirar de nuevo al más alto puesto por el PNP. A pesar de su condición de “plato de segunda mesa”, Acevedo Vilá ahora se encontraba camino a disputar la gobernación en las elecciones de 2004. Su estilo populista de hacer campaña (sus visitas a “El Bayú” y a “SuperXclusivo”, entre otras), unido al efecto polarizante de Rosselló González en la política puertorriqueña, salvaron la gobernación para el PPD en el 2004 por apenas 3 mil votos.
El contorsionado camino que llevó a Acevedo Vilá a la gobernación, tuvo sin embargo su costo. Su partido no controla la comisaría en Washington, ni la Asamblea Legislativa. Sólo la lucha de poder dentro del PNP en el Senado, le ha permitido cierto margen de maniobra. La debilidad de su mandato le obliga a buscar alianzas con sectores más allá de la política partidista tradicional. Ello explica su comportamiento ante situaciones tales como el conflicto por el proyecto Paseo Caribe, los sindicatos, y la propuesta de enmienda constitucional en torno al matrimonio.
¿Podrá Acevedo Vilá revalidar para la gobernación? Si los precedentes históricos sirven de algo, sus oportunidades no son las mejores. Las elecciones de 1980 inauguraron la alternancia en el poder de 8 años entre el PPD y el PNP. Los 8 años del PPD están por vencer. Las derrotas de Ferré Aguayo en 1972 y Romero Barceló en 1988, demostraron que culpar al partido contrario que controlaba la Asamblea Legislativa, no surte efecto en nuestra política a beneficio del gobernador incumbente. La figura del Gobernador acapara la atención del Pueblo, y carga lo mismo con la fijación de responsabilidades que con la premiación por los esfuerzos. Para colmo, a Acevedo Vilá le ha tocado gobernar bajo un ciclo económico decadente que delata el agotamiento del Estado Libre Asociado. Finalmente, la experiencia del desmoronamiento electoral del Partido de Renovación Puertorriqueña en las elecciones de 1984, hace poco probable una división dentro del PNP camino hacia las del 2008. Los dados de la Historia están cargados en su contra.
Ante este gris panorama, los mejores aliados del Gobernador son su enorme talento político, y el tiempo. Después de todo, no serán las elecciones del 2008 el primer laberinto que su vida política haya tenido que cruzar. La diferencia estriba en que, el reto que le espera en las elecciones que se avecinan, será el que Aníbal Acevedo Vilá aceptó por propia voluntad, y no por un imprevisto histórico.