martes, 22 de julio de 2008

Ideología suprema (III)

Las Elecciones Generales de noviembre próximo no son solamente para decidir si será el Partido Popular Democrático o el Partido Nuevo Progresista el que gobernará a Puerto Rico durante los cuatro años siguientes. Esas elecciones decidirán también si será el estadolibrismo, o de lo contrario el anexionismo, el movimiento ideológico que controlará el voto mayoritario en nuestro Tribunal Supremo, durante los años por venir. Por ese solo hecho, estas elecciones son las más importantes desde la fundación del Estado Libre Asociado en 1952.
La cómoda mayoría que por décadas disfrutó el estadolibrismo en el Tribunal Supremo, comenzó a erosionarse durante la administración de Pedro Rosselló González (1993-2000). Para entonces, y gracias a la aplastante cantidad de nominaciones exitosas que hiciera Rafael Hernández Colón (1985-1992), el estadolibrismo mantenía una cómoda mayoría de 6 a 1 en el tribunal, siendo la excepción el Juez Asociado Francisco Rebollo López, quien había sido nominado por el anexionista Carlos Romero Barceló (1977-1984). El retiro voluntario de los jueces asociados Rafael Alonso Alonso y Antonio Negrón García, permitió a Rosselló González nominar con éxito a Baltasar Corrada del Río y a Efraín Rivera Pérez. La mayoría estadolibrista ya no era tan cómoda.

Este tránsito del estadolibrismo al anexionismo en el Tribunal Supremo, se contuvo momentáneamente durante la administración de la estadolibrista Sila María Calderón Serra (2001-2004). La entonces Gobernadora nominó exitosamente a las jueces asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez, amén de ascender consecutivamente a la presidencia del tribunal, a los jueces asociados Miriam Naveira Merly y Federico Hernández Denton. Sin embargo, el colapso de la administración de Calderón Serra, en unión al retorno de Rosselló González para competir por la gobernación en el año 2004, llevó al País a repetir la experiencia de 1980: la del “gobierno compartido” que dejó al “gobernador accidental” Aníbal Acevedo Vilá sin la mayoría necesaria en el Senado para llenar exitosamente las vacantes que surgirían en el tribunal. El PPD logró retener la gobernación en el 2004, pero las ventanas que históricamente le habían permitido nominar con éxito sus candidatos al Tribunal Supremo, se le estaban cerrando.
El primer indicio de la metamorfosis que en estos momentos vive nuestro Tribunal Supremo, se asoma tras el retiro forzado del Juez Asociado Corrada del Río en abril de 2005, al cumplir el límite de 70 años. En dicha ocasión, el Gobernador Acevedo Vilá declaró a la prensa que su sustituto debería poseer excelentes atributos académicos y judiciales; la más alta reputación profesional dentro de la comunidad legal; experiencia legal y administrativa; un temperamento judicial ideal y amplio apoyo entre la ciudadanía. Mas como todos sabemos, el Gobernador no anunció nominación alguna, a pesar de que el Tribunal Supremo enfrentaba el riesgo de empates en casos importantes; a pesar de que el Senado controlado por el PNP se encontraba sumido en pugnas internas de poder que permitieron a Acevedo Vilá nominar con éxito a diversos jefes de agencias; y a pesar de que ciertamente existen abogados en nuestro País que llenan a cabalidad los requisitos mencionados por el Gobernador.

El súbito e inesperado fallecimiento en diciembre de 2007 del Juez Asociado Jaime Fuster Berlingeri, nombrado por el Gobernador Hernández Colón, dejó al Tribunal Supremo con dos plazas vacantes. El retiro forzado en estos días del Juez Asociado Rebollo López al cumplir 70 años, ha creado la tercera vacante. En estos momentos, el máximo foro judicial del País está compuesto por cuatro jueces: tres de ideología estadolibrista y uno anexionista. Hay tres plazas vacantes y ni un solo candidato nominado para llenarlas. Haga usted el cálculo, y comprenderá que las elecciones venideras poseen una trascendencia singular.

Las citadas expresiones del Gobernador Acevedo Vilá de abril de 2005, en unión a la ausencia de nominados para tres plazas vacantes en el Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un elemento adicional que todo aspirante a dicho foro debe poseer, pero del cual nadie habla. Ese elemento, el de la ideología del candidato, es un tema del cual nuestra clase política prefiere no expresarse ante el País. Es un asunto tabú sobre el cual, salvo cándidos comentarios como los hechos en tiempos recientes por el Representante Jorge de Castro Font, no se habla. Pero no por omitirse deja de ser una realidad histórica que estamos viviendo, y que explica la anómala situación que vive la Rama Judicial.

La conciencia entre la clase política del País de que el anexionismo tiene ante sí la oportunidad histórica de controlar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, es la gran razón silente que explica la inercia por parte del PNP, y los esfuerzos constantes del PPD por mover la opinión pública en contra del compás de espera impuesto por el control anexionista del Senado. Es una etapa trascendental dentro de la vida del Estado Libre Asociado que nosotros como Pueblo, y más allá de la gobernación por 4 años, estaremos llamados a decidir en noviembre próximo.

lunes, 21 de julio de 2008

Ideología suprema (II)

Es una regla no escrita la de que, para ocupar una plaza de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y aparte de los necesarios atributos tales como inteligencia, experiencia, temperamento y otros de índole similar, la ideología del candidato es de importancia similar. Por ideología, en términos simples, me refiero a que el candidato, o la candidata, debe coincidir en su forma de pensar con el poder nominador, sea de quien se trate el presidente o el gobernador de turno. Como hemos podido ver en años recientes, la ideología de los candidatos a llenar vacantes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha convertido en un asunto cardinal, en ocasiones decisivo, al punto de que puede opacar todos los demás atributos personales y profesionales para el puesto.

La diferencia estriba en que mientras en Estados Unidos el debate se da en términos de controversias sociales (los derechos reproductivos, la desegregación racial, libertad de expresión), en nuestros País se da más bien en torno a temas que atañen a nuestra relación con aquel país. Ello se debe a que, por nuestra relación con los Estados Unidos, su Tribunal Supremo es el que determina el mínimo de derechos que nos asisten bajo su Constitución. En otras palabras, ese foro tiene la última palabra en algunos aspectos que, de ser Puerto Rico un país independiente, sería nuestro Tribunal Supremo el que los resolvería.

Como vimos en la columna anterior, las Elecciones Generales de 1968 marcaron el principio del fin del control ininterrumpido por el Partido Popular Democrático de la gobernación y, por ende, del poder de nombramiento de los jueces al Tribunal Supremo. Claro está, una cosa es tener el poder de nominar un juez; otra muy distinta es que exista una vacante que justifique la nominación, y que se cuente con un Senado dispuesto a aprobar ese nombramiento (recordemos que el Senado tiene la facultad constitucional de aprobar o rechazar las nominaciones al Tribunal Supremo). Eso ha quedado evidenciado al observar que, no obstante la alternancia en la gobernación con el P.P.D., durante los últimos cuarenta años, las oportunidades del Partido Nuevo Progresista para colocar jueces simpatizantes con su ideología en el Tribunal Supremo, no han ido de la mano con su estadía en el poder. Un sencillo ejercicio aritmético nos permitirá visualizar mejor el panorama.

Durante su incumbencia y con el Senado controlado por el P.P.D., el Gobernador novoprogresista Luis A. Ferré Aguayo (1969-1972) nominó con éxito a 3 candidatos al Tribunal Supremo, incluyendo uno como Juez Presidente, pero 2 de esos 3 fueron vinculados ideológicamente al P.P.D. Por el contrario, en su primer término el Gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976) nominó exitosamente a 5 candidatos. En sus 8 años como Gobernador, los 4 últimos con un Senado controlado por el P.P.D., Carlos Romero Barceló (1977-1984) tan solo nominó con éxito a un candidato. En los 8 años siguientes, sin embargo, el nuevamente Gobernador Hernández Colón (1985-1992), nominó con éxito a 7 candidatos. El Gobernador Pedro Rosselló González (1993-2000), con 8 años de administración a su haber, pudo nominar exitosamente a 2 candidatos. La Gobernadora Sila Calderón Serra (2001-2004), con sólo 4 años de administración, logró nominar exitosamente a 4 candidatos, incluyendo 2 al puesto de Juez Presidente.

En los últimos 40 años de alternancia en el gobierno, el P.P.D. y el P.N.P. han controlado el poder ejecutivo nominador por 20 años cada uno. El P.P.D. ha logrado nominar con éxito en sus períodos en el poder durante esos años a 16 candidatos, incluyendo los últimos 5 jueces presidentes. En sus 20 años en el poder, el P.N.P. logró nominar con éxito a 6 candidatos, de los cuales al menos 2 no fueron vinculados ideológicamente a ese partido. Esto deja al P.N.P. con 4 jueces a su haber, ninguno de los cuales ha sido Juez Presidente.

Como resultado de todo lo anterior, el P.N.P., aun en sus momentos de mayor predominio, siempre ha estado representado minoritariamente en el Tribunal Supremo, en lo que a su ideología concierne. Ante ese cuadro, el P.N.P. optó por intentar el control ideológico del tribunal por otras vías. Bajo la administración de Romero Barceló, grupos de presión se apostaron frente al tribunal para intentar intimidar a los jueces con manifestaciones de hostilidad. El propio Gobernador llegó a catalogar de “barbaridad” una decisión del tribunal sobre un asunto de gran interés público.

El caso más claro para ilustrar la insatisfacción anexionista con la composición predominante en el Tribunal Supremo lo fue, sin embargo, el de Rosselló González. Recordemos que, emulando el famoso plan del Presidente Roosevelt para alterar la composición del Tribunal Supremo estadounidense en la década de 1930, Rosselló González promovió la celebración de un referéndum en 1994. El objetivo entonces fue enmendar la Constitución, para aumentar a 9 el número de plazas de jueces en el Tribunal Supremo, lo cual habría permitido al Gobernador nombrar suficientes jueces como para lograr una mayoría afín a sus ideales. Ese “court-packing plan” fracasó en las urnas.

En la parte final de esta serie, a publicarse el viernes próximo, utilizaremos estos datos del pasado, para evaluar la situación en el presente.

Ideología suprema (I)

Conforme se aproximan las Elecciones Generales, en los medios informativos se ha ido acrecentando una discusión pública en torno a la negativa de la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Nuevo Progresista, a considerar los nombramientos del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá para diversos cargos gubernamentales. Ningún ámbito, quizás, ha generado más controversia que las nominaciones para las plazas vacantes de jueces en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Existen buenas razones para esta discusión en los medios informativos pues, en términos de la Rama Judicial, las elecciones de noviembre de este año pueden muy bien ser las más importantes en más de medio siglo, o sea, desde la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Es prudente y necesario que, como Pueblo, reconozcamos la importancia de lo que se avecina, pues se trata de un momento crítico en la cada vez más azaroza existencia del E.L.A. Para facilitar el análisis histórico de este trascendental asunto, es importante que repasemos nuestro esquema constitucional y su funcionamiento con el correr de los años.

El Artículo 5, Sección 3 de la Constitución del E.L.A., prescribe que nuestro Tribunal Supremo se componga de un total de 5 jueces. Esa misma sección, sin embargo, dispuso además que el número de jueces podría ser aumentado o disminuido solamente a solicitud del propio tribunal y en virtud de ley. Desde la creación del E.L.A. en 1952, el número original de la Constitución se aumentó a 9 jueces en 1961, y se redujo a 7 en 1975. Obviamente, uno puede discernir que el número de jueces variará dependiendo de la carga de trabajo que pese sobre el más alto foro judicial del País. Igualmente discernible es la razón que explica por qué el número de jueces siempre es impar (5, 7, 9): evitar, en la medida de lo posible, los empates. En otras palabras, el Tribunal Supremo está diseñado para que siempre exista la probabilidad de una mayoría, aunque sólo sea de un voto (4 a 3 en la actualidad).

Advertirá el lector que hago referencia a solamente una probabilidad de mayoría. Ello se debe a que la naturaleza del proceso interno del Tribunal Supremo no obliga a todos los jueces a participar en todas las decisiones que el foro toma, salvo circunstancias excepcionales. Uno o más jueces pueden, por ejemplo, abstenerse de intervenir en un caso en particular, dejando el camino libre para que la controversia se adjudique a base de los votos de los jueces que sí participan. Esta mecánica decisional no es exclusiva de Puerto Rico. Muchos tribunales supremos estatales de los Estados Unidos funcionan de manera similar. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por ejemplo, se compone de 9 jueces. En el caso de este último tribunal, su composición por 9 jueces ha sido determinada por una ley del Congreso desde 1869, ya que la Constitución federal no lidió con ese asunto.

Volvamos ahora a Puerto Rico. Un repaso a su historia reciente ilustra que la ideología ha sido también un factor de mucha importancia, a la hora de seleccionar a los candidatos a ingresar a dicho foro. En los primeros 50 años de control por los Estados Unidos, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico fueron nombrados directamente por el presidente estadounidense de turno, y en los primeros tiempos no todos los nombrados eran puertorriquenos, por cierto. Conforme relata el ex Juez Presidente del Tribunal Supremo, José Trías Monge, los magistrados nombrados previo a la creación del E.L.A., especialmente en las primeras decadas del Siglo 20, compartían la creencia y aspiración de anexar al País a los Estados Unidos. No olvidemos que esa es la época, precisamente, en que tiene lugar el proceso de “americanización” al que nos hemos referido anteriormente. Son lo años en que el anexionismo controló nuestro Tribunal Supremo.

El ascenso a partir de la década de 1940 de Luis Muñoz Marín y el P.P.D., auguró cambios importantes en la composición del Tribunal Supremo, tal y como lo establece el Profesor Luis Rivera Rivera, en la reciente obra de su autoría sobre la historia del tribunal. Existiendo ya vacantes en el foro, Muñoz Marín recomendó que no se llenaran por el Presidente de los Estados Unidos con miras a, una vez convertido en Gobernador del E.L.A., poderlas llenar él. A partir de entonces y hasta finales de la década de 1960, el P.P.D. controló el nombramiento de los candidatos a jueces del Tribunal Supremo. Este dominio absoluto del gobierno le permitió al P.P.D., en ocasiones, el lujo de nombrar jueces que no necesariamente coincidían ideológicamente con el partido de gobierno, pero siempre en condición minoritaria. El resurgir electoral del anexionismo, a partir del nacimiento del poderoso Partido Nuevo Progresista a finales de la década de 1960, cambió dramáticamente este panorama en términos electorales, pero no necesariamente en términos judiciales, hasta ahora.

Boumediene versus Bush

En una columna de hace algún tiempo atrás (“Guantánamo y Juana Díaz son...”) discutí el caso de Balzac vs. Porto Rico, de 1922, mediante el cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz de su Juez Presidente William H. Taft, había decretado que Puerto Rico seguía siendo un “territorio no incorporado”, a pesar de la concesión de la ciudadanía estadounidense en 1917. Aludí además a un caso originado en las galeras presidiarias de Guantánamo en Cuba, donde un grupo de los llamados “enemigos combatientes” retaron en un tribunal federal la autoridad del gobierno de los Estados Unidos para mantenerlos prisioneros indefinidamente.

Ese pleito fue decidido la semana pasada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su nombre le da título a esta columna. Mediante una sentencia dictada el 31 de enero de 2005, un tribunal federal había determinado que esos prisioneros poseían algunos derechos constitucionales pero otros no, basándose, en parte, en los Casos Insulares resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1901 y 1922. El tribunal concluyó que los Casos Insulares mantenían su vigencia, Balzac vs. Porto Rico inclusive. Ahora, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha confirmado que los Casos Insulares en general, y Balzac vs. Porto Rico en particular, continúan vigentes. Ese resultado y las expresiones de algunos de los protagonistas de ese drama judicial, merecen especial atención.

Es interesante observar que los medios de prensa en los Estados Unidos han centrado su atención en que Boumediene vs. Bush se decidió mediante votación de 5 a 4, votando la mayoría de los jueces a favor de reconocerles algunos derechos constitucionales a los “enemigos combatientes”. La posición minoritaria sostuvo que no tenían tales derechos, argumentado que los Estados Unidos seguían “en guerra” contra el islamismo radical. Lo que pasó desapercibido para esos órganos de prensa, pero que por su importancia para nosotros debe ser objeto de conocimiento y discusión, es que los nueve jueces estuvieron de acuerdo en que los Casos Insulares siguen siendo fuente de autoridad para decidir disputas jurídicas con consecuencias internacionales.

En la opinión mayoritaria, el juez Anthony Kennedy afirmó, citando el caso de Balzac que “el Tribunal usó los Casos Insulares para crear una doctrina que le permitiera usar sus poderes con moderación y donde fuese más necesario”. Aún más importante, el juez Kennedy afirmó que “esa doctrina centenaria [la de los Casos Insulares] es la que guía nuestro análisis en el caso ante nuestra consideración”. Por último, ese magistrado razonó que los Casos Insulares están fundados en “la noción de que asuntos extraterritoriales se rigen por consideraciones prácticas y factores objetivos, y no por meros formalismos”. A mi modo de ver, la explicación, y la implicación, son claras: los Estados Unidos reiteran la validez de los Casos Insulares como un mecanismo que le permite a ese país justificar su política “extraterritorial” (entiéndase “fuera de los Estados Unidos”), con amplio margen discrecional (“consideraciones prácticas”) y para mantener el dominio colonial sobre Puerto Rico (“factores objetivos”).

La opinión más importante de los cuatro jueces disidentes, la del juez Scalia, también reconoce la vigencia de los Casos Insulares. En su opinión disidente, el juez Scalia afirmó igualmente que el caso Balzac vs. Porto Rico era aplicable, aunque de manera distinta a como propuso el juez Kennedy. Más allá de las consideraciones legalistas, la lección de Boumediene vs. Bush parece ser clara. No importa qué tan alejadas puedan estar las posiciones de los jueces y las partes litigantes sobre otros aspectos, parece existir unanimidad en que los Casos Insulares no han sido revocados por casos o legislación posterior. Siguen siendo ley.

Algo que la prensa de los Estados Unidos tampoco reportará, pero que igualmente nos concierne, es que en los alegatos de las partes ante el Tribunal Supremo también se citó a los Casos Insulares como fuente de autoridad. Uno de esos alegatos describe a Puerto Rico como una mera posesión bajo el control de los Estados Unidos, amparándose en el caso Balzac. Ese alegato es, nada más y nada menos, que el del Presidente George W. Bush. Por su parte, el alegato de los abogados de los “enemigos combatientes” cita al caso Balzac, para sostener que aún los extranjeros (“aliens”) tienen derechos constitucionales que deben respetarse bajo la Constitución de los Estados Unidos.

Sumando lo anterior, encontramos la lección de Boumediene vs. Bush que como pueblo nos concierne. Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos están de acuerdo en la vigencia de los Casos Insulares. Al amparo de uno de esos casos, el de Balzac, el Presidente de los Estados Unidos afirmó ante el Tribunal Supremo, que ese país todavía mantiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. El Tribunal le dio la razón en cuanto a ese aspecto. Finalmente, los “enemigos combatientes” sostuvieron ser tan extranjeros como los puertorriqueños lo fueron en el caso Balzac, y que tal condición no impedía que se les reconocieran derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo les dio la razón.

Todos ellos, jueces y partes, de una o otra forma ganaron. Nosotros los puertorriqueños, de cualquier manera, perdimos.

Recomposición colonial y la lucha por los símbolos (II)

Como recordarán de mi columna anterior, la misma comenzó narrando el incidente histórico de 1932 de la marcha de Pedro Albizu Campos y sus seguidores hacia el Capitolio, para prevenir que la bandera monoestrellada pasara a ser el símbolo del régimen colonial. El enfrentamiento culminó en un motín en el que murió el nacionalista Manuel Suárez Díaz, pero logró abortar la intentona legislativa. Veinte años después, al crearse el Estado Libre Asociado, se aprobó la legislación que hizo de la bandera monoestrellada, la que desde su origen había personificado la lucha por la soberanía boricua, el símbolo principal del nuevo régimen fundado en 1952.

Los símbolos apelan a nuestras emociones más intensas y la bandera puertorriqueña, como suele ocurrir con los demás pueblos del orbe, es uno de los símbolos más potentes y patentes de identidad y orgullo nacional. Por ello, no es de extrañarse que el gobierno de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular, procurase hacer de la bandera nacionalista el símbolo más evidente del nuevo Estado Libre Asociado. Al hacer suya la insignia de la nacionalidad puertorriqueña, se legitimaba el nuevo régimen colonial.

A lo largo de su existencia, el E.L.A. se ha nutrido de otras expresiones culturales para mantener su reclamo de ser un régimen adecuado para el País, presentándose ante los ojos del Pueblo puertorriqueño como la imagen frente al espejo. Con ello ha perseguido demostrar que Puerto Rico puede ser lo que siempre ha aspirado a ser, dentro del régimen colonial: “lo mejor de dos mundos”. Así, los boricuas hemos vivido bajo un sistema que en la década de 1950 funda el Instituto de Cultural Puertorriqueña, y en 1960 gestiona el voto presidencial. La cultura nacionalista y una aspiración anexionista se convirtieron en símbolos que los gobiernos del Partido Popular procuraron hacer suyos, con miras a sostener la siempre cuestionada legitimidad del E.L.A.

Los adversarios del sistema, pero muy en especial el anexionismo, comenzaron a partir de los años 60 a retar el control sobre símbolos en poder del Partido Popular. Con su concepto de “estadidad jíbara”, Luis A. Ferré Aguayo le propuso al País que, como parte de los Estados Unidos, podríamos conservar nuestra personalidad colectiva: ser tan jíbaros como lo éramos bajo el E.L.A. y en la bandera roja y blanca del Partido Popular. El reto anexionista continuó con “la estadidad es para los pobres” de Carlos Romero Barceló, procurando erosionar el control del Partido Popular sobre el mensaje de que el símbolo del progreso económico era provincia exclusiva del sistema vigente.

Las administraciones de Rafael Hernández Colón de 1984 y 1988, dieron paso a la lucha por otros símbolos de identidad nacional para intentar detener el avance descolonizador del reto anexionista. El idioma español se convirtió en el nuevo campo de batalla. El sistema colonial criollo le planteó al País que podíamos quedarnos como estábamos y mantener el idioma español, ganar el premio Príncipe de Asturias en su defensa, recibir la visita de los reyes de España, y tener nuestro propio pabellón en Sevilla.

La llegada al ruedo político de Pedro Rosselló González, renovó el reto anexionista y la batalla por los símbolos, incluyendo la bandera puertorriqueña ondeando sola en su campaña electoral y su afirmación de que el idioma español no sería negociado para lograr la estadidad. Bajo su administración, incluso los símbolos de “estado”, “libre” y “asociado” dejaron de ser parte de nuestra identificación, convirtiéndose meramente en “Gobierno de Puerto Rico”.

La crisis en la relación colonial provocada por la muerte de David Sanes Rodríguez en abril de 1999, puso en manos del anexionismo un nuevo símbolo de lucha que, hasta entonces, había sido provincia casi exclusiva del independentismo: Vieques. En efecto, la inserción del anexionismo en la lucha contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos por Vieques, mediante el fomento de la desobediencia civil al negarse el gobierno de Rosselló González a intervenir con los desobedientes civiles en la Isla Nena, hizo de su liberación un símbolo de lucha compartida del anexionismo y el independentismo, contra el régimen colonial.

La vuelta al poder del Partido Popular en el 2000, marcó la adopción por esa colectividad de un nuevo símbolo para recomponer el sistema colonial: la llamada “ciudadanía puertorriqueña”. Un examen de la opinión mayoritaria de noviembre de 1997 del Tribunal Supremo en el caso del licenciado Juan Mari Bras, deja al descubierto la fuente que dicho foro utilizó como base de esa ciudadanía: el E.L.A. Ello explica por qué el Departamento de Estado ofrece “certificados de ciudadanía puertorriqueña” a quien lo solicite. El sistema bajo el que hemos vivido por más de medio siglo posee flexibilidad, lo mismo para aspirar al voto presidencial, que para consagrar el idioma español, que para ofrecer su propia ciudadanía puertorriqueña. Al adoptar los símbolos del estado incorporado a los Estados Unidos, al igual que los de la república separada, el E.L.A. demuestra su asombrosa elasticidad para la supervivencia.

Al observar, pues, este historial, me disculparán si miro con escepticismo los actuales reclamos de soberanía del oficialista Partido Popular, al mismo tiempo que tolera y fomenta en nuestro País la celebración de la primaria presidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Mediante los símbolos, la colonia se recompone.

Recomposición colonial y la lucha por los símbolos (I)

Ocurrió el 16 de abril de 1932, natalicio de José de Diego. Don Pedro Albizu Campos, Presidente del Partido Nacionalista, se dirigió a un grupo de simpatizantes en la Plaza de Armas del Viejo San Juan. Allí y entonces, Albizu Campos denunció que la Asamblea Legislativa se proponía adoptar la bandera monoestrellada como emblema oficial del gobierno colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico. Tras denunciar el inminente acto, Albizu Campos caminó con un nutrido grupo de seguidores al Capitolio, para impedir lo que ellos consideraban una afrenta a su ideario político y a la nacionalidad puertorriqueña.

En el campo de la Historia y otras disciplinas se utiliza con frecuencia un concepto que se conoce como “recomposición hegemónica”. El mismo se refiere a la habilidad de una nación o imperio para mantener su control sobre otros pueblos – su hegemonía – mediante modificaciones a los mecanismos que usa para ejercer ese control, a los fines de fortalecerlo y preservarlo. Las circunstancias cambian pero el sistema de control, en su esencia, procura permanecer. El imperio se auto-perpetúa.

Se ha afirmado que Puerto Rico es la más antigua colonia en existencia. Desde nuestros orígenes, los puertorriqueños hemos vivido bajo la hegemonía de dos imperios: el español durante los primeros cuatrocientos años, y el estadounidense durante más de un siglo. Partiendo de las premisas sentadas en estos primeros tres párrafos, les invito a reflexionar sobre lo que llamaré la “recomposición colonial” del régimen imperante en Puerto Rico. En otras palabras, les propongo visualizar la historia contemporánea de nuestro País desde otra perspectiva, en la cual el régimen colonial evoluciona y se acomoda a las circunstancias cambiantes en la vida del pueblo puertorriqueño, con miras a preservar su existencia. La colonia también se auto-perpetúa. Pasemos ahora a otro nivel.

Si mis premisas son correctas, la situación de dominio colonial que hemos vivido a lo largo de nuestra historia ha discurrido, esencialmente, por dos caminos. El primero lo ha sido el de modificaciones al sistema social, político, militar y económico que sostienen al régimen. Por esa vía, las recomposiciones colonial y hegemónica caminan juntas, pues los cambios se originan desde la nación o imperio dominante. En tiempos de España, el ejemplo más claro lo sería la Real Cédula de Gracias de 1815 (el “segundo piso” de José Luis González), probablemente el evento histórico más decisivo en la Historia de Puerto Rico, junto con el Descubrimiento en 1493 y el Cambio de Soberanía en 1898. Bajo los Estados Unidos, los ajustes han sido más frecuentes: las leyes Foraker, Jones y 600, por nombrar sólo algunas.

El segundo camino es el que nos toca más de cerca, porque se origina desde adentro del régimen colonial: es la lucha por los símbolos de la identidad puertorriqueña. Ese conflicto es el eje central de esta columna, pues es el producto de nuestras luchas internas como pueblo, en el que unos procuran preservar la situación colonial, mientras que otros laboran por quebrarla. Apoderarse de los símbolos nacionales permite promover, o combatir, el régimen bajo el que vivimos.

Consideremos el deporte de las peleas de gallos. Sí, las peleas de gallos. A finales del Siglo XIX y ya en el ocaso del dominio español, el líder autonomista Luis Muñoz Rivera menospreció ese pasatiempo popular, al considerarlo vulgar. Bajo el gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, Muñoz Rivera impulsó legislación para legalizar las peleas de gallos, que habían sido proscritas por la nueva metrópoli. El Cambio de Soberanía de 1898 hizo del deporte gallístico un símbolo de resistencia contra el régimen colonial.

Consideremos a Betances. Sí, a Don Ramón Emeterio Betances Alacán. El inspirador del Grito de Lares falleció en el exilio impuesto por el régimen colonial español, precisamente en el París de 1898, donde se consagra el Cambio de Soberanía. A las ideas revolucionarias de Betances le dio la espalda el liderato autonomista puertorriqueño que buscaba un acomodo con España, hasta culminar con la Carta Autonómica de 1897. Ese mismo liderato autonomista, transformado en la Unión de Puerto Rico bajo el dominio estadounidense, es el que gestiona a partir de 1913 el traslado a nuestro País de los restos de Betances, gesta que culmina en 1920 en medio de homenajes y pompas fúnebres. El proscrito del ayer fue transformado también en símbolo de resistencia, contra el régimen colonial vigente.

Durante las primeras décadas del Siglo XX, la nación puertorriqueña se valió de sus símbolos para enfrentar la recomposición hegemónica de los Estados Unidos. A los ejemplos ya vistos del deporte de gallos y el recuerdo de Betances se unieron otros, como la preservación del idioma español y de nuestras tradiciones durante el proceso de “americanización”, impulsado principalmente desde el sistema de educación; la “recuperación” de nuestro nombre, después de más de treinta años durante los cuales los Estados Unidos nos llamó “Porto Rico”; la lucha, ejemplificada por el episodio narrado al principio de esta columna, por preservar la monoestrellada como emblema de liberación patria.

La entrada al escenario político de Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz Marín cambió el panorama puertorriqueño, para dar paso a los ciclos de recomposición colonial que persisten, hasta nuestros días. Pero eso lo veremos en mi próxima columna.

“Aníbal Romero Vilá”

El Gobernador y Presidente del partido se dirige desde la tarima en el coliseo a sus enardecidos seguidores, quienes enarbolan banderas al aire, sin cesar. Detrás del Gobernador, la plana mayor del partido permanece sentada con aire de solemnidad o haciendo gestos de triunfo. Entre el público, activistas del partido se mueven para animar a las masas. Finalmente, el Gobernador lanza un reto-invitación a la masa para que valide su liderato y su disposición para correr nuevamente a la gobernación. Cerca de él, su máximo rival para esa candidatura le observa con un sentido de impotencia, pues sabe que ante la masa enardecida que allí aclama al Gobernador, sus oportunidades de retarle son nulas, por no decir suicidas, política y físicamente.

Y lo más significativo es que la gente pensante dentro del partido sabe, y lo comenta por lo bajo, que el correligionario y rival del actual Gobernador tiene mejores posibilidades que éste de llevarlos al triunfo. Pero nada hacen. El Gobernador se impone. Todos lo felicitan y proclaman unidad. El partido, sin embargo, no es el Popular Democrático, sino el Nuevo Progresista. La fecha no es abril de 2008, sino noviembre de 1982. El líder no es Aníbal Acevedo Vilá, sino Carlos Romero Barceló. Con distintos actores y escenarios, la trama actual es la misma de hace 26 años. Recordemos.

Para el año 1982, el Partido Nuevo Progresista bajo Romero Barceló se encontraba en su segundo término a cargo de la gobernación de Puerto Rico. Se trataba, sin embargo, de un partido disminuido en su poder, tras haber revalidado para la gobernación en las elecciones previas por apenas alrededor de tres mil votos; poco más o menos la misma ventaja que obtuvo el Popular Democrático en las elecciones de 2004. En las elecciones de 1980, teñidas por imputaciones de fraude en el edificio Valencia, el Partido Nuevo Progresista caminó al borde del precipicio, reteniendo apenas la gobernación y la comisaría en Washington, mientras su principal adversario lograba el control de la Asamblea Legislativa y recuperaba numerosos municipios. Surgieron los “pavazos”. En una inversión de papeles, el Partido Popular Democrático experimentó en las elecciones de 2004 una situación similar con Acevedo Vilá logrando apretadamente la gobernación, al mismo tiempo que su colectividad perdía el control de la Asamblea Legislativa. Surgieron los “pivazos”.

A consecuencia del apretado triunfo (“¿qué victoria?”) de 1980, Romero Barceló quedó debilitado en su liderato dentro del partido y en sus aspiraciones a un nuevo término como Gobernador en las próximas elecciones. El caso del Cerro Maravilla; su oposición a la liberación de los presos políticos nacionalistas; el asomo de la corrupción como tema de campaña; el famoso abucheo durante la inauguración de los Juegos Panamericanos en 1979; la entonces aún existente crisis económica y la conversión del llamado Fuerte Allen en un campo de concentración para migrantes haitianos, fueron todos factores que minaron la confianza pública en el entonces Gobernador.

Como resultado, la atención pública se centró alrededor del triunfante Alcalde de San Juan, Hernán Padilla, quien había logrado revalidar cómodamente dentro de la debacle novoprogresista de 1980. Miembros del partido comenzaron a presionar, en público y en privado, al Gobernador para que cediera su aspiración al Alcalde de San Juan.

Regresemos al presente. Dentro y fuera del Partido Popular Democrático, ha sido un secreto a voces que el ex Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Alejandro García Padilla, y el Alcalde de Caguas, William Miranda Marín, aspiraron a reemplazar a Acevedo Vilá en la candidatura a la gobernación. La desilusión pública con la gobernación de Sila María Calderón Serra la cual, irónicamente, llevó a Acevedo Vila a ese puesto, colocó a éste en una situación de precariedad muy similar a la del Romero Barceló de 1980. Complicándole la situación al actual Gobernador, tenemos que el País se encuentra en otra crisis económica, y que vivimos en la era de Youtube (“un alivio contributivo sin precedentes”; “Rubén... yo no voy a imponer un sales tax”). El golpe de gracia que hizo tambalear su liderato, por supuesto, es la ofensiva sin precedentes del gobierno de los Estados Unidos, en forma de cargos criminales.

Al igual que el Padilla de 1982, el García Padilla y el Miranda Marín de 2008 poseen algo con lo que ni el Romero Barceló de 1982 ni el Acevedo Vilá de 2008 pueden contar: una imagen pública lozana sin laceraciones por el desgaste, que es el fruto obligado de las luchas electorales por la gobernación de Puerto Rico.

Conocedores de sus debilidades electorales, Romero Barceló en 1982 y Acevedo Vilá en 2008, trajeron el asunto públicamente ante las masas activistas, en lugar de dilucidar los retos a su liderato en los espacios privados de las juntas de gobierno de sus colectividades. Para dichos fines los coliseos, como en los tiempos de la Antigua Roma, se transforman en el escenario ideal para que el mollero de las masas imponga su parecer por encima, incluso, del Emperador. Romero Barceló aplastó a Padilla en el Coliseo Pachín Vicéns de Ponce en noviembre de 1982. Acevedo Vilá hizo lo propio con García Padilla y Miranda Marín en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, en abril de 2008.

¿Las lecciones? Que la historia se puede repetir, parcial pero no absolutamente, y que los políticos, al igual que los gladiadores romanos, se valen de las masas enardecidas para triunfar, o morir.

¡Vendepatria!

En nuestro País, nunca ha sido fácil ser independentista. Desde que el separatismo comenzó a tomar forma y sentido en tiempos de España, y como movimiento anti-colonialista que siempre ha sido, el mismo ha sufrido todo tipo de persecución. Esa tónica no cambió a partir de que los Estados Unidos se hicieran con el dominio sobre Puerto Rico en 1898.

Imputaciones de terrorismo, comunismo y subversión armada, han sido utilizados tanto por las autoridades estadounidenses como por los administradores coloniales locales de turno para, por así decirlo, “definir” a los independentistas. Éstos, en virtud de una prédica simplista pero efectiva, han sido presentados por años ante los ojos del Pueblo de Puerto Rico como seres peligrosos y lunáticos y, por ende, castigables, incluso con la muerte.

¿Y qué con los anexionistas? Tal vez la “definición” del anexionismo en Puerto Rico no produzca los niveles de persecución y violencia física que martirizaron por décadas al independentismo bajo el imperio de los Estados Unidos. Pero un vistazo a nuestra Historia permite concluir que, para los anexionistas criollos, la vida tampoco ha sido sencilla. A éstos se les ha asociado con entreguismo, barriguismo y traición. Se les ha definido como cómplices de la amenaza de destrucción de nuestra personalidad como país. Una pegatina que en ocasiones se ve en los autos, les invita en un tono no muy cortés a largarse a cualquiera de los 50 estados de la Unión, de una vez. Un epíteto emblemático de todo lo anterior le da su título a esta columna.

Es por eso que un libro de reciente publicación, “Posesión del ayer: La nacionalidad cultural en la estadidad”, de Mario Ramos Méndez, presenta una propuesta refrescante que debe llevarnos a todos a replantearnos cómo nos vemos a nosotros mismos. En términos breves, la teoría de Mario Ramos consiste en que el anexionismo puertorriqueño, aun desde antes de 1898, ha sido un movimiento culturalmente nacionalista que ve en la anexión a los Estados Unidos una solución política al problema del colonialismo, pero sin ceder un ápice de nuestra cultura y personalidad puertorriqueñas.

En “Posesión del ayer”, el autor nos ofrece las expresiones y acciones públicas de los líderes anexionistas, para ilustrar una premisa fundamental: la de que ese movimiento no es otra cosa que una manifestación del autonomismo que en su momento unió a José Celso Barbosa con Luis Muñoz Rivera bajo el palio del Partido Autonomista Puertorriqueño de finales del Siglo 19. Conforme a la tesis de Mario Ramos, las raíces del anexionismo de Barbosa y sus seguidores no se ubican en un deseo de asimilar a nuestro País a los Estados Unidos, sino en hacerlo formar parte de lo que ellos entonces concebían como una “federación de repúblicas”, en la cual nuestra “Patria Regional” mantendría intactas sus costumbres, idioma y tradiciones. La “americanización” que estos líderes vislumbraban no era la de la enseñanza por la fuerza en inglés en las escuelas, que era como lo veían los estadounidenses, sino la adopción de las tradiciones políticas y cívicas de la nueva metrópoli.

A lo largo de su obra, Mario Ramos nos ofrece argumentos persuasivos de que esa corriente nacionalista, o sea, la que reconocía en Puerto Rico un pueblo distinto al de los Estados Unidos y no estaba dispuesta a sacrificar la personalidad puertorriqueña, fue una constante dentro del liderato anexionista, hasta nuestros días. Aquí, la “estadidad jíbara” de Luis A. Ferré Aguayo encuentra su razón de ser. Incluso, la política de los Estados Unidos hacia Puerto Rico parece sugerir un reconocimiento de que aun los puertorriqueños anexionistas poseen una idiosincrasia particular que los distingue de los estadounidenses, lo cual tal vez explique, por ejemplo, por qué la inmensa mayoría de los funcionarios que laboran en el Tribunal federal en Puerto Rico, incluso jueces y fiscales, son puertorriqueños.

Una de las principales aportaciones de “Posesión del ayer”, a mi modo de ver, lo es su propuesta de redefinir el anexionismo puertorriqueño como un movimiento anti-colonialista enraizado, al igual que el independentismo, en la defensa de la nacionalidad puertorriqueña. Ejemplos relativamente recientes brindan apoyo a su propuesta, tales como la afirmación de Carlos Romero Barceló de que aceptaría la independencia si no le ofrecían la estadidad, y el uso por Pedro Rosselló González de la bandera puertorriqueña ondeando sola en sus campañas proselitistas.

Aún en el caso de Rosselló González, quien llegó a señalar que la nación puertorriqueña nunca ha existido, se podría deducir que esa expresión no contradice el carácter puertorriqueñista de su ideología. De hecho, ello produjo respuestas enérgicas de afirmación boricua, ejemplificadas por la “Nación en marcha” del verano de 1996. Se trata del tipo de efervescencia nacionalista que no se observa cuando gobierna el Partido Popular Democrático, y que sospecho fue provocada por Rosselló González con toda intención.

La persuasiva tesis que nos propone Mario Ramos puede llevar al planteamiento de que, en sus coincidencias, es ya hora de que el anexionismo y el independentismo puertorriqueños dejen de lado sus arcaicas rencillas que sólo generan un resultado: la perpetuación de un régimen colonial por un sector minoritario de la política puertorriqueña, por encima del sentimiento mayoritariamente anti-colonialista que rige al País. Un sentimiento tan poderoso que, cuando se conjugan sus sectores independentista y anexionista, resquebraja los pilares del régimen colonial. Si no me creen, pregúntenle a la Marina de Guerra estadounidense.

No es vendepatria, sino compatriota.

Entre las fauces de Cronos

El encauzamiento del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá por el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, es un hecho histórico de extraordinaria importancia. Tan importante, que no es necesario esperar años para aquilatarlo en la distancia. Para poder apreciarlo en toda su magnitud, debemos repasar eventos acontecidos en la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico durante los pasados 70 años.

El domingo 21 de marzo de 1937, tuvo lugar uno de los eventos más dramáticos, tristes, y olvidados, en la Historia de Puerto Rico: la Masacre de Ponce. Decenas de personas fallecieron, incluyendo una niña, a manos de la entonces llamada “Policía Insular”. La Masacre de Ponce, al igual que eventos similares anteriores y posteriores, marcó un hito en la relación entre nuestro País y los Estados Unidos: la creciente utilización de los recursos del gobierno de Puerto Rico para reprimir todo movimiento que, de la forma que fuese, representase un reto para el sistema colonial estadounidense. En efecto, se trata del régimen colonial sostenido y defendido por unos puertorriqueños contra otros puertorriqueños.

El ascenso al poder del Partido Popular Democrático a partir de 1940, significó grandes cambios en las condiciones de vida del Pueblo puertorriqueño. Cambios que, no hay por qué negar, fueron en ocasiones claramente positivos. No obstante, significó además que el Partido Popular asumía la función de garantizar “la ley y orden” en el sistema colonial que redundaría en la fundación del Estado Libre Asociado en 1952.

En efecto, un vistazo al historial represivo contra el nacionalismo y el independentismo en Puerto Rico a partir de 1950, delata que el Partido Popular ejercía dicha función como parte de la encomienda impuesta por el poder estadounidense: el sostenimiento del régimen colonial. La supresión del Alzamiento Nacionalista de 1950 fue ejecutada por la llamada “Guardia Nacional” y la Policía puertorriqueñas contra sus propios compatriotas con fiera crueldad. Fue el gobierno del Partido Popular el que promulgó la infamemente conocida como “Ley de la Mordaza”, dirigida a castigar con cárcel toda manifestación de amor patrio, incluyendo, el despliegue de la bandera puertorriqueña.

El papel represivo del Partido Popular, primero contra el independentismo y luego contra el anexionismo, sirvió por ende para legitimar ante el mundo la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico, en la medida en que esa función del gobierno puertorriqueño relevaba a los Estados Unidos de tener que utilizar sus propias fuerzas para reprimir los movimientos anti-colonialistas. La represión violenta y la persecusión política adquirían así un cariz “local”. Esta colaboración de décadas se rompió de momento, al negarse el gobierno anexionista de Pedro Rosselló González a remover a los desobedientes civiles de Vieques, gesta que culminó con la salida de la Marina de Guerra y un proceso de acelerada desmilitarización de nuestro País. La vuelta al poder del Partido Popular marcó el retorno a la colaboración represiva, como lo atestigua la muerte de Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre de 2005. Esta breve estela de eventos históricos es lo que hace tan extraordinaria la formulación de cargos criminales contra el Gobernador de Puerto Rico, y explica el título de esta columna.

Según la mitología de la antigua Grecia, Cronos era el monarca de los dioses, tras deponer a su padre el dios Urano. Ya reinando, Cronos se enteró de una profecía que afirmaba que un día él a su vez sería depuesto por uno de sus descendientes. Para evitar el cumplimiento de la profecía, Cronos recurrió a una medida radical: se comía a sus propios hijos.

Al igual que la deidad griega, los Estados Unidos han ido devorando, poco a poco y uno por uno, los pilares que la propia Superpotencia creó para el sostenimiento por más de un siglo de un régimen colonial sobre el Pueblo de Puerto Rico. La legislación federal popularmente conocida como la “936”; la relación de libre comercio exclusivo entre ambos países; la llamada “defensa común” con la cual se justificaba la presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico. Todas han desaparecido o están en camino de hacerlo. Ahora le toca al Partido Popular.

La afirmación por el Gobernador de que los cargos criminales presentados por el gobierno de los Estados Unidos no van dirigidos contra él, sino contra el Pueblo de Puerto Rico, no es del todo exagerada. Esas acusaciones son una descarga mortífera contra la legitimidad del Estado Libre Asociado como régimen “autonómico”, y contra la agrupación política que prestó su colaboración al sostenimiento del régimen colonial al que, a su vez, debe su razón de ser. Acusar criminalmente al Gobernador y líder máximo del partido político que ha defendido por décadas al E.L.A., es desnudar al mismo de su ropaje mitológico del “pacto entre pueblos” que legitimó su existencia.

Como gobernador colonial de turno, a Aníbal Acevedo Vila le ha tocado expiar los excesos cometidos por décadas contra los opositores al gobierno colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico. Por esas llamadas vueltas de la vida, el perseguidor se ha convertido en perseguido.

José Luis González: el “País de cuatro pisos” y la nacionalidad puertorriqueña

¿Por qué programas como el de “La Comay” y “No te duermas” tienen más audiencia que otros tales como “Cultura viva”? ¿Por qué existe una actividad como el “Día nacional de la salsa” pero no una similar dedicada a nuestra danza? Las respuestas a estas y a muchísimas otras interrogantes las encontraremos en el ensayo “El país de cuatro pisos”, del ya fallecido escritor puertorriqueño José Luis González. Se trata, sin duda alguna, del escrito más polémico e importante que se haya escrito en torno a quiénes somos los puertorriqueños. A pesar de su trascendencia, muy poco conocemos en Puerto Rico de su autor.
José Luis González nació en la República Dominicana en 1926, de padre puertorriqueño y madre dominicana. Residió gran parte de su vida en México, de donde se hizo ciudadano, y allí falleció en 1997. De ideología socialista, fue ensayista y periodista. Pero sobre todo, se consideró a sí mismo como puertorriqueño.
El ensayo “El país de cuatro pisos” fue escrito originalmente por José Luis González en 1979, como respuesta a una interrogante que se le formuló en torno al impacto que sobre Puerto Rico había tenido el dominio colonial estadounidense a partir de 1898. El autor, sin embargo, no se limitó a contestar esa pregunta, sino que en su ensayo de varias decenas de páginas trazó desde sus orígenes la historia del pueblo puertorriqueño. Conforme a José Luis González, la historia del País se puede dividir en cuatro etapas, que juntas conforman la construcción del pueblo de Puerto Rico como hoy en día lo conocemos. De ahí viene el título del ensayo.
En “El país de cuatro pisos”, José Luis González retó numerosos supuestos de nuestra historia como pueblo, entre otros, aquél que proclamó a Puerto Rico como un pueblo de raza blanca en su nacimiento. Por el contrario, el autor sostiene que los primeros puertorriqueños, los fundadores de nuestra nacionalidad, fueron de origen africano. La nación puertorriqueña nace por ende negra o mulata. Es ese el “primer piso” de nuestro País.
El “segundo piso”, se constituye a partir de las grandes migraciones de colonizadores blancos provenientes de Europa y América Latina durante el Siglo 19, provocadas por las guerras de independencia contra España y la implantación en Puerto Rico de la Real Cédula de Gracias en 1815. Es el piso que “emblanquece” al País y que, conforme al autor, fractura el proceso de formación nacional de Puerto Rico, al mismo tiempo que siembra la semilla del conflicto entre la cultura “dominante” de los nuevos habitantes blancos y la “subalterna” de los puertorriqueños originales. Este conflicto entre la “cultura de élite” de la clase dominante y la “cultura subalterna” de la clase popular, constituye la médula del análisis de José Luis González.
La relación de dominador-dominado existente en los tiempo de España, se afecta ante la tirada del “tercer piso”: la invasión y colonización por los Estados Unidos a partir de 1898. En este punto, la propuesta de José Luis González no deja de ser tan fascinante como el resto del ensayo: la influencia y los valores estadounidenses tuvieron el efecto de alterar el equilibrio de fuerzas existente desde el siglo 19, al punto de fortalecer la cultura popular subalterna y hacer de nuestra sociedad una más igualitaria. En otras palabras, y a pesar de los fracasados esfuerzos estadounidenses por “americanizar” al País, este “tercer piso” tuvo el efecto de propiciar un Puerto Rico más democrático y culturalmente unificado. El reconocimiento de los derechos de la mujer; la ampliación del derecho al voto a toda la sociedad; y la masificación de la educación, son parte de la prueba que nos ofrece el autor para sostener su punto.
El “cuarto piso”, en el que hoy en día “residimos”, por así decirlo, se crea con la fundación del Estado Libre Asociado en 1952. Conforme a la tesis de José Luis González, este “cuarto piso” está en proceso de desintegración, por ser el producto del sistema capitalista de los Estados Unidos y la prédica de Luis Muñoz Marín. Al igual que con los tres primeros “pisos”, discutir en detalle el análisis de José Luis González para esta última etapa está fuera del alcance de los contornos de esta columna.
Los cambios operados en nuestro País en los últimos cien años, le han permitido a la sociedad puertorriqueña superar el analfabetismo, la pobreza extrema generalizada, y los obstáculos a los medios de comunicación y a la participación electoral, entre otros. Hoy en día, la gran masa del pueblo puertorriqueño, en otros tiempos analfabeta y sometida, impone sus valores culturales a base de las conquistas ganadas en décadas recientes. Dado que nuestro sociedad responde en numerosos aspectos al peso de la masa poblacional, son los valores de la cultura popular los que hoy en día dictan la pauta en el quehacer social, político y cultural. Ello explica el contenido y temática de nuestra industria de entretenimiento; ello explica por qué nuestros políticos bailan al son de “La Macarena” en las campañas.
Si nunca ha leído “El país de cuatro pisos”, es hora de que lo haga; si lo ha hecho, vuélvalo a hacer. No se arrepentirá.

El “Plan Drácula”: 1958 - 1964

Imaginen el siguiente cuadro. Lugar: cualquier municipio de Puerto Rico. Año: 2008. Tras meses de rumores sin confirmar que han volado por el pueblo, se informa por el Alcalde haber recibido un importante comunicado de parte del Gobernador y del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. El mensaje, más escalofriante no podría ser: debido a la creciente amenaza del terrorismo, el ejército estadounidense necesita desalojar la totalidad de los habitantes del pueblo y sus barrios, a los fines de utilizar los terrenos para prácticas militares anti-terroristas. Este desalojo masivo no se limita a los vivos; incluye también a los muertos.

Todavía sin salir de su asombro y en estado de incredulidad, los habitantes del pueblo cuestionan y protestan ante los medios informativos por qué se les desaloja de sus hogares. En un mensaje especial a todo el País, el Gobernador, con aspecto sombrío y acompañado de funcionarios de su gobierno y representantes del ejército estadounidense, informa que la difícil decisión ha tenido que tomarse en nombre de la “seguridad nacional”. Los desalojados se mudarán a nuevos “hogares”, en algunos casos temporeros, que ya el gobierno ha comenzado a habilitar en pueblos aledaños. El Departamento de Educación está preparando salones de clase adicionales en esos pueblos para recibir a los estudiantes desplazados. Cada familia recibirá además un “jugoso estipendio”, producto de “la generosidad del gobierno federal”, que les permitirá rehacer sus vidas. ¿Y los difuntos? “Para facilitarles la visita a sus seres queridos ya fallecidos”, apunta el Gobernador mientras traga profundo, “hemos acordado con el gobierno federal trasladar sus tumbas a los municipios en que ustedes tendrán su nuevo hogar”. “Estos tiempos en que vivimos”, acota el Gobernador antes de salir de la tarima sin despedirse del País, “hace necesario el sacrificio de todos en nombre de la seguridad nacional, la libertad y la democracia”.

¿Fantasía? No precisamente. A partir del año 1958, la Marina de Guerra de los Estados Unidos pretendió adueñarse de la totalidad de las islas municipios de Vieques y Culebra, con el fin de expandir sus operaciones de práctica militar. El operativo contemplaba no sólo desalojar la totalidad de la población de las dos islas y su reubicación en otros pueblos de Puerto Rico. Para asegurarse de que los habitantes de las islas no pretendieran regresar bajo excusa alguna, la propuesta de la Marina de Guerra requería además desenterrar a todos sus muertos y trasladar los féretros. Para la Marina de Guerra, este desalojo masivo se conocía como el Proyecto V-C. Los funcionarios del gobierno de Puerto Rico que conocían de la macabra propuesta, la cual fue mantenida en secreto, la bautizaron el Plan Drácula.

Los historiadores Arturo Meléndez, Carmelo Delgado Cintrón y Ronald Fernández, han expuesto y denunciado en sus trabajos la existencia del Plan Drácula. Es, sin embargo, a la historiadora Evelyn Vélez Rodríguez a quien debemos el esfuerzo más reciente y detallado en torno a las negociaciones que sostuvieron los representantes de la Marina de Guerra y del Gobierno de Puerto Rico, en torno a este explosivo asunto. Negociaciones que fueron mantenidas en secreto hasta que la prensa comenzó a descubrirlo.

Del relato que en su libro sobre este tema nos ofrece la historiadora Vélez Rodríguez, surge que “negociaciones” no es necesariamente la palabra más precisa para describir lo que a todas luces fue una angustiosa odisea para el entonces Gobernador Luis Muñoz Marín y sus más cercanos colaboradores. Esta saga, que comenzó en marzo de 1958, giró en torno a los deseos de la Marina de Guerra por adquirir terrenos adicionales a los que ya poseía en Vieques y Culebra, a cambio de devolverle al gobierno de Puerto Rico algunas tierras que ese cuerpo militar tenía en la llamada Isla Grande.

A raíz del triunfo de Fidel Castro en Cuba y el ascenso a la presidencia estadounidense de John F. Kennedy, la postura de la Marina de Guerra fue moviéndose hacia la obtención de la totalidad de las dos islas municipios. Por su parte, el gobierno de Puerto Rico procuraba mantener al cuerpo castrense a raya, tanto mediante ofertas de intercambios de terrenos que sabía la Marina de Guerra no aceptaría, como por vía de cabildeo ante el gobierno estadounidense, el Presidente Kennedy inclusive.

La muerte de Kennedy supuso un reinicio de los intentos de la Marina de Guerra por quedarse con las islas. De hecho, los documentos examinados por la historiadora Vélez Rodríguez evidencian convincentemente que, aun en vida de Kennedy, la Marina de Guerra continuó operando solapadamente y a espaldas del Presidente para obtener el apoyo del Congreso federal. Sólo la intervención del alcalde viequense Antonio Rivera Rodríguez y los habitantes de la Isla Nena, cuando se enteraron de las “negociaciones” que a sus espaldas se efectuaban, logró hacer a la Marina de Guerra desistir finalmente de su empeño, tras seis años de lucha.

Este todavía poco conocido episodio de nuestra Historia sirve como recordatorio de que, el llamado “pacto entre iguales” que sirve de lema al Estado Libre Asociado, está lejos de ser la realidad que sus defensores sostienen. La verdadera realidad estuvo a punto de atropellar no sólo a los compatriotas que viven en Vieques y en Culebra, sino también a sus muertos.

¿Quién fue Miguel Enríquez?

Eugenio María de Hostos. Luis Muñoz Rivera. Ramón Emeterio Betances. Todo puertorriqueño, mal que bien, conoce algo o ha oído hablar de estas y otras grandes figuras patrias, aunque sea por transitar por alguna avenida o carretera que lleve su nombre. Pero, ¿y Miguel Enríquez? ¿Es algún cantante? ¿Por qué dedicarle una columna?

Hace ya más de diez años, el doctor Ángel López Cantos, profesor de la Universidad de Sevilla y especialista en la Historia de América, publicó un libro en torno a este fascinante personaje, quien nació en el San Juan de Puerto Rico de 1674, muriendo allí mismo en 1743. Conforme al profesor López Cantos, Miguel Enríquez es “el hombre más importante que dio Puerto Rico en el período hispánico, sin ningún género de dudas”. ¿Exageración? Examinemos someramente parte de la prueba que aporta el profesor López Cantos.

La madre de Miguel Enríquez, Graciana, fue una ex-esclava. Su padre, cuya identidad no se conoció con precisión, era un hombre blanco vinculado a los altos estamentos de la sociedad sanjuanera de la época. Dada su condición de mulato, Miguel Enríquez pasó sus años de juventud como un zapatero, un ciudadano más, sin importancia, en el Puerto Rico colonial de la época. No obstante, y aparte de su inteligencia natural, contó con una ventaja invaluable para esa época: aprendió a leer y a escribir. Una coyuntura histórica, que él supo aprovechar gracias a la conexiones que cultivó en el gobierno colonial español y a su talento innato, le abrieron las puertas a la grandeza.

La España de la época de Miguel Enríquez era ya una nación en plena decadencia. El poderío español en el Caribe se encontraba en proceso de erosión, ante su incapacidad para impedir que otras potencias europeas, tales como Inglaterra, Francia y Holanda, se apoderasen de las Antillas menores e incluso de otras más grandes, como Jamaica y Trinidad. El asedio de los enemigos de España contra las restantes colonias hispánicas en el Caribe, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, obligó al gobierno español a depender de los llamados corsarios o guardacostas, que no eran otra cosa que ciudadanos privados que ponían sus embarcaciones al servicio de la Corona, prestando vigilancia y apresando buques enemigos en las aguas caribeñas, para luego repartirse las ganancias con el gobierno. Miguel Enríquez fue uso de esos que se hicieron corsarios.

Lo que distinguió a Miguel Enríquez de otros corsarios puertorriqueños, sin embargo, es que él supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron para convertirse en el hombre más poderoso en todo Puerto Rico, por encima de obispos e, incluso, gobernadores. Los hombres bajo el mando del corsario Miguel Enríquez sembraron a tal punto el terror entre sus adversarios en el Caribe, que los ingleses lo apodaron “El Gran Archivillano”. Sus hazañas en el Caribe fueron objeto de continuas quejas por parte del gobierno británico. Sus embarcaciones rescataron a la isla de Vieques de las garras inglesas, evitando así que la Isla Nena pasara a ser una más de las Islas Vírgenes. Podría decirse que él hizo del Puerto Rico de finales del Siglo 17 y principios del 18, la Gran Potencia del Caribe.

Este hombre de origen humilde llegó a tener tanto poder, que incluso la Misa de los domingos no podía comenzar hasta que Ana Muriel, amante del corsario, llegara a la iglesia. En reconocimiento a sus logros como corsario, el propio rey de España le otorgó el grado honorífico de “Caballero de la Real Efigie”. Obispos y otros personajes importantes pernoctaban en su hacienda “El Plantío”, en Toa Baja. Controlaba todo el comercio en una de las principales calles de San Juan. En una época en que los más ricos sanjuaneros sólo tenían uno puñado de esclavos, Miguel Enríquez llegó a tener cientos. Era ciertamente un hombre producto de sus circunstancias, con sus defectos y virtudes.

Una mejoría en la situación militar española en el Caribe, marcó el principio del final de la era de Miguel Enríquez. El gobernador español de turno comenzó a intrigar y maquinar en su contra, allá para 1732. Comenzaron a sacarle en cara su condición de “mulato espurio”. El hombre que por sí solo dominó más de treinta años de la Historia de Puerto Rico, terminó despojado de sus bienes y refugiado en un convento de San Juan, a pesar de sus reclamos de justicia ante la Corona. Allí murió tras cinco años de encierro, enfermo, solo y arruinado, sus restos depositados en una fosa común dentro del mismo convento.

Gracias a los esfuerzos de los historiadores Salvador Brau y Arturo Morales Carrión y el escritor José Luis González, quienes rescataron del olvido a Miguel Enríquez, y al profesor López Cantos, quien nos expuso al corsario en toda su dimensión, hoy sabemos que Puerto Rico no nació a la existencia a partir del Siglo 19. Estamos en presencia de un verdadero gigante de nuestra Historia nacional que bien ha merecido ser el personaje central de una novela de Enrique Laguerre, y cuya fascinante trayectoria debería ser el centro de un proyecto cinematográfico.

Conozcamos, y reconozcamos, a Miguel Enríquez.

Una breve explicación

Saludos a todos. Por compromisos profesionales y otros asuntos, me he retrasado en la publicación de las columnas. Espero a renglón seguido ponerme al día y ruego disculpen la tardanza.