domingo, 26 de octubre de 2008

El charco de sangre

Es la historia de la que casi nadie habla, a pesar de que está ahí; aún fresca. Los independentistas de todas las tendencias no la conmemoran con el mismo despliegue que el Grito de Lares, a pesar de haber sido una gesta tan o más libertadora que la vivida en tiempos de España. Su aniversario se acerca, pero no será conmemorado, como sí se hace con el 14 de julio en Francia, con el 16 de septiembre en México, o con el 4 de julio en los Estados Unidos. Es lo más cercano que hemos estado a una guerra civil. Su aniversario número 58 se acerca, siendo uno de los sucesos más importantes en la historia de Puerto Rico. Es la Insurrección Nacionalista de 30 de octubre de 1950.

Es imposible cubrir en una columna todos los aspectos sobresalientes de la Insurrección Nacionalista. Para ello, es necesario referirse a las importantes contribuciones de las historiadoras Marisa Rosado y Miñi Seijo Bruno, de cuyos libros sobre el tema expondré algunos detalles.

No puede comprenderse la Insurrección Nacionalista sin a su vez entender los sucesos dramáticos que se registraban en el Puerto Rico de las décadas de 1930 y 1940, gobernado por los Estados Unidos. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, bajo la carismática dirección de Pedro Albizu Campos, representaba una seria amenaza al régimen de miseria que imperaba en el País. El auge del nacionalismo boricua se nutrió en aquellos años de la espantosa pobreza y analfabetismo que se ensañaban contra la masa poblacional. La colaboración del oficialista Partido Popular Democrático bajo Luis Muñoz Marín con el gobierno de los Estados Unidos para la creación del Estado Libre Asociado, gatilló los actos de violencia que alcanzaron su plenitud ese 30 de octubre de 1950.

En efecto, y durante unos días dramáticos, combates entre nacionalistas, por un lado, y la Policía y la llamada “Guardia Nacional”, por el otro, tuvieron lugar en Ponce, San Juan, Arecibo, Aibonito, Utuado, Naranjito, Peñuelas y Mayagüez, entre otros pueblos. Fue en Jayuya, sin embargo, donde se daría el epicentro de la lucha. Allí, la nacionalista Blanca Canales Torresola hizó la bandera monoestrallada para proclamar la Segunda República de Puerto Rico. En un acto sin precedentes, la Guardia Nacional, compuesta por puertorriqueños, bombardeó con sus aviones a Jayuya. Testimonios de supervivientes indican que la Policía y la Guardia Nacional tenían órdenes de masacrar a los insurrectos. Un comando nacionalista asaltó La Fortaleza, muriendo allí casi todos sus integrantes, al enfrentarse a tiros con la Policía. La cruenta represión de la Insurrección Nacionalista por el “gobierno insular”, trajo como resultado la muerte de decenas de puertorriqueños, alrededor de cincuenta heridos, y el procesamiento e ingreso a presidio de más de mil, estos últimos por el sólo hecho de ser sospechosos de simpatizar con la independencia para el País.

Siguiendo la norma de que la Historia la escriben los vencedores, el presidente estadounidense Harry S. Truman se refirió al suceso como una mera “pelea entre puertorriqueños”. El gobierno colonial presidido por el PPD, consciente del poder de nombrar las cosas, bautizó oficialmente lo ocurrido como una “revuelta”, degradante y despreciable mote que, aún hoy en día, de vez en cuando se nos escapa de los labios. Quizás, el hallazgo más significativo de los trabajos de Rosado y Seijo Bruno reside en que fue el gobierno del PPD quien hizo detonar la Insurrección el 30 de octubre, mediante arrestos e intervenciones ejecutados por la Policía días antes, contra nacionalistas de Santurce y Ponce.

La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, junto con las masacres de Río Piedras y Ponce de 1935 y 1937 por un lado, y los asesinatos en el Cerro Maravilla de 1979 y de Filiberto Ojeda Ríos en el 2005 por el otro, forman ese gran charco de sangre que marca el período de confrontación armada entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y entre nosotros mismos, en el Siglo 20. Está ahí, en nuestro suelo colectivo. Sabemos que está ahí, pero preferimos evadirlo e ignorarlo cuando lo encontramos en nuestro camino. Hemos optado por conmemorar como Pueblo la gesta de Lares de 1868, como si el charco de sangre no estuviera ahí, clamando por nuestra atención colectiva.

El fin de la Guerra Fría y la derrota de la Marina de Guerra estadounidense en Vieques han dado paso a métodos de lucha que, afortunadamente, hacen innecesaria la violencia física como vehículo de liberación. Miedos colectivos nacidos al calor de la cruenta represión del nacionalismo boricua, tales como el meramente izar la bandera puertorriqueña, han cedido ante el paso del tiempo. Pero el reconocimiento y conmemoración de aquellos que no hicieron sino emular las acciones de un George Washington o un Simón Bolívar, todavía espera.

En estos tiempos presentes, es llegada la hora de que todo el Pueblo puertorriqueño, y no sólo un tímido independentismo, reconozcamos y valoremos a aquellos que sacrificaron su vida, hacienda y libertad por hacer lo que otras naciones, los Estados Unidos inclusive, honran con los suyos. No debemos esperar a que, como ocurrió con el Grito de Lares de 1868, cese el régimen colonial de turno para entonces, y sólo entonces, brindar el debido homenaje. La memoria de los caídos, los sobrevivientes, y nuestra propia conciencia colectiva, así lo requieren.

El “efecto Medusa”

Los eventos que vive el País en estos días (2008) son de tal magnitud e importancia, que compelen a abordarlos de inmediato y sin necesidad de esperar por “el juicio de la historia”. El reciente arresto del poderoso senador Jorge de Castro Font se convierte en un indicio adicional del asombroso parecido entre la política puertorriqueña... y la mitología griega. Vamos a explorar el “efecto Medusa”.

En términos muy simples, la mitología griega narraba y explicaba el gobierno y el control de los dioses y otras criaturas fantásticas sobre los seres humanos. Esta no es la primera vez, por supuesto, que utilizo la mitología griega para discutir los fenómenos políticos que experimenta nuestro País. En “Entre las fauces de Cronos”, planteé que las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá era evidencia de que, igual que el mitológico dios Cronos, los Estados Unidos estaban devorando a sus propios hijos: el Partido Popular Democrático y el mito de “pacto entre pueblos” que por años ha legitimado al Estado Libre Asociado.

Medusa, como tal vez el lector recuerde, era una de esas criaturas mitológicas. Con su cabeza llena de serpientes en lugar de cabello, tenía el poder de convertir en piedra a todo aquél que la mirase a los ojos. Se trataba de una muerte instantánea.

El efecto Medusa es parte de la política puertorriqueña, en su relación con las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, muy en particular con el Negociado Federal de Investigaciones (mejor conocido como el FBI) y la Fiscalía federal estadounidense en Puerto Rico. José Granados Navedo, Freddy Valentín Acevedo, Edison Misla Aldarondo, Nicolás Nogueras Cartagena, Aníbal Marrero Pérez, Juan Manuel (“Mane”) Cruzado Laureano, son sólo algunos de los que han mirado a Medusa y visto petrificarse sus carreras políticas, permanentemente. El lector observador se percatará que casi todos los nombrados ocuparon puestos de gran poder y prominencia, especialmente en la Asamblea Legislativa, y que casi todos fueron destacados líderes dentro del anexionismo boricua. Se percatará además de que por ese trance discurren en estos instantes Acevedo Vilá y De Castro Font, “casualmente” en un año eleccionario.

Un vistazo a los procesos instados por la Fiscalía federal y el FBI contra Acevedo Vilá y De Castro Font durante este año 2008, pone en evidencia cómo se desarrolla el efecto Medusa. Siempre se inicia con cada vez más intensos “rumores” filtrados a los medios informativos, de que tal o cual figura política está siendo “investigada por las autoridades federales”. En ocasiones, ello ha sido suficiente para petrificar la carrera de un político incumbente (Marrero Pérez, quien renunció al Senado y a la vicepresidencia de ese cuerpo, a raíz de rumores de que era sujeto de investigación), o de contribuir a la derrota de un aspirante a la gobernación (Carlos Ignacio Pesquera Morales). A los meros rumores, allanamientos o acusaciones formales por “las autoridades federales”, le siguen las rutinarias “exhortaciones” de otros políticos o figuras públicas a que las llamadas “tarjetas” de la investigación renuncien a sus carreras y se dediquen a defenderse. A su vez, las “tarjetas” luchan por salvar sus carreras políticas del efecto Medusa, proclamando su presunción de inocencia.

La clave en este drama que se repite una y otra vez, es que tanto el PPD como el Partido Nuevo Progresista se han valido de los procesos federales contra sus adversarios para avanzar sus intereses, para luego pasar a reclamar persecución política en su contra cuando son ellos los investigados o acusados. La verdad subyacente, la que no se habla, es que la clase política puertorriqueña, siguiendo el ejemplo estadounidense, históricamente se coloca en posiciones vulnerables al depender, por un lado, de grandes sumas de capital privado para financiar sus campañas políticas y, por el otro, al aprovechar en ocasiones las posiciones de poder para servirse a sí mismos.

El efecto Medusa sobre Acevedo Vilá responde no sólo a la figura del gobernador solamente, sino al PPD como institución política. Como han señalado varios analistas de la escena pública, al acusar al gobernador por cargos relacionados a la recaudación de fondos para campañas electorales, el gobierno de los Estados Unidos en efecto está, como se dice en el campo, “tirando a la yugular” del partido oficialista, al mandar un mensaje de advertencia a los contribuyentes actuales y potenciales del PPD. No es, pues, de sorprender los rumores de problemas monetarios en la campaña del PPD a pesar de que siendo el partido de gobierno, es el que usualmente tiene la ventaja en la captación de donativos de campaña. Ello tiene el efecto de privar al PPD de los recursos que necesita para hacer una campaña electoral efectiva. De Castro Font enfrenta la misma disyuntiva, mientras lucha por salvar su carrera política.

Conforme a la mitología griega, Medusa finalmente sucumbió ante la espada del héroe griego Perseo, quien logró decapitarla valiéndose de un espejo. En este punto en particular, difícilmente la política puertorriqueña coincida. La hegemonía del gobierno estadounidense ante la situación colonial que vive Puerto Rico es de tal magnitud, que es de esperarse que nuestros políticos prefieran apostar a su buena suerte, evitando en lo posible a Medusa para no ser convertidos en piedra.

“...in the nature of a compact...”

Conforme a la visión tradicional, la asociación del “estado libre” puertorriqueño a los Estados Unidos estaba definida por tres “pilares”, a saber: “defensa, ciudadanía y mercado común”. En tiempos recientes, sin embargo, la solidez de esos “pilares” ya no es tan cierta ni aceptada. En realidad, son otros tres los verdaderos pilares de la relación de nuestro País con los Estados Unidos, de los cuales dos ya fueron discutidos en columnas anteriores. Hoy veremos el tercero.

El primer pilar lo hincaron en terreno firme los representantes del Presidente de los Estados Unidos en 1899, con la incorporación de una oración en el artículo noveno del aún vigente Tratado de París con España. Según la misma, “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.

El segundo lo construyó el sistema judicial estadounidense por vía de los llamados “Casos Insulares” entre 1901 y 1922, al inventar el concepto de “territorio no incorporado”, diseñado específicamente para “definir” a Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Conforme a este segundo pilar, el territorio de nuestro País la pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de esa nación. Por motivo de la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense en cuanto a los llamados “enemigos combatientes” presos en Guantánamo, sabemos que ese pilar también está sólido.

El tercero, eregido en 1950, es el objeto de esta columna, a la cual presta su título. De los tres verdaderos pilares, es quizás el menos conocido, y ciertamente el más perverso.

A raíz del triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, dos fenómenos estrechamente entrelazados comenzaron a tomar forma a finales de la década de 1940. Por un lado, la llamada “Guerra Fría” que enfrentó a los Estados Unidos con la hoy extinta Unión Soviética. Por el otro, el proceso de descolonización mediante el cual las potencias coloniales, al menos en apariencia, comenzaron a desmantelar sus controles sobre los pueblos que tenían sometidos bajo su dominio. Ambas fuerzas influyeron sobre la creación de lo que hoy conocemos como el Estado Libre Asociado. La primera, al acentuar el valor estratégico-militar del País. La otra, al crear la necesidad de “descolonizarnos”, debido a la embarazosa situación para los Estados Unidos de tener que rendir informes periódicos a la ONU sobre la situación colonial de Puerto Rico.

Este proceso histórico matizado por el acontecer mundial, culminó con la proclamación del ELA el 25 de julio de 1952. Esa fecha, que es objeto de anual conmemoración por más de una razón, no es quizás la más significativa en términos de nuestra presente condición de sumisión a los Estados Unidos. Esa distinción le cabría más bien al 3 de julio de 1950.

Ese día, el Presidente Harry S. Truman firmó la Ley 600, autorizando al Pueblo de Puerto Rico, “con el carácter de un convenio” (“in the nature of a compact”), a redactar su propia Constitución. La Ley 600, en contraste con su importancia histórica, es una pieza legislativa muy sencilla que consta apenas de 6 artículos de corta extensión. Conforme a la tradicional teoría estadolibrista, el llamado “pacto entre pueblos” que ha justificado la existencia del ELA, tuvo su génesis en esa pieza legislativa. Su lenguaje, y el historial legislativo que condujo a su aprobación por el Congreso, deja sin embargo pocas dudas en torno a quién retenía el poder.

En términos simples, la Ley 600 dispuso que Puerto Rico podría convocar una asamblea para redactar una constitución que debería tener una forma republicana de gobierno y una carta de derechos. Estableció además que esa constitución no podría ser contraria a la propia Ley 600 y a la Constitución de los Estados Unidos, y que la Ley Jones de 1917 permanecería vigente en sus partes más importantes, transformada en lo que hoy en día conocemos como la Ley de Relaciones Federales. Por ende, la Ley 600 le impuso condiciones a lo que los puertorriqueños podíamos hacer, al punto de que el Congreso eliminó de nuestra Constitución la sección 20 de nuestra Carta de Derechos.

En sus testimonios ante el Congreso a favor de la aprobación de la Ley 600, el liderato del PPD se encargó de disipar cualquier duda en cuanto a que dicho cuerpo legislativo retenía absoluta autoridad para modificar la relación entre ambos países “si los puertorriqueños se volviesen locos”, como afirmó ante el Congreso el propio Luis Muñoz Marín. Gracias a la colaboración del liderato del PPD, los Estados Unidos solicitaron exitosamente de la ONU el retiro de Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, por haber entrado en una relación “con el carácter de un convenio”.

Una cosa es un convenio; otra muy distinta es algo “con el carácter de un convenio”. Lo primero es un pacto real; lo segundo es algo que parece ser un pacto, porque lo imita, pero no lo es. Es la diferencia entre la sustancia y la forma; entre la realidad y la mera apariencia; entre la honestidad y la hipocresía. Contrario a los dos anteriores, se trata de un “pilar” en el cual colaboraron los Estados Unidos y el PPD, con plena conciencia de lo que hacían. En ello estriba su perversidad.

Es por eso mismo que resulta difícil aceptar que, a estas alturas de la Historia, el PPD reclame ante la ONU haber sido inducido a creer por los Estados Unidos que la relación entre ambos países sí cambió en 1952. Por más vehemencia con que se exprese, eso no pasa de ser una afirmación con el carácter de una verdad.