jueves, 27 de noviembre de 2008

"La mordaza"

En nuestro acervo educativo, existen muchos buenos libros sobre la Historia de Puerto Rico. Hay dos, sin embargo, que poseen para mí un valor especial, por tratarse de textos que tuvieron el atrevimiento, por así decirlo, de “abrirle los ojos” a quienes los leen, al punto de uno pensar que el Puerto Rico en el que vivimos no es el que nosotros nos imaginábamos. Uno es “La isla desencantada” (“The Desenchanted Island”) de Ronald Fernández. El otro, es el que le da título a esta columna, de la historiadora Ivonne Acosta Lespier, mismo que acaba se salir este año en su quinta edición.

La obra de Acosta Lespier no es un libro de lectura liviana. Es una obra que formula un relato metódico, y hasta cierto punto doloroso, sobre cómo el “gobierno insular”, crecientemente controlado por el Partido Popular Democrático y en claro contubernio con el gobierno de los Estados Unidos, aprobó legislación que convertía en delito el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de asociación de todo aquél que abogara por la soberanía de Puerto Rico.

Hasta las elecciones de 1944, el partido político que representaba la independencia, electoralmente hablando, lo era el PPD. El Partido Independentista Puertorriqueño, nacido a raíz del decreto por Luis Muñoz Marín de que no se podía ser popular e independentista al mismo tiempo, se organizó con miras a competir en las elecciones de 1948; las primeras en que los puertorriqueños elegiríamos a nuestro propio gobernador.

El PIP de aquel entonces no es el que conocemos hoy en día. Se trataba de una organización política con amplia representación en la Asamblea Legislativa, en control de numerosas alcaldías, y contando con una amplia base electoral. Su mensaje era igualmente claro: liberación nacional mediante métodos pacíficos. Conforme a la tesis de Acosta Lespier, su potencial electoral fue visto con preocupación tanto por los Estados Unidos como por el PPD, por considerársele una seria amenaza al proyectado “pacto entre pueblos” que “con el carácter de un convenio” se fraguaba con miras a eliminar a Puerto Rico del listado de países todavía sometidos al coloniaje: el Estado Libre Asociado.

A esos fines, y durante la madrugada del 21 de mayo de 1948, la Asamblea Legislativa controlada por el PPD aprobó la legislación que de inmediato causó intimidación en todo aquél que albergara sentimientos independentistas. Aparte de que el propio lenguaje de la ley causaba ese efecto, el “gobierno insular” creó las condiciones para que la Policía y otros representantes de “la ley y el orden” comenzaran a recopilar “evidencia” contra los potenciales infractores de esa legislación.

Tradicionalmente, se ha teorizado que las leyes que componían “la mordaza”, bautizada así por el legislador anexionista Leopoldo Figueroa, llevaban por objetivo reprimir al Partido Nacionalista que dirigía Pedro Albizu Campos. El trabajo de Acosta Lespier reta esa noción, exponiendo convincentemente dos propósitos fundamentales detrás de “la mordaza”. El primero, en términos cronológicos, era acorralar al nacionalismo hasta llevarlo, como finalmente ocurrió, a la Insurrección de octubre de 1950 y la Demostración Armada en el Congreso, en 1954. El segundo, amedrentar, en un principio, a los seguidores del PIP y a sus potenciales simpatizantes con la mera existencia de la legislación, para luego, utilizando como excusa la violencia nacionalista, encarcelar además al liderato pipiolo e incluso a sus seguidores. El objetivo de la “la mordaza” era, pues, evidente: erosionar hasta la aniquilación al entonces naciente, poderoso y amenazante Partido Independentista Puertorriqueño que podía dar al traste con la creación del ELA en 1952.

En efecto, más que reprimir al nacionalismo, “la mordaza” habría tenido como designio primario intimidar al electorado soberanista del PPD que migraba masivamente o que amenazaba con hacerlo, hacia el PIP. Su objetivo a corto plazo habría sido crear las condiciones de tirantez social necesarias para provocar que los nacionalistas recurrieran al alzamiento armado, dado el convencimiento entre sus filas de que de todas formas, tarde o temprano, serían encarcelados por el “gobierno insular”. La lección fundamental que, pues, nos lega Acosta Lespier es una que, no por ser estremecedora, deja de ser cierta: bajo la sombra de la democracia estadounidense y durante el apogeo de la Guerra Fría, los administradores locales de uno de sus territorios no incorporados promovieron las condiciones jurídicas y sociales que propiciaron el alzamiento armado del ala revolucionaria del ideal soberanista en ese territorio, con las miras puestas a liquidar a la aún más amenazante pero pacifista ala de ese mismo ideal.

Las cicatrices que nos dejó “la mordaza”, aún hoy en día, son perceptibles. Si bien el auto-reconocimiento de Puerto Rico como una nación ha dado paso a gestos que, en tiempos de “la mordaza”, habrían sido considerados subversivos – tales como exhibir una bandera puertorriqueña – la llaga del miedo al ejercicio de la soberanía plena, todavía supura. Ello explica en última instancia el desastre electoral pipiolo del 4 de noviembre de 2008. Tal realidad histórica, sin embargo, no puede servir de excusa para justificar, elección tras elección desde hace 40 años, el lastimoso y tragicómico papel de un PIP que, en lugar de enfrentar como en antaño la colonia, se contenta con subsistir de ella.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Post mortem

En agosto de este año 2008 ("Puerto Rico, año 2009"), discutimos cómo el ciclo electoral 2004-2008 se asemejaba al de 1980-1984, planteando así un claro triunfo para el anexionista Partido Nuevo Progresista y su candidato a gobernador, Luis Fortuño Burset. Tras los resultados electorales de este pasado martes y habiendo fallecido el proceso electoral de 2008, desacreditadas las encuestas que auguraban un “final cerrado” y despejados los espejismos de las fotos aéreas comparativas de cierres de campaña, procederemos a evaluar algunas de sus connotaciones históricas.
Para comenzar, los resultados confirman la tendencia histórica que coloca al PNP como el movimiento político dominante en Puerto Rico, y el correspondiente agotamiento del Partido Popular Democrático. Un vistazo a los resultados electorales a partir de las elecciones generales de 1972 permite observar que los triunfos del movimiento anexionista son más amplios que los obtenidos por el PPD durante el mismo período. El margen de victoria logrado por el PNP en la candidatura a la gobernación es sólo comparable a los grandes triunfos del PPD de Luis Muñoz Marín, cuarenta años atrás. Lo más parecido en tiempos recientes es el triunfo, precisamente, del PNP en las elecciones de 1996. En esas elecciones, valga apuntar, el PNP bajo Pedro Rosselló González iba para una re-elección, coyuntura en que tradicionalmente el partido oficialista tiende a perder fuerza electoral por razón de desgaste en el ejercicio del poder.
La aplastante derrota infligida al PPD pone de manifiesto que las acusaciones federales contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, aunque fuesen políticamente dañinas, no fueron un factor decisivo. Simple y sencillamente, Acevedo Vilá se encontró al mando del País con un PPD en rápido desgaste tras los cuatro años de la gobernadora Sila Calderón Serra (2001-2004). Añádase a ello la existencia de una crisis económica igual o peor que la confrontada por el gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976), y tienen ustedes una fórmula para el desastre.
Para colmo, la mejor esperanza del PPD, que era enfrentar nuevamente a Rosselló González como candidato oficial del PNP, no se materializó ante la derrota primarista de éste a manos de Fortuño Burset. Si bien considero que esa derrota del ex gobernador fue el clavo final en el ataúd popular, sospecho que Acevedo Vilá habría perdido incluso ante Rosselló González, aunque ciertamente de forma mucho más apretada.
Por otro lado, la barrida novoprogesista se extendió a los distritos senatoriales y representativos. Ello evidencia, al igual que ocurrió en 1984, la enorme insatisfacción del electorado con el llamado “gobierno compartido”. Este tsunami electoral no se extendió a la papeleta municipal, sin embargo, donde el PPD logró vencer en alrededor de 30 alcaldías. Ello tiende a sugerir que el elector ha separado definitivamente la carrera por la gobernación de la municipal, limitando así el control que los partidos pueden ejercer sobre los resultados para las alcaldías, no obstante la demostración de fuerza electoral desplegada por el PNP.
Estas elecciones también dejaron demostrado lo difícil, por no decir casi imposible, que resulta para un candidato sobrevivir fuera de las estructuras partidistas, aunque se trate de un incumbente, como fue el caso de Orlando Parga Figueroa. Por el contrario, permanecer dentro del PNP le ha valido a Jorge de Castro Font la histórica gesta de ser, hasta donde conozco, el primer político que lograr salvar su carrera a pesar de ser acusado por las autoridades federales estadounidenses en plena campaña electoral. Como ya discutimos en una columna previa (“El efecto Medusa”), De Castro Font se encontraba luchando por su vida política, donde otros antes que él vieron petrificarse sus carreras electorales. Podemos suponer que De Castro Font fue salvado por la ola anti-gobierno compartido que desató el electorado. No obstante, y asumiendo que el nuevo Senado novoprogesista no lo expulse del cuerpo, la supervivencia política de De Castro Font al “efecto Medusa” no le permitirá en el futuro inmediato ser algo más que un mero soldado de fila dentro de la infantería anexionista.
Finalmente, cabe comentar el trágico desenlace sufrido por el Partido Independentista Puertorriqueño. Trágico, pero ciertamente no sorpresivo.
Las décadas más recientes de la política puertorriqueña han sido testigos de un partido pro independencia que plantea ser una institución de avanzada y progresista en el ámbito económico, político y social. No obstante su liderato, en comparación con el de los dos partidos principales, ha probado con el correr de los años ser el más estático y hostil en términos de su renovación y apertura, hacia aquellos que no sean hombres blancos con altas credenciales académicas, y en el cual el ascenso de grupos tales como el de las mujeres parece mas bien un desarrollo tardío y forzado por dinámicas similares acontecidas previamente en el PNP y el PPD, e incluso en el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico.
A corto plazo, el fracaso electoral pipiolo parece residir en su prédica de partido del Siglo 21, en contraste con su comportamiento de partido del Siglo 19. Colocar ese fracaso en los hombros del electorado es cerrar los ojos a la realidad de que los partidos políticos existen, precisamente, para competir por el voto. Las razones que, a largo plazo, explican la pasión y muerte del principal instrumento de lucha en pro de la soberanía nacional puertorriqueña, serán objeto de la siguiente columna.