sábado, 20 de diciembre de 2008

La jaula de cristal

Jorge Andrés Santini Padilla aspira a ser gobernador de Puerto Rico. Desde que en las elecciones de 2000 logró terminar con el control de San Juan por el Partido Popular Democrático (1989-2000), el recién revalidado alcalde se ubicó en posición de honrar la tradición que, desde hace 40 años, es sinónimo de dirigir la primera ciudad del País: asaltar, electoralmente hablando, la gobernación de Puerto Rico desde el atalaya sanjuanero.
Desde que Carlos Romero Barceló (alcalde, 1969-1976) lo lograra en 1976, San Juan se convirtió por años en el virtual trampolín a la gobernación boricua. Tras él sus sucesores en el cargo, sin excepción, han tratado de catapultarse desde la alcaldía localizada en la Plaza de Armas del Viejo San Juan, al Palacio de Santa Catalina, ubicado a sólo pasos al principio de la Calle Fortaleza. Sila M. Calderón Serra (alcaldesa, 2001-2004) dio el salto con éxito. Otros han fracasado: Hernán Padilla Ramírez (1977-1984); Baltazar Corrada del Río (1985-1988); Héctor Luis Acevedo Pérez (1989-1996).

Consciente de esta dinámica histórica, y a pesar de las continuas promesas electorales de los aspirantes a la alcaldía de que no buscarán saltar a la primera oportunidad a La Fortaleza, el electorado sanjuanero se niega a convertirse en territorio electoralmente seguro para los partidos políticos. En este sentido, San Juan ha desarrollado una tradición electoral que lo aleja de la seguida por los grandes bastiones tales como Bayamón, Mayagüez, Carolina, Caguas y, hasta muy reciente, Ponce.

A los largos años de control por el PPD bajo Felisa Rincón Marrero (1946-1968), siguió un período casi igualmente extenso bajo los novoprogresistas Romero Barceló, Padilla Ramírez y Corrada del Río (1968-1988). Tras la victoria del popular Acevedo Pérez por alrededor de apenas 30 votos en las elecciones de 1988, los triunfos electorales en San Juan se caracterizan por ser relativamente apretados, teniendo en cuenta el tamaño poblacional de la ciudad capital. Así, tenemos que Acevedo Pérez revalidó en 1992 por menos de 2000 votos, mientras que Calderón Serra triunfaba por alrededor de 6,000 votos en 1996.
El denominador común a lo largo de las últimas 4 décadas de gobierno en San Juan, lo ha sido el oportunismo electoral, consistente en esperar desde la alcaldía a que el gobernador de turno sea del partido contrario, para retarlo. Romero Barceló y Acevedo Pérez completaron dos términos cada uno como alcalde, enfrentando el primero a Rafael Hernández Colón en 1976, mientras que el segundo hacía lo propio frente a Pedro Rosselló González 20 años después, en 1996. Calderón Serra esperó sólo 4 años para sentir “el llamado del Pueblo”, que sirve de tradicional justificación para dejar atrás la alcaldía, y retar a Carlos I. Pesquera Morales en el 2000. La excepción histórica lo es el novoprogresista Padilla Ramírez, quien estimó llegada su hora en 1984, ante el apretado triunfo de Romero Barceló por apenas 3,000 votos en 1980.

Estos vaivenes electorales nos traen ahora de regreso a la curiosa y sin precedentes situación en que se encuentra el actual alcalde. En las elecciones de 2000, Santini Padilla derrotó al popular Eduardo Bhatia Gautier por menos de 4,000 votos. A su vez, el ascenso a la gobernación de Calderón Serra creó la situación propicia para que Santini Padilla invocara “el llamado del Pueblo”. Sin embargo, la aspiración de Pesquera Morales para un nuevo intento a la gobernación, en unión a la irrupción en el escenario político del “retirado” Rosselló González, frenaron al alcalde. Éste optó por revalidar en San Juan, derrotando nuevamente a Bhatia Gautier en el 2004, esta vez por menos de 6,000 votos.

Mirando desde el presente, la mejor ventana de oportunidad para Santini Padilla buscar La Fortaleza, se cerró con las elecciones de 2004. Si se hubiese lanzado entonces al ruedo, habría competido en primarias contra un candidato ya derrotado (Pesquera Morales) y otro “retirado” (Rosselló González). De haber prevalecido en la primaria novoprogresista, habría tenido la gran oportunidad de romper el ciclo de poder electoral de 8 años de los dos partidos principales, al enfrentar al muy debilitado PPD de Aníbal Acevedo Vilá en el 2004. A su vez, el triunfo de Acevedo Vilá ese año, y el de Luis Fortuño Burset en el 2008, confirman una nueva realidad histórica: los adelantos tecnológicos en las comunicaciones y en la transportación aérea, han transformado la Oficina de la Comisaría Residente en Washington, del exilio político que siempre había sido, en la nueva gran plataforma de lanzamiento hacia la gobernación del País.

Esta dinámica histórica podría explicar el alineamiento de Santini Padilla tras la candidatura de Rosselló González en la primaria novoprogresista de marzo de 2008, y sus fieros ataques contra Fortuño Burset en aquel momento. Con Rosselló González de nuevo en la gobernación, Santini Padilla podía razonablemente esperar que el veterano gladiador novoprogresista ocupase La Fortaleza por un sólo cuatrienio, convirtiendo al alcalde en su “heredero aparente” para las elecciones de 2012. Los aplastantes triunfos de Fortuño Burset en marzo y noviembre de 2008, sin embargo, presagian un nuevo ciclo de 8 años de control electoral por el PNP que, salvo imprevistos siempre posibles, alejan al alcalde de San Juan de la gobernación de Puerto Rico, al menos hasta el 2016.

En un dato histórico que no deja de ser irónico, en las elecciones de 2008 el electorado sanjuanero premió a su alcalde con su victoria más holgada, 12,000 votos de ventaja, tal vez en reconocimiento a ser el primero en 40 años que aspira a un tercer término. Ésta, y las otras dinámicas históricas ya discutidas, son las que se encargarán de mantener las aspiraciones futuras del alcalde de San Juan prisioneras, a la vista de todos, en su jaula de cristal.

Gelpí versus Taft

El 10 de noviembre de 2008, el juez federal Gustavo A. Gelpí emitió una decisión que requiere inmediata atención. Su emisión, a pocos días de producirse uno de los triunfos electorales más aplastantes del anexionismo boricua, no se antoja casual, ni tiene por qué serlo.

A lo largo de más de 110 años de coloniaje por los Estados Unidos, los sistemas judiciales existentes en nuestro País, tanto el propiamente puertorriqueño como el federal estadounidense, han servido de vehículos para formular mensajes que pretenden influir en la relación de sumisión colonial que vivimos frente a los Estados Unidos. La decisión que hoy discutimos no es, pues, la primera, ni probablemente sea la última, que veamos.

En términos sencillos, el juez Gelpí declaró a Puerto Rico como un territorio ya “incorporado” a los Estados Unidos. En su decisión de 30 páginas, el magistrado analizó la relación de dominio que los Estados Unidos creo sobre Puerto Rico, desde la invasión de 1898. Expuso que los Estados Unidos le dieron un trato distinto a Puerto Rico, en comparación con las Islas Filipinas, en las cuales nunca se creó un tribunal federal estadounidense, ya que estaban destinadas a la independencia, como eventualmente ocurrió.

Por el contrario, razonó el juez Gelpí, los Estados Unidos recrearon las instituciones de gobierno puertorriqueñas “a imagen y semejanza” de las de los estados federados, al punto que el gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro País dejó de ser uno “temporal”. El juez citó diversos ejemplos sobre cómo la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos se ha ido “fortaleciendo”, incluyendo las muestras de “lealtad” de los boricuas, gesto que le ha ganado a varios hijos de este País la distinción de recibir nombramientos de alto nivel en el gobierno federal estadounidense.

En conclusión, expuso el magistrado, el racismo (así lo dice) que motivó los llamados Casos Insulares decididos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del Siglo 20, y que culmina con Balzac vs. Porto Rico de 1922, ha cedido ante una “incorporación por evolución” de Puerto Rico a los Estados Unidos. Por ende, el juez rechaza que la situación actual del País sea comparable a la de Guantánamo en Cuba. A su vez, concluye que la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Boumediene vs. Bush justifica su conclusión de que Puerto Rico está ya incorporado, aunque el Congreso no lo haya declarado expresamente.

Retrocedamos ahora 90 años. A raíz de la imposición de la ciudadanía estadounidense en 1917, tanto el Tribunal federal en Puerto Rico como nuestro Tribunal Supremo, resolvieron que ese suceso en efecto había “incorporado” nuestro País a los Estados Unidos. Ambas decisiones fueron revocadas sumariamente por el Tribunal Supremo estadounidense, en 1918. Este escenario es el que da paso a que en 1922, el entonces Juez Presidente William H. Taft escriba la decisión unánime de Balzac vs. Porto Rico, declarando la muerte de la teoría de incorporación implícita que hoy resucita el juez Gelpí.

En Balzac, los abogados argumentaron exactamente la misma teoría de incorporación implícita, enumerando los numerosos estatutos legales hasta entonces aprobados por el Congreso en torno a Puerto Rico incluyendo, por supuesto, la ciudadanía estadounidense. Ayer, al igual que hoy, en Balzac se presentó también como argumento a favor de la incorporación, que el tribunal federal estadounidense en Puerto Rico era igual que el de los otros estados. Al rechazar esos argumentos, el Juez Presidente Taft sentó la pauta que hoy rige la relación colonial: la de que se requiere una manifestación expresa de parte del Congreso, para incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Como ya discutimos en una columna previa con ese mismo nombre, en la decisión de Boumediene vs. Bush los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos coincidieron, 86 años después, en la vigencia del caso Balzac. Y lo hicieron, nuevamente, de manera unánime.

El ánimo racista de 1922 que el juez Gelpí correctamente identifica y denuncia, en el 2008 se ha transformado en la noción de que los “asuntos extraterritoriales se rigen por consideraciones prácticas y factores objetivos”, según resuelto en Boumediene vs. Bush. Dicho de otra manera, el hecho de que el racismo no sea ya un factor predominante, no ha privado a la doctrina de los Casos Insulares de su valor medular: servir a los Estados Unidos de justificación jurídica para canalizar aquellos aspectos de su política exterior que pueda resultar repulsiva a la comunidad internacional, trátese del coloniaje, como es el caso de Puerto Rico, o de la violación de la integridad territorial de otros países soberanos, como es el caso de Guantánamo, Cuba. La palabra clave, por supuesto, es “extraterritorial”.

El voto solitario del juez Gelpí va en rumbo de colisión contra una doctrina sancionada por 18 jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ha legitimado por más de un siglo la facultad de ese país para ejercer control colonial total e indefinido sobre nuestro Pueblo. Un control que, en palabras de uno de los jueces estadounidenses que participaron en los Casos Insulares, permite al Congreso mantener a Puerto Rico “como una sombra incorpórea, en un estado intermedio de existencia ambigua por un período indefinido; y aún más, que una vez sea rescatada de ese limbo, su destino quede sujeto a la absoluta voluntad del Congreso, en menosprecio de las disposiciones constitucionales”.