domingo, 25 de diciembre de 2011

La Primera República

Durante la mañana del 27 de septiembre, un contingente de soldados bajo el mando del coronel Francisco Martínez salió desde Ponce en dirección hacía Adjuntas. Apenas cinco días después, el coronel Martínez ordenó colgar al prisionero por las manos, lo abofeteó, escupió, le rompió la boca con la culata de su pistola, y le arrancó los pelos de la barba. El infeliz prisionero respondía al nombre de Manuel Rojas Luzardo, líder máximo del alzamiento surgido en Lares en 1868. Tomando como base el trabajo de la historiadora Olga Jiménez de Wagenheim, reflexionemos sobre aquellos días.
Aunque desorganizada por haber comenzado antes de lo planificado, la insurrección que estalló en el tranquilo pueblo de Lares durante la madrugada de 1868 logró tomar por sorpresa a las autoridades municipales. Alrededor de seiscientos hombres marcharon ese día en dos columnas dirigidas por Rojas Luzardo y por Juan de Mata Terreforte. Algunos iban a caballo; la inmensa mayoría iba a pie. Algunos portaban armas de fuego; la inmensa mayoría sólo machetes u otras armas blancas. Allí habían hacendados, comerciantes, profesionales, jornaleros e incluso esclavos cuya libertad individual había sido ofrecida a cambio de luchar por la colectiva.
Con el grito de guerra “Viva Puerto Rico libre; Muerte a los españoles; Viva la República”, el primer ejército libertador boricua hizo su entrada en Lares. Los comerciantes, la inmensa mayoría de ellos españoles, fueron levantados de sus camas y obligados a rendirse a nombre de la República. Sellado con el éxito inicial, el liderato de las fuerzas rebeldes se reunió en Lares para configurar el primer gobierno boricua bajo la independencia. Un hijo de Aguadilla, Francisco Ramírez, fue nombrado como su primer Presidente. Otros nombres tan olvidados como los de Ramírez y Rojas Luzardo merecen ser igualmente recordados. Clemente Millán fue nombrado Ministro de Justicia; Federico Valencia, Ministro del Tesoro; Aurelio Méndez, Ministro de Relaciones Exteriores; Bernabé Pol, Ministro de Estado. Una vez nombrados los jefes militares del nuevo ejército puertorriqueño, quedó proclamada nuestra Primera República. Tras un breve descanso y solemne conmemoración en la iglesia lareña, el ejército rebelde inició su marcha hacia su siguiente objetivo: capturar San Sebastián del Pepino.
Fue en esta segunda fase del desarrollo de nuestra Primera República, donde el movimiento de liberación nacional comenzó a caer preso de sus debilidades. Al entrar a la plaza de San Sebastián, los rebeldes se encontraron con una resistencia inesperada por parte de las milicias del gobierno colonial. La frustración por las autoridades españolas de los esfuerzos del doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán para introducir armas de fuego a Puerto Rico, dejó a nuestras fuerzas libertadoras desprovistas de ese recurso. El liderato rebelde, a pesar de su valentía y convicción, carecía de experiencia militar previa y del entrenamiento necesario para organizar un ejército disciplinado. Tras alrededor de una hora de combates en la plaza de San Sebastián, las muestras de resistencia del gobierno colonial comenzaron a hacer mellas en la moral boricua. Patriotas tales como Manuel de León, Venancio Román y otro combatiente de Mayagüez (nuestro primer Soldado Desconocido) murieron en combate.
El tropiezo en San Sebastián llevó al liderato rebelde a tomar la fatídica decisión de retirarse y a esperar, vanamente, por noticias sobre el doctor Betances y Alacán, y de que otros pueblos se hubiesen alzado en pos de la Primera República. Esas buenas nuevas nunca llegaron. A la retirada de San Sebastián le siguió la desmoralización de los combatientes rebeldes y la deserción de algunos de ellos. El gobierno colonial contó con tiempo para montar su ofensiva. La insurrección había fracasado. A muchos de los rebeldes les tocó un destino similar al de Rojas Luzardo. El gobierno colonial efectuó más de doscientos arrestos. Las cárceles no daban abasto, al punto de que se alquilaron locales privados para mantenerlos prisioneros. Decenas de patriotas que lucharon por nuestra liberación comenzaron a morir en presidio a causa de las heridas sufridas en combate, ante la ausencia de asistencia médica.
A las vejaciones físicas sufridas por nuestros héroes del Grito de Lares les han seguido las históricas. Así por ejemplo, se ha intentado desmerecer esa gesta con el señalamiento de que algunos de sus líderes, tales como el hacendado Matías Brugman y el propio Rojas Luzardo, eran extranjeros. Siguiendo semejante argumento, entonces habría que desmerecer igualmente los movimientos de liberación latinoamericanos que contaron con el liderato de Simón Bolívar, y la guerra de independencia de los Estado Unidos, tan auxiliada por militares franceses tales como el Marqués de La Fayette. Los mártires del primer gran esfuerzo de liberación nacional no tienen estatuas frente al Capitolio; sus nombres no figuran en tarjas conmemorativas de los caídos en combate. Mientras tanto, la ciudad que vio nacer la Primera República pierde su lema y máxima distinción, la cual apenas conmemora una vez al año.
Por eso esta columna sale a la luz hoy, y no un 23 de septiembre.

“Es la economía, estúpido”

¿Tomó usted tiempo para leer en su totalidad el famoso informe del grupo de trabajo presidencial estadounidense en torno al status de Puerto Rico? Yo no, aunque sí me ocupe de escuchar a analistas y políticos de todas las ideologías para corroborar que nada nuevo había en el panorama. Aparte de que es insultante que se nos considere un antro de corrupción gubernamental e infeccioso foco de dengue, la realidad es que el contenido del informe no vale su peso en papel, ni siquiera en formato electrónico.
En el principio, fue el Tratado de París de 1898. Conforme discutiéramos hace unos años atrás (“El Tratado de París de 1898”), la clave de nuestra presente situación colonial yace en la lapidaria oración final del Artículo IX de ese tratado: “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”. El Artículo VI, Sección 2 de la Constitución estadounidense (comúnmente conocida como la “Cláusula de Supremacía”) dispuso que los tratados tendrían el mismo nivel de autoridad que las leyes aprobadas por el Congreso y la propia Constitución. Conforme, pues, al entramado constitucional estadounidense, es el Congreso quien tiene la última palabra, con un Tribunal Supremo que tradicionalmente ha jugado el papel de justificador de los actos congresionales para la preservación del régimen colonial. El papel del Presidente en este esquema de sumisión, desde William Mckinley hasta Barack Hussein Obama, se reduce al final del camino al de administrador colonial de turno.
Fue por lo anterior que en otra columna (“La colonia, en los tiempos de Obama”) hice constar mi escepticismo con respecto a las esperanzas, especialmente dentro del sector anexionista, de que algo en verdad iba a cambiar. El informe presidencial de Obama es, pues, el más reciente mensaje del Estado de Situación Colonial por el administrador de turno, quien tiene cosas más importantes que hacer. No siempre ha sido así, sin embargo, pues siempre hay una excepción a la regla. Entre todos los presidentes estadounidenses conmemorados con estatuas frente al Capitolio boricua, el único que para el anexionismo intelectualmente honesto merecería semejante reconocimiento, lo sería el que llegó a la presidencia casi por accidente y se retiró sin pena ni gloria. Se llamaba Gerald Rudolph Ford (1974-1977).
Conforme a los hallazgos de estudiosos como Ronald Fernández (“The Disenchanted Island”), Ford fue el único mandatario que atendió con seriedad el problema de la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Este presidente accidental heredó los problemas creados por sus antecesores, quienes recurrían a la dilación o incluso, en el caso de Lyndon Baines Johnson, a permitir que el FBI interfiriese con el plebiscito de 1967. Contrario a presidentes anteriores y posteriores, Ford no buscó acomodos inexistentes para el tan predicado “crecimiento del ELA”, reconociendo que Puerto Rico sólo tenía dos opciones dignas: la independencia y la estadidad. Un Puerto Rico soberano, con su importancia estratégico-militar en medio de la Guerra Fría, era inaceptable para el Presidente, sin embargo. Por eso y apenas a semanas de su salida de Casa Blanca, Ford nombró una comisión para estudiar la transición de nuestro País a un estado de la Unión.
Los esfuerzos del Presidente Ford se estrellaron contra un Congreso que no tuvo, ni tiene al presente, la intención de admitir a Puerto Rico como un estado o de resolver el asunto de la relación colonial. Cuando el Tratado de París de 1898 dispuso que la condición de los habitantes de los territorios adquiridos sería determinada por el Congreso, los redactores de ese lenguaje no hicieron sino dar continuidad a la tradición que nació con esa república en 1776: la de que el Congreso de los Estados Unidos de América siempre actúa teniendo en cuenta lo que es mejor para esa nación. Por eso, cuando usted estudia el modelo de crecimiento seguido por los Estados Unidos, desde los trece estados originales en 1776 hasta la incorporación de Alaska y Hawai en 1959, notará que cada nuevo estado aportaba riquezas materiales, con su incorporación, a la Unión. Nunca es al revés, y con Puerto Rico no ha sido ni será la excepción.
Tras más de un siglo de dominación colonial, el Congreso continúa actuando con Puerto Rico teniendo siempre en cuenta lo que es mejor para los Estados Unidos. En estos tiempos de la Gran Recesión, y cuando todo parecía apuntar al mejor momento para el anexionismo en décadas, nuestro creciente rezago económico con respecto a la metrópoli se convierte en el gran abismo que transforma las aspiraciones en quimeras. Es por eso que el más reciente informe presidencial se dirige rápidamente a ocupar su nicho dentro del gran cementerio de la futilidad, que sólo una empantanada relación de sumisión colonial puede generar.

La Masacre del Domingo de Ramos de 1937

Esa mañana, Georgina se levantó más temprano que de costumbre. Se había enterado días antes de que los nacionalistas iban a marchar en conmemoración de la Abolición de la Esclavitud. Su familia prometió llevarla a ver el desfile nacionalista tras asistir a Misa, y fue por eso que Georgina se levantó más temprano que de costumbre, aquel Domingo de Ramos de 1937, en Ponce.
A punto de cumplirse la cuarta década tras la invasión y ocupación por los “americanos”, ya Ponce no lo era tanto. La otrora capital alterna del País se mecía adormecida en los brazos de un sueño de lenta decadencia, rodeada por interminables malezas azucareras que anunciaban varios meses de febril actividad agrícola, seguidos por otros tantos de Tiempo Muerto. El ambiente político del País, sin embargo, estaba de todo, menos muerto. Siete años antes de aquel Domingo de Ramos, Don Pedro, un hijo de la comarca y abogado graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard, había asumido el mando del emergente Partido Nacionalista. Su verbo incendiario le faltaba el respeto a las vacas sagradas del régimen presidido por hombres blancos que no hablaban español. El jefe de la “policía insular”, Elisha Francis Riggs, fue ejecutado por dos jóvenes nacionalistas en San Juan en febrero de 1936, en venganza por una masacre de nacionalistas que ocurrió en Río Piedras a manos policíacas. La prensa escrita informaba que Don Pedro y el alto liderato del Partido Nacionalista habían sido arrestados por orden del fiscal federal, Aaron Cecil Snyder.
Georgina, por supuesto, tenía apenas una vaga noción de estos eventos. A sus trece años, ella sólo quería ver aquel Domingo de Ramos el desfile de hombres y mujeres uniformados a favor de lo que sus padres llamaban La República. En aquellos días presenciar un desfile, especialmente si era de nacionalistas, era todo un acontecimiento. Que ocurriese durante la lenta y cansada Cuaresma, sólo hacía más atractivo el singular evento. Su familia sabía que el presidente americano Franklin D. Roosevelt había nombrado un gobernador malo en todo el sentido de la palabra. Se llamaba Blanton Winship. Este individuo era un militar retirado que, junto a Riggs, fue destinado a Puerto Rico en 1934. Sus órdenes eran simples: pacificar la Isla, agitada por grandes huelgas de obreros de la caña que comenzaban a tornar sus miradas al Partido Nacionalista de Don Pedro. Los temores de algunos familiares de Georgina fueron calmados. “Los nacionalistas no van a desfilar con armas de verdad, no hay na’ que temer”, se musitaba.
A los ojos del gobernador Winship, la muerte de nacionalistas a manos de la “policía insular” era un mero suceso; la muerte de Riggs, no. A pesar de que ninguna ley prohibía las manifestaciones, ordenó al coronel Enrique Orbeta, nuevo jefe policíaco, dirigirse a Ponce para decretar la prohibición del desfile nacionalista. El alcalde ponceño José Tormos Diego se unió al coro de prohibiciones. Los organizadores del desfile le anunciaron a las autoridades que el desfile se iba a dar, tanto por ser su ejercicio a la libre expresión, como porque decenas de nacionalistas iban camino a Ponce desde diversos puntos del País para participar. También lo hacían, aunque no lo decían, por Don Pedro encarcelado.
Era ya pasado el mediodía del Domingo de Ramos de 1937, cuando Georgina y su familia llegaron a pie a la intersección de las calles Marina y Aurora. Sus padres comenzaron a inquietarse al observar policías en las esquinas, portando rifles o ametralladoras. El sol de Cuaresma azotaba con el rigor propio de la época. La brisa apenas se sentía. Los Cadetes de la República, vestidos de blanco y negro, se ocupaban de cuadrar su formación y montar sus rifles de madera en sus hombros. El Cuerpo de Enfermeras hacía lo propio, mientras en la retaguardia los componentes de la orquesta afinaban sus instrumentos. Todos miraban con ojos nerviosos la muralla de uniformes y metal que se había formado a su alrededor. Muchos policías, armas en mano y prestos a disparar, oraban en silencio porque nada pasara o que alguien los despertara de esa pesadilla. Otros, con miradas secas y frías, parecían acariciar la oportunidad de desquitar a su jefe caído y probar que eran buenos “americanos”.
Tomás López de Victoria, capitán de los Cadetes de la República, ordenó el inicio del desfile, a la vez que la banda comenzó a entonar La Borinqueña. Un policía lanzó un tiro al aire en la inmediaciones del comité del Partido Nacionalista en la calle Marina. Los ojos de Georgina se llenaron de un pánico nunca antes experimentado, al ver policías que comenzaban a disparar tanto a los nacionalista... como a ella. Uno de los episodios más barbáricos en la historia de Puerto Rico culminó con una veintena de muertos, decenas de heridos... y los nacionalistas acusados de haberlo provocado.
Setentaicuatro años después, en la ahora avenida Constitución y frente al Capitolio, existe una elegante estatua del presidente Roosevelt, dignamente sentado en su silla de ruedas. Cuando pase usted por allí obsérvela, y quizás verá gotas de sangre caer de esas manos metálicas, incluyendo las de una niña de trece años, muerta durante la Masacre del Domingo de Ramos de 1937, en Ponce.

El cénit del centauro

Esta columna que está leyendo, no estaba programada. El impasse creado ante la declaración de culpabilidad del senador novoprogresista Héctor Martínez Maldonado por un jurado del tribunal federal estadounidense con sede en Puerto Rico, y la negativa del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz a expulsarlo de ese cuerpo, es un suceso histórico que merece nuestra atención y comprensión en su justa medida.
Desde su ingreso a la palestra pública, Rivera Schatz se ha destacado por ser una de las figuras mas fieras de nuestra fauna política. Durante la administración de Sila María Calderón Serra (2001-2004), el hoy presidente del senado participó prominentemente en el famoso motín de 2002 en la Procuradoría de la Mujer. En el terrible período del gobierno compartido bajo el gobernador accidental Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008), Rivera Schatz dirigió la fallida ofensiva de su mentor político, Pedro Rosselló González, en pos de lograr para este último la presidencia del Senado. A pesar de no contar con experiencia previa como senador, logró alcanzar a la primera oportunidad la presidencia del Senado para convertirse, como expuse en una columna anterior (“De Hernández Agosto... a Rivera Schatz”), en el líder legislativo más poderoso de las últimas dos décadas. Es además el adversario más formidable que enfrenta el actual gobernador Luis Fortuño Burset.
En estos días, sin embargo, la posición asumida por Rivera Schatz ante la condena federal contra Martínez Maldonado le costó la virtual soledad. Aparte de los senadores novoprogresistas que obedientemente se plegaron a su decisión de defender al colega caído, lo mismo adversarios políticos, que periodistas, que analistas y politólogos, encontraron inexplicable e injustificable su proceder, e incluso proclamaron su suicidio político. Exploraremos una explicación alterna, utilizando como base dos ejemplos históricos recientes. Para ello, parto del principio de que el FBI está nuevamente en pleno uso del instrumento del procesamiento selectivo, como en los casos de Nicolás Nogueras Cartagena, Jorge de Castro Font y otros (según propuse en “El efecto Medusa” y en “Entre Escila y Caribdis”). En efecto, uno de los verdaderos “poderes que son” en el ámbito colonial le está tendiendo un cerco al presidente del Senado, como se evidencia por el arresto federal en enero pasado de dos cercanos colaboradores de Rivera Schatz y, por supuesto, el procesamiento y convicción de Martínez Maldonado. Este patrón no es nada nuevo, bastando un poco de memoria histórica para comprobarlo.
Después de un cuatrienio fuera del Senado, Nicolás Nogueras Cartagena, una de los grandes figuras políticas del Partido Nuevo Progresista, regresó a dicho cuerpo en 1989. Ya para 1993, Nogueras Cartagena se había convertido en vice-presidente del Senado. Poco después, sin embargo, su posición comenzó a tambalearse ante informes de prensa que le atribuían ser sujeto de numerosas investigaciones criminales, tanto a nivel puertorriqueño como estadounidense. Ya para abril de 1996 Nogueras Cartagena enfrentaba un proceso de expulsión del Senado que, a no ser por el espectáculo mediático que protagonizó el FBI estadounidense al arrestarlo frente a su propia residencia y ante las cámaras de televisión apenas horas antes, probablemente habría sobrevivido. El “show” de su mero arresto por el FBI fue suficiente para que un acobardado Senado lo desterrara del cuerpo.
Tras alcanzar la cúspide del poder gracias al más reciente período de gobierno compartido, la carrera política de Jorge de Castro Font sufrió el remezón de acusaciones de la fiscalía de los Estados Unidos en octubre de 2008. Milagrosamente, su candidatura logró sobrevivir ese abrazo de oso, resultando reelecto en virtud del maremoto electoral de noviembre de 2008, pero sólo para finalmente entregarse en enero de 2009 sin jurar su nuevo cargo y sin haber sido juzgado. Como en el caso de Nogueras Cartagena, el Senado aceptó – ya fuere por miedo o por conveniencia – que meras acusaciones por parte de “los federales” fuese suficiente motivo para sacrificar a uno de sus miembros.
La diferencia con casos pasados, por supuesto, es que Rivera Schatz esta vez no se ha acobardado. Su enfrentamiento al todopoderoso FBI, la fiscalía y el tribunal estadounidenses, guarda ecos de gestas que no se veían desde hacía una década, en la medida que le niega el respeto a instituciones coloniales acostumbradas a la pleitesía de quienes temen que mirarlas a los ojos los conviertan en piedra. El incidente Martínez Maldonado es, pues, el más serio y reciente de la confrontación entre el sector anti-colonialista del anexionismo y el poder federal estadounidense, que se inició en abril de 1999 con un error militar en la isla municipio de Vieques.
Por eso, donde otros ven el nadir del presidente senatorial, yo atisbo el cénit del centauro que enfrenta los poderes coloniales que son, en la mejor tradición de Rosselló González y Carlos Romero Barceló.

“Chief Justice” Aaron Cecil Snyder

El viernes 25 de febrero de 2011 y de la autoría del profesor de Derecho Luis Rafael Rivera, se presentó uno de los libros más interesantes y envolventes que se hayan escrito en torno al auge y sofocación del movimiento nacionalista de Pedro Albizu Campos. El escenario es el Puerto Rico en crisis de las décadas de 1930, 40 y 50. El personaje principal, un estadounidense que llegó a nuestras costas como acusador y terminó como acusado. Se llamaba Aaron Cecil Snyder y esta es su historia.
Nacido en la ciudad de Baltimore en una familia de inmigrantes judíos, y como tantos otros norteamericanos que llegaron a probar suerte y fortuna a nuestras costas tras la Guerra de 1898, el abogado Aaron Cecil Snyder arribó a Puerto Rico en 1933 con el objetivo de labrar su camino hacia un puesto de altas esferas. Su mentor lo fue el notorio senador federal Millard Tydings, quien laboró para hacer de Puerto Rico una finca privada en beneficio de los grandes intereses económicos que representaba. Para ello, Tydings se ocupó de lograr que gente de su confianza pasara a ocupar puestos claves dentro de la administración colonial, tales como el coronel Francis Riggs a cargo de la Policía “insular”, y Blanton Winship, militar retirado, gobernador colonial de Puerto Rico entre 1934 y 1939, y responsable directo de la masacre del Domingo de Ramos de 1937, en Ponce.
Gracias a los buenos oficios de Tydings, Snyder obtuvo el puesto de fiscal federal de los Estados Unidos en Puerto Rico. En contubernio con el juez federal estadounidense Robert Cooper, Snyder procesó en dos oportunidades al liderato del Partido Nacionalista y al propio Albizu Campos. En el primer juicio, un jurado compuesto por puertorriqueños absolvió a los nacionalistas en 1936. En un segundo proceso – en el cual el jurado quedó compuesto en su inmensa mayoría por estadounidenses – el binomio Snyder-Cooper logró la condena de Albizu Campos y sus más cercanos colaboradores en en el mismo año. Como resultado, el Partido Nacionalista quedó huérfano de liderato significativo por una década, mientras Albizu Campos era recluido y aislado en las frías mazmorras de una cárcel federal localizada en la ciudad de Atlanta.
Snyder, como símbolo del poder colonial de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, no estaba exento de contradicciones. Por un lado, condenaba la persecución de los judíos en las tierras de sus ancestros y la Alemania Nazi, mientras por el otro perseguía a los nacionalistas. No obstante promover la consolidación del régimen colonial sobre nuestro País, Snyder pretendió echar raíces aquí, adquiriendo una residencia, codeándose con sectores sociales y culturales boricuas, y expresándose en español. Por sus servicios en la represión del nacionalismo, Snyder logró desarrollar fuertes lazos con figuras coloniales de poder que eventualmente llenaron el vacío del senador Tydings. Entre éstos, cabe destacar a Rexford Guy Tugwell (último gobernador colonial estadounidense de Puerto Rico), a Abe Fortas (figura clave dentro del gobierno federal para la creación de un Estado Libre Asociado “en la naturaleza de un pacto” entre Puerto Rico y los Estados Unidos), y a Luis Muñoz Marín, quien para la década de 1940 se había convertido en un estrecho colaborador y beneficiario de los oficios del fiscal federal.
Como juez asociado del Tribunal Supremo, Snyder puso algo más que un grano de arena para facilitar la implantación del programa de gobierno del Partido Popular Democrático, camino a la fundación del ELA en 1952. Tras convertirse en el primer gobernador electo por el Pueblo de Puerto Rico, y con la nueva facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, Muñoz Marín se dispuso a elevar a Snyder a la presidencia del Alto Foro en 1953. Es aquí interesante notar que, como el profesor Rivera logra establecer, el hecho de que Muñoz Marín se encontrase en la cúspide de su poder no supuso un camino expedito para el encumbramiento de Snyder como juez presidente. Sucede que las actuaciones del otrora fiscal federal y su condición de estadounidense, militaban en contra de sus aspiraciones a presidir nuestro Alto Foro, al extremo de que Muñoz Marín se vio precisado a mercadear a Snyder como “Cecilio” ante la opinión pública para lograr su confirmación por el Senado.
El podio de prestigio y poder con el que Snyder tanto había soñado, comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Diversos sectores de la sociedad puertorriqueña, pero muy en especial dentro de la abogacía, comenzaron a elaborar una campaña de presión contra el juez presidente que, finalmente, lo forzó a presentar su renuncia en 1957, alegando “razones familiares” como motivo. Apenas dos años después, con 52 de edad y en circunstancias poco usuales, Cecil Snyder fue encontrado muerto en su residencia y sus restos fueron regresados de inmediato a los Estados Unidos. Por estas y otras razones, su trayectoria y papel en nuestra historia reciente bien vale la pena conocerla.

Entre Escila y Caribdis

En la Odisea, el poeta griego Homero narra que encontrándose el héroe Odiseo (conocido en la mitología romana como Ulises) de regreso a Grecia en su barco tras la guerra contra Troya, ordenó a su tripulación atracar en la isla de Eea. Allí, la diosa Circe le advirtió sobre los peligros que enfrentaría, incluyendo el paso por un estrecho en cuyos extremos moraban las mortíferas bestias Escila y Caribdis. Para sobrevivir el paso entre los monstruos, Odiseo tendría que tomar una decisión. Otro tanto tendrá que hacer Jorge de Castro Font.
Apenas cuatro meses antes de las elecciones generales de 1980, el Secretario de Hacienda le notificó al contribuyente Rafael Hernández Colón una serie de deficiencias contributivas. Hernández Colón impugnó la investigación y el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, donde el contribuyente reclamó ser sujeto de persecución política, cortesía de su archirrival, el gobernador Carlos Romero Barceló. Aunque el tribunal resolvió el asunto a base de argumentos contributivos, los jueces asociados Antonio Negrón García y Francisco Rebollo López lanzaron una voz de alerta en la que el primero afirmó que “[h]asta ese momento ningún otro candidato a gobernador había sido sometido a ninguna o semejante investigación contributiva”. Cinco años más tarde y en ocasión de que el gobierno de Hernández Colón procesara a Luis Lausell Hernández – candidato a gobernador por el Partido Socialista Puertorriqueño en esas mismas elecciones de 1980 – por actos de desobediencia civil, el juez asociado Rebollo López volvió a alertar que ello constituía “una acción selectiva y discriminatoria, motivada por cuestiones políticas”.
En 1989, el gobierno del Partido Popular Democrático inició un procesamiento criminal contra el senador Roberto Rexach Benítez, del opositor Partido Nuevo Progresista. Ante planteamientos de procesamiento selectivo que fueron desestimados por el Tribunal Supremo, los jueces asociados Negrón García y Rebollo López volvieron a disentir, denunciando este último “la cruda e inconstitucional utilización, por parte del gobierno de turno en un momento determinado de nuestra historia, del procedimiento criminal vigente en nuestra jurisdicción con el ilegal propósito de perseguir a un adversario político”. A finales de abril de 1996, y a meras horas de comenzar un debate que eventualmente redundó en su expulsión del Senado, el entonces senador novoprogresista Nicolás Nogueras Cartagena fue sujeto de un arresto en los alrededores de su propia residencia y ante las cámaras de televisión, por agentes del gobierno estadounidense. El espectacular despliegue de fuerza surtió el efecto de propinarle un golpe mortal a la carrera política de Nogueras Cartagena. Al día siguiente y a pesar de horas de debate legislativo durante las cuales el aún senador luchó contra lo inevitable, Nogueras Cartagena finalmente sucumbió ante lo que el entonces juez asociado del Tribunal Supremo, Jaime B. Fuster Belingeri, llamó “un ominoso e ilegal abuso de poder”.
El procesamiento selectivo es uno de los fenómenos más perniciosos de nuestro sistema colonial de gobierno. El mismo parte del principio de que todos los seres humanos – pero muy especialmente los que se involucran en las luchas políticas – se colocan en posiciones vulnerables que los sujetan – dadas las circunstancias apropiadas – a ser en su día procesados por una maquinaria del Estado en manos de sus adversarios ideológicos. Los fiscales de los Departamentos de Justicia de los Estados Unidos y de Puerto Rico, al igual que otros funcionarios públicos, poseen la facultad de investigar y acusar conforme a normas de discreción y objetividad que no siempre son fielmente seguidas. Únase a ello que, como regla general, los acusadores gozan de inmunidad contra acciones legales por el ejercicio de sus funciones, y tiene usted un tentador y mortífero mecanismo para el más sórdido ejercicio del poder.
A causa del anómalo período de gobierno compartido que vivimos entre 2005 y 2008, Jorge de Castro Font se encumbró en una posición privilegiada de arbitraje entre el debilitado PPD de Aníbal Acevedo Vilá y el malamente fragmentado PNP de Pedro Rosselló González y Luis Fortuño Burset. Adquirió información y poder a borbotones, al igual que formidables enemigos que propiciaron su caída en octubre de 2008 mediante – !sorpresa! – decenas de acusaciones promovidas por la fiscalía estadounidense. Su aceptación de culpabilidad en enero 2009 – unido al hecho cierto de que posee información comprometedora que puede servirle para aminorar sus penas a nivel estadounidense – trajo sin duda otro desarrollo “sorprendente”: una lluvia de acusaciones promovidas por la fiscalía criolla.
Consciente de que pasar cerca del torbellino que provocaba la temible Caribdis significaría la destrucción de su barco y la muerte de todos abordo, Odiseo tomó la dolorosa decisión de sacrificar parte de su tripulación a las fauces de las seis cabezas de Escila. Sin ser un héroe, De Castro Font enfrenta una prueba similar entre dos bestias que amenazan con devorarlo por lo que diga, o deje de decir.

El ELA que se nos va... (Parte III): El “Skeleton Crew” y la soberanía

Como hemos intimado en columnas previas, el independentismo como opción descolonizadora está probablemente en su peor momento desde que en septiembre de 1868 el gobierno español suprimió el alzamiento nacionalista conocido como Grito de Lares. Hacia dónde se dirige, está por verse.
El deterioro del independentismo en tiempos modernos comenzó, por supuesto, con su persecución y represión sistemática durante la hegemonía virtualmente absoluta del Partido Popular Democrático (1944-1968), en colaboración con el Negociado Federal de Investigaciones (mejor conocido como el FBI) y la Inteligencia Naval de la Marina de Guerra estadounidenses. Ese constante declinar, sin embargo, no se detuvo con el paulatino ascenso del anexionismo. No obstante incidentes tales como la ejecución de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví en el Cerro Maravilla en 1979, lo cierto es que el independentismo ha tenido sus mejores oportunidades de recuperación bajo los gobiernos del Partido Nuevo Progresista, muy en especial durante los años en el poder de Pedro Rosselló González (1992-2000).
El gobierno de Rosselló González hizo florecer, como nunca antes, el debate y final reconocimiento de Puerto Rico como una nación. Vio además la rehabilitación histórica del independentismo por nuestro Tribunal Supremo (mediante el conocido “caso de las carpetas”) y el retorno del liderato del Partido Independentista Puertorriqueño, muy en especial de su presidente Rubén Berríos Martínez, a su infancia y juventud de luchas durante la extraordinaria gesta contra la Marina de Guerra en Vieques (1999-2001).
No cabe duda de que la estrategia histórica del PIP bajo Berríos Martínez durante las décadas de 1970 y 1980 (guerra sin cuartel al PPD como principal promotor del régimen colonial, por un lado, combinado con el argumento de que el racismo en la sociedad estadounidense hacía imposible la estadidad, por el otro) fue la correcta para dicho período. Mas la evolución de las sociedades puertorriqueña y estadounidense y del ordenamiento mundial en general a partir de la década de 1990, comenzó a desgastar y a hacer obsoleta la estrategia pipiola. Su primer gran indicio tuvo lugar en los desastrosos resultados (para la independencia como opción) del plebiscito de 1998. A su vez, la fragmentación del independentismo y su explotación electoral por su viejo pero todavía poderoso enemigo, el PPD (“melones”, “pivazos”), convirtieron al PIP – en palabras que tomo prestadas del ex juez asociado del Tribunal Supremo Jorge Díaz Cruz – en “un pájaro prehistórico desvelado ante una ecología transformada”.
Al día de hoy el estado del independentismo como opción política es tan ruinoso, que incluso sus analistas o representantes son despedidos de programas de análisis radiales, o no son tan siquiera considerados en la creación de programas radiales nuevos. En efecto, el circo de tres pistas ahora se corre con dos. Las menguantes fuerzas de pipiolos y otros grupos independentistas no alcanzan ya para impulsar movimientos huelguistas de masas. Como sal en una herida abierta, el FBI dio muerte a Filiberto Ojeda Ríos en plena conmemoración del Grito de Lares en 2005. El pitiyanquismo cunde en los municipios controlados por el anexionismo, al punto de olvidar oficialmente el alzamiento de 23 de septiembre de 1868 y convertir a Lares en una ciudad “de cielos abiertos”.
La irrelevancia amenaza con tragarse a un independentismo que, como las partidas en el 2010 de Lolita Lebrón y Juan Mari Bras ilustran, carece de relevos generacionales en su liderato. A falta de una expresión más descriptiva en español, el PIP ha perdido paulatinamente su masa electoral, quedándose apenas con un skeleton crew empeñado en atenerse al discurso obsoleto de una independencia que ya no es asequible, ante la nueva ecología mundial de países interdependientes.
Conforme al pensamiento del conocido sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, la visión del mundo en términos políticos ha cedido a una en que la cultura es un eje central en las relaciones internacionales. Por ende, en un planeta en que, en términos estrictamente económicos, los Estados Unidos depende del financiamiento chino y en el que China depende de las materias primas que le provee Brasil (por dar un ejemplo sencillo), el independentismo necesita dejar atrás su propia denominación para adaptarse al escenario mundial que nos presenta el siglo 21, de manera que podamos como pueblo preservar nuestra identidad cultural.
Para lograr ese objetivo, la expresión clave ya no es independencia; es soberanía.

El ELA que se nos va... (Parte II): El “Plan Tennessee”

El atrincheramiento del sector colonialista, particularmente dentro del Partido Popular, no ha podido detener la emergencia del anexionismo como principal fuerza política del País. Aún dentro del independentismo, medra la conciencia de que el anexionismo posee en estos días la vara alta, que los argumentos tradicionales en contra de la estadidad ya no parecen tener la fortaleza de antaño, y que por ende hay que prepararse para “lo peor”, esto es, la estadidad federada. ¿O no?
El aplastante ascenso al poder en el 2008 del Partido Nuevo Progresista, lo ha llevado a la privilegiada facultad de controlar todas las esferas del gobierno colonial, como en su día lo hizo por décadas el PPD. Por el otro lado, el ascenso poblacional y electoral de los llamados “Hispanics” en los Estados Unidos, en unión a la elección de un presidente no blanco en la persona de Barack Husseim Obama, pareciera inaugurar una nueva era en que la raza, la cultura y hasta el idioma, dejaran de constituir un obstáculo para que Puerto Rico se convirtiese en el primer “estado hispano” de la Unión.
Todo lo anterior no obstante, la estadidad como meta parece estar más estancada que nunca a nivel de la metrópoli. Si para muestra con un botón basta, la derrota del proyecto de plebiscito en la Cámara de Representantes estadounidense (entonces con amplia mayoría demócrata), en unión al despojo del privilegio de votar en ese cuerpo que poseía nuestro comisionado residente en Washington, hablan por sí solos. Mas lo que parece ser el mayor contribuyente al retroceso del remedio descolonizador que, nos guste o no, es la estadidad, lo es la presente administración anexionista.
Como planteé en la primera parte de esta serie, la verdadera hendidura ideológica no es la de tres partidos que luchan por sus respectivos ideales, sino la de dos fuerzas antagónicas que aspiran, de una parte, a descolonizar al País, y de la otra, a preservar el régimen al máximo. Visto desde esta óptica, el PNP de la actualidad es el más colonialista entre todas las administraciones anexionistas que han dirigido al País. Este PNP no sería capaz de enfrentar a la Marina de Guerra estadounidense, como sí lo hicieron las administraciones de Carlos Romero Barceló (1977-1984) y Pedro Rosselló González (1992-2000). Sí es capaz, sin embargo, de defender el presente estado colonial, afirmando ante el mundo que se trata de un “asunto interno” entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
Precisamente en el año 2008, el conocido sociólogo y profesor Aarón Gamaliel Ramos publicó un interesante ensayo en torno a cómo el anexionismo ha visualizado a los Estados Unidos a lo largo de la relación colonial, y cómo ese movimiento ha procurado insertar a Puerto Rico en el camino definitivo a la anexión, sin éxito al presente. Las dificultades del anexionismo se habrían iniciado desde los comienzos mismos de nuestra situación de sumisión ante los Estados Unidos, cuando la nueva metrópoli sorprendió al en aquel entonces movimiento mayoritario en Puerto Rico, mediante la creación de un sistema colonial-territorial sin precedentes en el expansionismo estadounidense.
Conforme al profesor Ramos, en aquellos primeros años de colonialismo estadounidense el anexionismo pretendió representarle a la metrópoli que eramos una comunidad blanca y civilizada, similar a la que los anexionistas de entonces entendían poblaba los estados de la Unión. Esa estrategia implicaba además presentarnos como un pueblo en franco proceso de americanización que rendía pleitesía a las instituciones de gobierno estadounidenses, con el consiguiente menosprecio a aquellas características que nos han identificado como pueblo, incluyendo el idioma español. El fracaso de esa estrategia supuso la adopción en la década de 1970 de un nuevo modelo, basado en que los puertorriqueños constituíamos una “minoría étnica” dentro de la Unión, a la vez que se proponía la adopción de lo que en la Historia se conoce como el “Plan Tennessee”.
En síntesis, el Plan Tennessee – derivado del nombre del primer territorio que logró la estadidad por ese medio – consiste en la elección por los pobladores del territorio de los que serían sus representantes ante el Congreso estadounidense, quienes a su vez requerirían ser reconocidos como tales y forzando así la admisión como estado del territorio. El último territorio en adoptar esa estrategia con éxito lo fue Alaska en 1959, cuyos proponentes afirmaron que el Plan Tennessee siempre había funcionado. El programa de gobierno del PNP para las elecciones del 2008 contempla nuevamente el uso del Plan Tennessee. Ello no obstante – y a pesar de afirmarse que nunca ha fallado – usted no escuchará del mismo; mucho menos un movimiento serio dentro del PNP para ponerlo en ejecución.
Conforme al profesor Ramos, los Estados Unidos comenzaron a experimentar a partir de la década de 1980 un auge del sentimiento neoconservador que fomenta la fobia contra todo lo ajeno a su cultura y forma de pensar. Ello explica que el anexionismo moderno haya abandonado la idea de presentar a Puerto Rico como una nación que cabe dentro del sistema federal estadounidense, optando en su lugar por incrementar el uso del idioma inglés (“Canóvanas City Police”, por ejemplo), actuar como si fuésemos un estado, y fomentar un patriotismo hacia la metrópoli (nuestros Reyes Magos entregando regalos en la nieve). En efecto, se trata del retorno al discurso de similitudes entre territorio y metrópoli que impulsaron los primeros anexionistas, hace ya más de un siglo atrás. Por lo visto, la fe en la infalibilidad del Plan Tennessee no es tal.
Continuará...

El ELA que se nos va... (I): la gran hendidura

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico – esa criatura o metáfora jurídica que, “con la naturaleza de un convenio”, ha servido para justificar internacionalmente el régimen de sumisión colonial bajo los Estados Unidos de América – está muriendo. Nuestra clase dirigente, aunque no lo diga públicamente, lo sabe. Exploremos algunas de las potenciales causas y consecuencias de esa agonía.
De la mano de Luis Muñoz Marín, nuestro liderato apostó a la posibilidad de sacar al País de su estado de pobreza extrema, a cambio de tolerar e incluso proteger el uso de Puerto Rico como una gran base militar estadounidense durante la Guerra Fría (1947-1991). En trueque por esa colaboración, el gobierno federal estadounidense transfirió durante décadas sumas millonarias que permitieron al gobierno del ELA iniciar un ambicioso programa de modernización que nos transformó de uno de los países más pobres de Latinoamérica, a la aún hoy gran potencia económica del área del Caribe. Esta transición, por supuesto, tuvo sus consecuencias.
Desde 1944 y hasta las elecciones de 1968, el Partido Popular Democrático de Muñoz Marín ejerció un virtual monopolio sobre el poder que el anexionista Partido Nuevo Progresista de Luis A. Ferré Aguayo comenzó, poco a poco, a erosionar. Pulseo tras pulseo electoral, el mollero anexionista se ha fortalecido, al punto de propinarle palizas electorales al PPD en las elecciones de 1996 y 2008 que el estadolibrismo, cuando le ha tocado ganar, no es capaz de reciprocar. Para intentar contener el reto anexionista, el PPD se ha visto cada vez más necesitado del voto de aquel sector ideológico que, precisamente, ayudó a destruir: el independentismo.
Mientras esta lucha electoral por controlar la administración colonial se desarrollaba, los llamados “pilares” del ELA comenzaron, uno tras otro, a caer. En el fundamental aspecto económico, quizás no existe un suceso más dramático que el colapso de la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO), durante la década de 1970. La enorme osamenta metálica que ese fracaso nos dejó, se yergue aún como macabro monumento a orillas de la carretera 2 en Peñuelas. Con ello se selló la suerte de la política que todavía apostaba a la capacidad de “crecimiento” del ELA.
El fin de la Guerra Fría en 1991 debilitó a su vez dramáticamente el valor estratégico-militar de Puerto Rico. Ello es lo que explica, al menos en parte, que la muerte del viequense David Sanes Rodríguez en abril de 1999 fuese capaz – como nunca antes lo había sido – de crear un frente común para expulsar a la Marina de Guerra estadounidense de nuestro territorio. Este movimiento de liberación nacional fue extraordinario, más allá de exorcizarnos colectivamente de ese cuerpo castrense extranjero. Veamos esto brevemente.
La lucha contra la Marina de Guerra causó el colapso de lo que los estudiosos han llamado el “circo de tres pistas” de nuestra política criolla, pues dio paso a un realineamiento de fuerzas que puso al descubierto la verdadera hendidura fundamental: colonialistas versus anti-colonialistas. Estos dos grandes bloques subsisten calladamente bajo la superficie de las tres tendencias políticas que distinguen nuestra clase dirigente. Una vez las fuerzas anti-colonialistas lograron derrotar la presencia de la Marina de Guerra, los dos grandes bloques volvieron a conformarse en el circo de tres pistas que nos acostumbraron a observar. Pero no se equivoquen: la hendidura sigue ahí. Y está supurando.
En efecto, todo este proceso de decadencia y deterioro que el ELA comenzó a experimentar a partir de la década de 1960, lo estamos pagando hoy en día. No todo es culpa de la Gran Recesión, aunque ciertamente ésta contribuye a agudizar nuestra presente situación. La ausencia de poderes para maniobrar nuestra propia economía se vuelve un problema cada vez más serio, ante la realidad aplastante del derrumbe del proteccionismo comercial entre las naciones soberanas para dar paso a la economía global. Ya el ELA no posee un acceso exclusivo al mercado estadounidense como en antaño, mientras sus manos permanecen atadas para comerciar con otros países. La vergonzosa desautorización y regaño que la administración del estadolibrista Rafael Hernández Colón (1985-1992) sufrió a manos del gobierno estadounidense cuando intentó llegar a acuerdos comerciales con Japón, dramatiza a la perfección la cruda realidad de nuestra impotencia colonial.
La pérdida poblacional que el último censo refleja, en unión a que ya más puertorriqueños residen en la metrópoli que en Puerto Rico, confirma la realidad de que las condiciones de vida de nuestro País están en franco deterioro. El mejoramiento de la calidad de vida puertorriqueña, ese último gran baluarte que justificó la viabilidad del ELA, ya no está presente. Sólo la dependencia económica y sicológica hacia los Estados Unidos que por más de medio siglo el ELA promocionó, explican hoy en día su existencia. Todo ello, en unión a los conflictos que hoy en día vivimos – tales como el paro estudiantil en la Universidad de Puerto Rico – evidencia que grandes decisiones se acercan en torno a nuestro futuro político.
Continuará...

La charca de tiempos pasados

Violencia doméstica. Maltrato de mujeres. Asesinatos pasionales. Abandono y abuso sexual de menores. Delincuencia y corrupción. Todos éstos y sucesos similares forman parte de nuestra dieta informativa diaria, al punto de hacernos pensar que el Puerto Rico moderno está perdido, y que “todo tiempo pasado fue mejor”. Prepárense, porque no es así. Veamos por qué.
Cuando de buscar un punto de referencia sobre el cual anclar nuestra añoranza se trata, no existe sustituto para el siglo 19 puertorriqueño. Aún hoy en día, y particularmente en la época navideña, la mítica imagen del manso jíbaro y su devota mujer se convierte en el ideal contra el cual juzgamos nuestra calidad de vida pasada y presente. Recordamos, como si los hubiésemos vivido, aquellos ya lejanos días en que la vida familiar y comunal se regía por el respeto y el honor; la era de las grandes familias extendidas que servían como músculo para la producción agrícola, y de energía y sustento para las buenas costumbres y la devoción religiosa. Todo esto podrá tener algo de cierto, pero no es ni remotamente toda la verdad de ese barnizado pasado que, a poco de rasparlo, comienza a mostrar un rostro distinto, menos glamoroso. Un rostro que fue descrito y denunciado por uno de los gigantes de nuestra Historia, el médico Manuel Zeno Gandía.
Nacido con un pie en pleno siglo 19 y el otro a su muerte en el 20, Zeno Gandía (1855-1930) nos dejó, entre otras contribuciones, su testimonio literario sobre el Puerto Rico de la segunda mitad del siglo 19 que le tocó vivir. Encapsuladas con el muy comunicativo título de Crónicas de un mundo enfermo, Zeno Gandía publicó varias novelas que retrataron ese otro Puerto Rico que no rememoramos, pero del cual supimos en nuestros tempranos estudios escolares, muy en especial por la lectura de la que se considera su novela principal: La charca.
Como su título sugiere, La charca nos muestra una sociedad virtualmente inmóvil o estancada, en la que todo cambio que se registra es para peor. Se trata de un mundo sórdido en el que su protagonista principal, la joven Silvina, es victimizada por su familia y sometida a maltratos físicos y emocionales por Gaspar, su marido cruel y alcoholizado. Las acciones de la mayoría de los personajes son motivadas por la codicia y el egoísmo. El machismo absoluto rige las relaciones humanas. Los actos delictivos, incluyendo asesinatos, violaciones y la corrupción en general, quedan impunes y sepultados por el silencio cómplice de los demás.
El valor de La charca como testimonio histórico ha sido reconocido por nuestro Tribunal Supremo, mediante una opinión suscrita por la entonces jueza asociada Miriam Naveira Merly en 1993. En dicha oportunidad, la magistrada reconoció en Zeno Gandía un observador de la realidad social en la que le tocó vivir. Conforme a la jueza Naveira Merly, “[l]as fuentes históricas y literarias que hemos examinado nos presentan una innegable realidad. La mujer era considerada por el hombre como propiedad u objeto. Tal percepción propició la violencia contra ésta y generó un grave problema social. Esta era la situación prevaleciente al momento del cambio de soberanía”. Los graves problemas sociales que se narran en La charca son también relatados por Zeno Gandía en su novela Garduña, donde las maquinaciones de un corrupto abogado lo conducen a despojar a su víctima de su legítima herencia. No hay finales felices en estas semblanzas de nuestro siglo 19 que constituyen las Crónicas de un mundo enfermo de Zeno Gandía.
Muchas de las pesadillas sociales que Zeno Gandía nos narra persisten, por supuesto, en nuestro Puerto Rico contemporáneo. Mas ello lo que sugiere es que no debemos ser tan severos al juzgar nuestra realidad presente, pues los mismos vicios y maldades nos han acompañado y atormentado como pueblo desde tiempos inmemoriales. No son un fenómeno producto de nuestra modernidad. No podemos culparnos a nosotros mismos por la “pérdida de valores” que se esgrime como explicación para nuestra situación actual. No somos, pues, una sociedad decadente, ni el mundo se está acabando, ni la calentura está en la sábana.
Al contrario, el Puerto Rico que hemos construido nos brinda unas ventajas de las cuales nuestros antepasados carecieron. De la cultura de la impunidad y el “de eso no se habla”, hemos pasado a la de las grandes posibilidades que nuestro tejido social nos permite disfrutar, aunque parezca que el mundo se nos cae encima. Los medios informativos nos crean conciencia de que existe el maltrato conyugal y el abandono de menores. Poseemos estadísticas sobre la conducta criminal, y facilidades que nos permiten construir una memoria histórica que pueda evitar la repetición de errores de antaño.
Con todas las imperfecciones de nuestro sistema de vida actual, vivimos una sociedad más perfecta que la de hace 120 años. La impunidad absoluta que el aislamiento y la ignorancia promovían y protegían ya no es tal. Quedan muy pocas Silvina, y cada vez menos Gaspar, en la medida en que nuestra conciencia colectiva nos provee las herramientas para mejorarnos a nosotros mismos; perseguir y castigar a los culpables; y proteger a nuestros niños. Por eso debemos preferir vivir en nuestro Puerto Rico actual en lugar de idealizar la charca de tiempos pasados, pues no es cierto eso que se dice por ahí de que todo tiempo pasado, fue mejor.

Morir joven, o llegar a viejo

Por razones históricas y geográficas, la región de Mayagüez siempre fue eje de movimientos separatistas durante el siglo 19 puertorriqueño. De allí surgieron las dos figuras cimeras del movimiento emancipador boricua. Es hora de decir algo en torno al médico Ramón Emeterio Betances y Alacán, y el abogado Segundo Ruiz Belvis.
Conforme a los trabajos en torno al Grito de Lares de los historiadores Olga Jiménez de Wagenheim y Francisco Moscoso, el más renombrado alzamiento libertador de nuestro siglo 19 no fue producto de una incitación espontánea, sino que fue el resultado de largos años de frustraciones y desengaños a manos de una metrópoli española aterrada de perder el remanente de sus posesiones en América. Dentro del vaivén de sus indecisiones, el gobierno español determinó en diciembre de 1865 invitar a Cuba y a Puerto Rico a enviar delegados a la península para discutir la situación colonial.
Ya para aquel entonces, Betances y Ruiz Belvis eran grandes amigos y figuras prominentes dentro de los sectores más progresistas del liderato puertorriqueño de la época. Su visión emancipadora se proyectaba en dos dimensiones: libertad para Puerto Rico en general y para los esclavos en particular. Llegada la hora de elegir los delegados puertorriqueños que partirían hacia España, Betances cedió a Ruiz Belvis su lugar en la papeleta por el Distrito de Mayagüez, resultando electo. Ya en la metrópoli y con Ruis Belvis a la cabeza, Puerto Rico propuso a España, entre otras reformas de corte progresista, la inmediata abolición de la esclavitud, con indemnización a los dueños de esclavos o sin ella.
Fiel a su trayectoria, España se negó en abril de 1867 a conceder las reformas reclamadas. A su regreso a su patria, Ruiz Belvis fue sujeto en Mayagüez de actos de represión y amenaza por los militares. Aprovechando un incidente de insubordinación de las tropas en San Juan en junio de 1867, el gobierno del general José María Marchesi ordenó el exilio de Betances y Ruiz Belvis, entre otros intelectuales liberales de la época, hacia España. En desobediencia a esa directriz, los ya fugitivos marcharon en agosto de 1867 a Santo Domingo y luego a la ciudad de Nueva York. La suerte estaba echada en dirección hacia el primer alzamiento nacional que tendría su génesis en Lares apenas un año más tarde.
Ya en Nueva York, Betances y Ruiz Belvis participaron en la organización del Comité Revolucionario de Puerto Rico. Allí conocieron también al emisario chileno Vicente Vicuña Mackenna, interesado en provocar el alzamiento de Cuba y Puerto Rico contra España, por estar ésta en guerra con Chile en aquellos tiempos. Por considerar fundamental la solidaridad latinoamericana con la causa separatista boricua, el Comité Revolucionario designó a Ruiz Belvis a marchar hacia Chile donde, con la asistencia de Vicuña Mackenna, gestionaría su apoyo a la liberación de Puerto Rico. Mientras tanto, Betances regresaría a Santo Domingo y viajaría a las Antillas menores para organizar el alzamiento boricua.
Encontrándose en estos menesteres, Betances recibió la noticia que le partió el alma; Segundo Ruiz Belvis, su amigo solidario de años y a quien el propio Betances consideraba su superior en la gesta emancipadora, había fallecido apenas días después de arribar a las costas chilenas. Con problemas de salud desde antes de partir hacia la América del Sur, el hasta aquel entonces dirigente principal del movimiento libertador boricua fue encontrado muerto en la habitación de su hotel en Valparaíso, Chile, un 3 de noviembre de 1867. Apenas tenía 37 años.
A pesar de la enorme pérdida para la causa, Betances continuó con los preparativos para el alzamiento desde la isla de Santo Tomás. Las maniobras de inteligencia española, sin embargo, lograron dislocar los planes de Betances de suplir con armas a la proyectada revolución. Las autoridades de Santo Tomás ordenaron la expulsión de Betances. El Grito de Lares de 23 de septiembre de 1868 – y que, curiosamente, pudo haberse registrado en nuestra historia como El Grito de Camuy de 29 de septiembre – fue al fin suprimido por las autoridades coloniales, gracias a desafortunados sucesos como los aquí narrados, entre varios otros cuya mención y detalle escapan a la extensión y propósitos de esta columna en particular.
Betances pudo establecerse finalmente en París, Francia, desde donde continuó laborando en pro de la liberación de Puerto Rico hasta su muerte por causas naturales a los 71 años en septiembre de 1898. Gracias al incipiente desarrollo del sentimiento nacionalista puertorriqueño bajo el sistema colonial estadounidense, los restos de Betances fueron regresados a su terruño en agosto de 1920. Presenciado por miles de compatriotas, el traslado de sus restos culminó con su descanso eterno en Cabo Rojo.
Mientras tanto, la noble osamenta de quien en vida fuera Segundo Ruiz Belvis, yace a miles de kilómetros de distancia de su terruño, olvidada por una clase dirigente que posee los recursos para erigir estatuas a presidentes estadounidenses que nada sacrificaron por – y que en muchas ocasiones sacaron provecho de – el Pueblo de Puerto Rico. No debiera ser mucho pedir el que – independientemente de las distancias temporales e ideológicas – el País pueda recibir y reconocer en su propio suelo a aquellos que sacrificaron vida, felicidad y hacienda en pro de la emancipación colectiva porque, a la hora de ofrecer sus servicios por la redención y soberanía patria, no debemos hacer distinción entre morir joven, o llegar a viejo.

La excusa más antigua

La polémica desatada por la solicitud de cuatro jueces del Tribunal Supremo para ampliar la plantilla de magistrados de 7 a 9 se ha apoderado del debate público, y por muy buenas razones. Como apuntáramos durante julio de 2008 en “Ideología suprema” I, II y III, la consecuencia más fundamental que se derivaría de las elecciones generales de 2008 lo era el control de la Rama Judicial puertorriqueña por el anexionismo tras medio siglo de preponderancia estadolibrista.
Como discutiéramos en la citada trilogía de columnas, desde la fundación del Estado Libre Asociado en 1952 el Partido Popular Democrático, como promotor criollo del régimen colonial, se las arregló por décadas para conservar una mayoría aplastante de jueces en el Tribunal Supremo, ya estuviese compuesto por 5, por 7 o por 9 magistrados. La debacle electoral del 2004 – que puso fin al ciclo electoral de 8 años de poder absoluto bipartito – privó al PPD del control del Senado, pieza fundamental en el proceso de confirmación de los jueces supremos que le habría permitido renovar la plantilla del tribunal. A partir de las cruciales elecciones de 1976, el Partido Nuevo Progresista comenzó a tocar a las puertas judiciales, reclamando una participación acorde con su condición de “igual” versus el PPD. Con Carlos Romero Barceló en La Fortaleza (1977-1984) y la usual mayoría estadolibrista en el tribunal, el PNP utilizó el mecanismo de las manifestaciones públicas de protesta para intentar presionar a los magistrados.
La vuelta al poder absoluto del PPD bajo Rafael Hernández Colón (1985-1992), permitió al estadolibrismo resuplir su plantilla en el Tribunal Supremo con 6 nuevos jueces, incluyendo dos jueces presidentes. No conforme, el PPD de Hernández Colón hizo algo más: imponerle virtualmente “a la trágala” a nuestro sistema judicial un tribunal apelativo intermedio compuesto por 15 jueces, bajo la excusa de la congestión de trabajo en los tribunales Aunque por años se había discutido la posibilidad de crear ese tribunal intermedio, su imposición al sistema judicial ya al final del mandato de Hernández Colón fue objeto de críticas públicas incluso por parte del entonces Juez Presidente Víctor Pons Núñez, pues resultaba evidente que la movida respondía sobre todo a los designios políticos del gobernador saliente y en consecuente detrimento de la autoridad de Pons Núñez. Fueron esos los vientos que dieron paso a posteriores tempestades.
El retorno al poder del PNP bajo Pedro Rosselló González (1993-2000), escaló la lucha por el control ideológico de nuestra judicatura. El Tribunal de Apelaciones creado bajo Hernández Colón fue abolido para dar paso a un Tribunal de Circuito de Apelaciones que duplicó su plantilla de jueces a alrededor de 30. Una intentona novoprogresista por enmendar la Constitución para aumentar a 9 el número de jueces en el Tribunal Supremo no rindió frutos, sin embargo. La vuelta al poder del PPD bajo Sila Calderón Serra (2001-2004), le dio una oportunidad al estadolibrismo para intentar consolidar su control ideológico sobre el Tribunal Supremo, misión que quedó inconclusa ante el colapso electoral de 2004 que apenas dejó al PPD con el control del Poder Ejecutivo bajo el “gobernador accidental” Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008). Las veleidades electorales le dieron así al PNP una oportunidad dorada de meramente “congelar la bola” durante el mandato de Acevedo Vilá, a pesar de vacantes de hasta 3 jueces en el Tribunal Supremo, a la espera de las importantes elecciones generales del 2008.
No obstante su expedito proceder para llenar 4 vacantes en el Tribunal Supremo, las aludidas veleidades presagian una potencial hecatombe electoral para el PNP del gobernador Luis Fortuño Burset, conforme adelantáramos en “2012”. Es esa incertidumbre lo que hace imperativo para el oficialista PNP asegurar su mayoría en el Tribunal Supremo mediante el aumento a 9 jueces, en lo que viene a ser una medida preventiva contra lo que el PPD sería igualmente capaz de hacer de capturar la gobernación y el Senado en el 2012. Es esa escasa mayoría de un voto lo que hace a ambos partidos soñar con el número 9 como cifra mágica, sin arriesgar demasiado el rechazo de la opinión pública.
Si algo demuestra la resolución de los 4 magistrados anexionistas y las opiniones disidentes de los 3 estadolibristas, es que la cláusula constitucional que rige la facultad del Tribunal Supremo de solicitar a la Asamblea Legislativa el aumento o disminución del número de jueces de ese foro es relativamente ambigua, y que el historial de la Asamblea Constituyente arroja escasa luz sobre su significado. Ello no obstante y en ausencia de orientación al respecto, la expresión “a solicitud del propio Tribunal Supremo” de la aludida cláusula parecería sugerir una petición de manera unánime. Pero las luchas de poder rara vez se rigen por el sentido común, siendo éste sustituido por argumentos menos plausibles, mas no exentos por ello de razón, y que permitan justificar el fin perseguido.
Por eso, la mayoría anexionista utiliza su condición como tal para fundamentar su solicitud de aumento para que, de triunfar el PPD en el 2012, se coarte la posibilidad de una solicitud del Juez Presidente, como administrador de la Rama Judicial, en el sentido de que el Tribunal Supremo necesita entonces el aumento a 9 jueces. Y es esa lucha ideológica que alimenta la constante burocratización de nuestra judicatura lo que realmente yace bajo el fundamento de reducir la congestión del trabajo judicial: la excusa más antigua.

En torno a la cafrería de un boricua apodado “Sunshine”

A principios del siglo 16, una barcaza negrera atracó en el improvisado y primitivo puerto que suplía de abastos a la isla de San Juan Bautista. Debido a la creciente escasez de mano de obra taína y los llacimientos de oro en la isla de San Juan, la corona española autorizó la importación a dicha colonia de los primeros esclavos africanos. Fue así como, en los mismos inicios de la colonización por España de la isla de San Juan, llegaron a nuestras costas los jelofes.
Para esta columna, dependeremos esencialmente de la importante contribución de los historiadores Jalis Sued Babillo y Ángel López Cantos, “Puerto Rico negro”. Conforme a sus hallazgos, los primeros esclavos africanos que arribaron a nuestras costas durante la primera década del 1500 fueron los “ladinos”, llamados así por haber pasado su esclavitud inicial en España, donde aprendieron castellano y profesaban el catolicismo. Entre esos primeros ladinos que llegaron a la isla de San Juan figuraban, como antes dicho, los llamados jelofes. Los jelofes (o wolofes) eran un pueblo procedente de lo que hoy en día se conoce como Senegal, donde por influencia árabe se habían convertido al islam.
Aparte de sus creencias religiosas, los jelofes eran un pueblo sofisticado, con una cultura compleja que los distinguía de otras etnias africanas. Eran además un pueblo guerrero, como los colonos españoles de las islas de San Juan y Santo Domingo pronto descubrieron cuando, en 1514 y 1522 respectivamente, los jelofes ladinos protagonizaron los primeros alzamientos de esclavos en la historia americana. Fray Bernardino de Manzanedo, un fraile promotor de la esclavitud en las Antillas, argumentó en contra de seguir enviando esclavos ladinos a esas tierras, sosteniendo que no se podía contar con los “criados en Castilla, porque salen muy bellacos”. Para intentar prevenir rebeliones futuras, el imperio español optó por suplir sus colonias antillanas con esclavos importados directamente de África, conocidos como “bozales”.
Mas la apuesta de España a favor de suplir esclavos bozales a las Antillas probó ser fallida pues, al igual que en el caso de los ladinos, los traficantes esclavistas suplieron a los colonos españoles con jelofes. Estos esclavos bozales que comenzaron a llegar a principios del siglo 16, tenían la misión de reforzar la producción de oro de la isla de San Juan la cual, para aquellos tiempos, era la principal productora para España en todo América. Al igual que en la rebelión de 1514, los jelofes bozales pronto demostraron ser una amenaza real al régimen colonial. En 1527 ya habían reportes de “muchos indios y negros alzados”, presagio ominoso de la gran rebelión de esclavos que se desataría en o alrededor del año 1531, bajo la gobernación de Francisco Manuel de Lando. Una sucesión de tormentas tropicales devastaron la isla de San Juan, creando el caos necesario para propiciar una rebelión encabezada por los jelofes, quienes sembraron la muerte entre los colonos españoles. El gobernador De Lando suprimió el alzamiento con sangrienta eficiencia.
No le tomó mucho más a las autoridades coloniales para percatarse de la amenaza de los jelofes, a quienes llamaron “gente belicosa y mala de domar”. Ya en 1532, de la isla de San Juan llegaron solicitudes a la corona española para “que de esta nación no se consienta entrar negros en la isla por razón de ser gente belicosa y de mal sosiego”. La real orden de septiembre de 1532, específicamente dirigida a la isla de San Juan, tomó nota de que los jelofes “diz que son muy belicosos, soberbios, inobedientes y revolvedores e incorregibles”, imputándoles “que los que están pacíficos y son de otras tierras y de buenas costumbres los atraen a sí a sus malas maneras de vivir de que Dios nuestro señor es deservido y nuestras rentas reciben daño”. En 1534 el Cabildo de San Juan llegó al extremo de proponer el cese total de importación de esclavos, sosteniendo los colonos preferir a los indios caribes “caníbales” que a los “bulliciosos” y “belicosos” jelofes. Esta rebelión impactó agudamente la sociedad colonial de la época.
Sucede que los jelofes también eran conocidos como los “cafres”, que en árabe significa infiel. El vocablo “cafre” ha, pues, persistido en nuestra conciencia colectiva durante cinco siglos para referirse a quienes nos causan desagrado por su conducta o sus gustos. Esto fue así, al menos, hasta que en nuestros medios de comunicación irrumpió uno de los comediantes más geniales que la isla antiguamente conocida como San Juan ha parido: Emmanuel “Sunshine” Logroño. Conforme a los datos biográficos suministrados por Clarissa Santiago Toro en los archivos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular en la Internet, en 1988 “Sunshine” Logroño estrenó un programa que muchos recordamos: “Sunshine’s Café”. Con el grito de guerra “!soy cafre, y qué!”, “Sunshine Logroño introdujo en nuestros medios un humor agudo y crítico tan bullicioso y belicoso como nuestros antepasados jelofes.
A pesar del éxito comercial del fenómeno cultural que fue “Sunshine’s Café”, su espacio en el aire tuvo que ceder ante los ataques por franquicias religiosas que eran objeto de su potente cafrería. El paso ya estaba dado, sin embargo, y la expresión “cafre” ha recuperado su verdadero significado: rebelde. Que no se nos olvide de nuevo.

La primera crisis colonial: la huelga legislativa de 1909

Rosendo Matienzo Cintrón
En el principio, fue el anexionismo, o al menos la visión que los líderes boricuas albergaban de lo que significaba ser un estado dentro de la Federación norteamericana. Rememoremos los eventos, y algunos de los protagonistas, de la llamada huelga legislativa de 1909.
A raíz del cambio de soberanía de 1898, las facciones políticas autonomistas de tiempos de España que como bandos rivales encabezaban Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa dieron paso, respectivamente, al surgimiento de los partidos Federal y Republicano. Ambas agrupaciones favorecían la eventual anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Ya para 1904, nuestros líderes de aquella época entendieron que las promesas divulgadas por el general estadounidense Nelson A. Miles se habían hecho sal y agua.
Fue entonces evidente que la Ley Orgánica Foraker de 1900 no era sino un mecanismo de administración colonial que concentraba la inmensa mayoría del poder en la figura de un gobernador que nombraba el presidente de los Estados Unidos, y un llamado Consejo Ejecutivo cuya mayoría de componentes era igualmente nombrado desde la metrópoli con personeros adictos a la misma. Sólo la Cámara de Delegados contaba con representantes elegidos directamente por los electores puertorriqueños habilitados. Esta situación provocó en 1904 que una facción del Partido Republicano se uniera al Federal para formar el Partido Unión de Puerto Rico, la agrupación política más poderosa durante los siguientes 20 años.
El Partido Unión de aquel entonces, cuyo líder máximo continuó siendo Muñoz Rivera, era muy similar al Partido Popular Democrático que décadas más tarde fundara su hijo, Luis Muñoz Marín. Se trataba de una coalición de tendencias que iban desde el anexionismo y el autonomismo, hasta un incipiente independentismo. Aunque continuaba siendo esencialmente una agrupación colaboradora con el régimen colonial, el Partido Unión era además reflejo de la creciente insatisfacción dentro de sectores del liderato político puertorriqueño, con el estado de sumisión y explotación al que los Estados Unidos estaban sometiendo a Puerto Rico.
Los dirigentes del sector cada vez más hostil al régimen dentro del Partido Unión lo fueron Rosendo Matienzo Cintrón, Rafael López Landrón y Luis Lloréns Torres. Ya entre los años 1906 y 1908 Matienzo Cintrón y Lloréns Torres cuestionaban abiertamente la relación colonial y proponían crear un crisis para obtener cambios en el régimen, ante la evidente desigualdad de fuerzas entre metrópoli y colonia. Esta propuesta radical fue combatida dentro del Partido Unión por la facción mayoritaria dirigida por el propio Muñoz Rivera, y la conservadora que lidereaba el presidente de la Cámara de Delegados José de Diego y Martínez, el caudillo independentista más sobreestimado en la Historia de Puerto Rico.
Las posturas cada vez más intransigentes del gobernador estadounidense de turno, Regis H. Post, y del Consejo Ejecutivo, dejaban ver que los “derechos reconocidos” a los puertorriqueños mediante la Ley Orgánica Foraker eran mas bien una broma que realidad. Conforme a hallazgos de estudiosos tales como Rafael Bernabe y Ronald Fernández, tanto el gobernador como el Consejo Ejecutivo seguían una política de menosprecio hacia “los nativos” de la Cámara de Delegados, la cual a su vez era controlada mayoritariamente por el Partido Unión. En efecto, aquéllos sostenían que el papel del único organismo legislativo que representaba a los puertorriqueños era el de servir como el proverbial sello de goma.
A principios de 1909 la situación se volvió tan tirante entre las ramas del régimen colonial local, que al Partido Unión no le quedó otra opción que utilizar el único verdadero poder cedido por la metrópoli: la de negarse a aprobar el presupuesto para el funcionamiento del gobierno. En efecto, el texto original de la Ley Orgánica Foraker contemplaba que tanto el Consejo Ejecutivo como la Cámara de Delegados tendrían la facultad de pasar juicio sobre el presupuesto que la administración colonial utilizaría para financiar su funcionamiento durante el año fiscal siguiente. Usando esa facultad, la Cámara de Delegados aprobó un presupuesto que reducía los salarios de los empleados del gobierno, especialmente los del tribunal federal estadounidense en Puerto Rico. El Consejo Ejecutivo rechazó, como cabría suponer, ese presupuesto, dando paso así al tranque gubernamental.
A esta crisis le siguió un receso legislativo y una asamblea extraordinaria del Partido Unión. Contrario a situaciones anteriores, esta vez la postura conciliatoria y sometida de De Diego Martínez quedó en minoría, al optar el bando mayoritario de Muñoz Rivera por mantener presión si las otras ramas de gobierno insistían en su intransigencia. Mientras tanto, el bando radical de Matienzo Cintrón y Lloréns Torres continuó proponiendo una abstención agresiva contra toda colaboración con el régimen colonial. “Si somos enemigos del gobierno”, afirmó Matienzo Cintrón, “no debemos perder ninguna oportunidad que se presente para atacarle”.
La perenne intransigencia del Consejo Ejecutivo hizo fracasar los esfuerzos conciliadores durante una sesión legislativa extraordinaria. La crisis se hizo oír en la metrópoli, donde el presidente William H. Taft se vio obligado a lidiar con la situación. Taft, uno de los principales arquitectos del régimen colonial, sentenció que los Estados Unidos “hemos concedido demasiado poder a los puertorriqueños con la ley Foraker”. El Congreso estadounidense aprobó entonces la llamada enmienda Olmstead, la cual enmendó la Ley Orgánica Foraker a los fines de que, de producirse una situación similar, el presupuesto del año previo continuara vigente. El nombramiento de un nuevo gobernador de nombre George Colton y la aprobación de la enmienda Olmstead, bastó para que Muñoz Rivera buscara la reconciliación con la metrópoli y abandonara a Matienzo Cintrón y a Lloréns Torres.
Con ochenta años de separación, los eventos de 1909 en San Juan y los de 1999 en Vieques demuestran que el cese de la colaboración cómplice del régimen, genera el único lenguaje que la metrópoli es capaz de entender: el de la crisis.

El “relajo” de la “Comay”

Allá para el año 2005, el analista político Luis Dávila Colón publicó desde estas mismas páginas una columna titulada “El poder de la Comay”. Un lustro más tarde, me propongo explicar la longevidad de ese poder.
El personaje de la “Comay”, figura central del programa “SuperXclusivo” que produce y anima su creador Antulio “Kobbo” Santarrosa, lleva años ocupando primeros lugares, cuando no el primero, en la televisión puertorriqueña. Tratándose de un programa con más de una década transmitiéndose en horario estelar de lunes a viernes, su durabilidad en el tope de las preferencias debe parecer asombrosa, especialmente si se tiene en cuenta que en su horario ha competido y compite con noticiarios y hasta con programas de temática similar.
Si la imitación es la muestra más sincera de admiración, entonces la creación de Kobbo Santarrosa es admirada casi universalmente en Puerto Rico. Lo mismo competidores, que periodistas, que adversarios, han adoptado expresiones y refranes de la famosa muñeca. Usted puede incluso escuchar a policías, periodistas y abogados condicionar lo que van a expresar con la muletilla del “aparente y alegadamente”. Pero donde hay admiradores, también hay enemigos, incluyendo una página en la red social cibernética “Facebook” que hace un llamado a formar un frente unido contra la “Comay”, sin mucho éxito, por cierto.
Conforme a Dávila Colón, grandes sectores de la prensa aborrecen igualmente a la “Comay”, tanto por la competencia que les representa, como porque parece gozar de mayor credibilidad ante la opinión pública. Según el citado analista, “Lograr que un show de esa naturaleza se convierta en el primer programa del país, produciendo sumas millonarias de ingresos, es además un poema que habla toneladas sobre nuestra gente, nuestra cultura y nuestros tiempos”. Para explorar esta expresión, es necesario que retrocedamos someramente... tres siglos atrás.
De acuerdo a los estudios de historiadores como el español Ángel López Cantos, el aún poco conocido Puerto Rico del siglo 18 era un asentamiento colonial profundamente dividido en términos sociales, económicos, y raciales. Una minoría blanca y refinada (o que al menos pretendía serlo) y de origen esencialmente español, luchaba por mantener a raya y bloquear el ascenso social de la creciente mayoría de hombre y mujeres pardos que ya se sentían puertorriqueños. El abismo social permitió a esa clase minoritaria pero dominante controlar un aspecto fundamental de la situación colonial existente: los medios de comunicación. Aparte de que el gobierno poseía o censuraba los pocos medios de prensa escrita existentes hasta finales del siglo 19, para colmo sólo las personas de alta sociedad, del gobierno o del clero sabían leer y escribir.
Un vistazo a los medios informativos del Puerto Rico de finales del siglo 19 y la primera mitad del 20, revela una prensa escrita muy distinta a la que hoy en día conocemos. La misma estaba controlada por, y dirigida a, las llamadas “personas de bien”, de “alta cultura” y de “buenas costumbres”. La masa pobre – la inmensa mayoría del País para aquella época, carecía lo mismo de medios económicos para adquirir los periódicos (principal vehículo informativo de esa época), que de la educación mínima necesaria para leerlos y, por ende, contribuir a la formación de la opinión pública.
El asentamiento del poder colonial estadounidense, muy en particular a partir de la década de 1940 que marcó el inicio de la era de Luis Muñoz Marín, cambió radicalmente este panorama. En un período relativamente corto de tiempo y gracias al proceso de industrialización y a una política agresiva de alfabetización, el Puerto Rico de la segunda mitad del siglo 20 se transformó en el que conocemos hoy en día: una sociedad mucho más igualitaria que la de antaño, con una gran clase media e incluso una clase pobre educada y con un poder adquisitivo como sus antecesores jamás soñaron disfrutar. La entrada en escena de esas clases media y pobre, alteraron a su vez dramáticamente la naturaleza y función de los medios informativos.
Conforme al historiador boricua Fernando Picó, una de las características culturales que han distinguido esas masas pobres de antaño que conforman al presente la nación puertorriqueña, lo es el uso del relajo. De acuerdo a Picó, el relajo es una forma de resistencia individual y comunal que nuestros antepasados crearon y cultivaron como arma contra la autoridad, a los fines de ridiculizar y desprestigiar a las figuras de poder incluyendo, por supuesto, a las “personas de bien”. El historiador sostiene que en nuestra formación cultural presente, el relajo es un sentimiento y un arma igualitaria, que se especializa en caricaturizar el esnobismo de las clases altas.
Con la transformación de la sociedad puertorriqueña, formas de ser de nuestras clases populares como el relajo se han insertado en nuestros medios informativos. Éstos ya no son el monopolio de las clases altas, en la medida en que nuestro presente nos permite a todos leer y escribir, lo mismo que escuchar la radio o ver la televisión. Es este ascenso de las masas populares (y su creciente poder adquisitivo) lo que ha transformado nuestros espacios informativos y explica cómo una muñeca como la “Comay”, de facciones poco finas, gestos estridentes y que toca temas polémicos, ha dejado sin respiración a los ofrecimientos “culturales” y de “buen gusto” que apenas sobreviven en las emisoras gubernamentales.
Por eso, el relajo, el gufeo y la cafrería, llegaron a nuestros medios para quedarse, nos caiga bien la “Comay”, o no.

Prometeo, desencadenado

Conforme a la mitología griega, Prometeo era un héroe o titán que, para ayudar a la humanidad, sustrajo del dios Zeus el fuego para entregárselo a los seres humanos. Como castigo eterno, Zeus condenó a Prometeo a permanecer encadenado a una roca donde un águila devoraría diariamente su hígado, el cual se regeneraba para ser, de nuevo, devorado. Con ello en mente, recordemos a Juan Mari Bras.
Juan Mari (como algunos lo llamaban), al igual que la inmensa mayoría de los boricuas a partir del 2 de marzo de 1917, nació bajo el signo y peso de la ciudadanía estadounidense. Una ciudadanía que no fue “concedida”, sino impuesta por los Estados Unidos por razones puramente estratégicas en medio de la Primera Guerra Mundial. Desde su temprana juventud, Juan Mari dio muestras de su compromiso inquebrantable con la auto-determinación e independencia de nuestro País. Su vocación por la lucha lo llevó a participar en la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño en 1946, y a dos años más tarde involucrarse en la gran huelga general de estudiantes que sacudió a la Universidad de Puerto Rico en 1948.
Al igual que tantos otros nacionalistas de ese Puerto Rico en rápido proceso evolutivo registrado entre 1940 y 1960, Juan Mari aspiraba a una educación que le permitiera ganarse la vida, tener su propia familia y continuar contribuyendo a la lucha por la soberanía. Tras su expulsión de la UPR, no le quedó otra opción que marchar hacia la metrópoli para completar sus estudios universitarios. En los propios Estados Unidos, sin embargo, el entonces joven estudiante siguió siendo sujeto de persecuciones por sus creencias y compromiso con la independencia patria. Tras años de vicisitudes, en 1954 logró graduarse como abogado.
De regreso a Puerto Rico, Juan Mari participó en 1959 de la fundación del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico y del periódico Claridad. Partiendo del credo de don Pedro Albizu Campos, Juan Mari y otros miembros del MPI propulsaron un boicot electoral para las Elecciones Generales de 1964. Para dar a conocer su postura electoral, el MPI no podía contar con los adelantos tecnológicos de los cuales hoy en día disfrutamos. En su lugar, dependía de altavoces y de los pulmones de sus miembros para llevar su mensaje al público en las calles. Como resultado, los miembros del MPI fueron arrestados por violar una ley que, créanlo o no, tipificaba como delito el uso precisamente de altavoces como vehículo para expresarse.
Esa controversia llegó hasta el Tribunal Supremo en un caso que se llama Mari Bras vs. Casañas, resuelto en 1968, y que constituyó el primer gran triunfo jurídico de Juan Mari y de los defensores de la libertad de expresión. Al resolver a favor de los independentistas, el Tribunal Supremo afirmó que “Dudoso servicio se le presta al derecho al sufragio libre que se pretende proteger si para ello se restringe la libertad de expresión; el resultado de aquél sería intrascendente sin la garantía de éste. Perdería todo significado; irritas serían sus consecuencias”. En efecto, y tan temprano como en la década de 1960, nuestro sistema judicial ya reconocía la existencia de leyes penales dirigidas a reprimir el mensaje del independentismo. Ese importante triunfo judicial tal vez tuvo algo que ver con la eventual transformación del MPI en el Partido Socialista Puertorriqueño en 1971. En 1972, Juan Mari lograba otra victoria judicial ante el Tribunal Supremo en un caso llamado Mari Bras vs. Alcaide Cárcel Municipal, mediante el cual se invalidó su encarcelamiento por pegar pasquines en lugares públicos reclamando el acceso del Pueblo a las playas. A ello le siguió la comparecencia de Juan Mari ante la Organización de las Naciones Unidas en 1973 para denunciar la situación colonial de Puerto Rico.
En 1994, Juan Mari presentó en Caracas, Venezuela, su renuncia a la ciudadanía estadounidense, hecho que provocó tras su retorno a Puerto Rico su impugnación como elector. Ello redundó en su logro judicial más conocido, cuando en 1997 en el caso Ramírez de Ferrer vs. Mari Bras el Tribunal Supremo de Puerto Rico nuevamente falló a su favor. Las expresiones más memorables de aquel dictamen provinieron del entonces juez asociado y hoy juez presidente Federico Hernández Denton, al afirmar que “existe una ciudadanía de Puerto Rico diferenciada de la ciudadanía de Estados Unidos. Su fundamento sociológico es la nación puertorriqueña”.
Las luchas emancipadoras por la auto-determinación e independencia de Puerto Rico siempre le han guardado las mayores penas a quienes las han abrazado. Las de Ramón Emeterio Betances le costaron el exilio; a Román Baldorioty de Castro, el presidio; a Segundo Ruiz Belvis, la temprana muerte en tierras ajenas; a Albizu Campos, el presidio y el suplicio. El asesinato aún sin esclarecer de su hijo Santiago Mari Pesquera en 1976, fue una penalidad igual o mayor para Juan Mari. A pesar de las frustraciones electorales y las desgracias personales, su vocación lo llevó a co-fundar otras organizaciones, tales como el Congreso Nacional Hostosiano.
Prometeo fue finalmente liberado de sus cadenas por otro titán, llamado Hércules, quien dio muerte al águila. De la misma manera, Juan Mari Bras parte de esta existencia libre de la dependencia emocional de la ciudadanía estadounidense, y sin que tal “pérdida” le significase perder un ápice de su dignidad y deseo de luchar. Él es Prometeo, desencadenado.

Lo que le pasó a Doña Isabel González

En un simbólico 25 de julio de 2024, tuvo lugar una ceremonia conjunta con la presencia de las presidentas de los Estados Unidos y Puerto Rico. Ese día quedó firmado el pacto de libre asociación entre ambas naciones, mediante el cual los puertorriqueños podrían circular libremente entre ellas, sin necesidad de ser ciudadanos estadounidenses. Se cumplía así la promesa planteada por el oficialista Partido Soberanista Puertorriqueño, agrupación política de reciente creación que sorpresivamente triunfó en las elecciones del 2020. Para conocer los fundamentos de este acuerdo es necesario caminar, 120 años hacia atrás.
Allá para el 11 de abril de 1899, una joven boricua de nombre Isabel González se encontraba residiendo en su natal Puerto Rico. Ese día se proclamó la vigencia del Tratado de París, conforme al cual la Isla de Puerto Rico y sus habitantes pasaron al control de los Estados Unidos como botín de guerra tras el conflicto con España en 1898. Exactamente un año y un día más tarde, el 12 de abril de 1900, los Estados Unidos promulgaron la ley orgánica Foraker, mediante la cual se creó la figura jurídica de El Pueblo de Puerto Rico. La ley orgánica nos reconoció además como ciudadanos puertorriqueños y, entre otros cargos gubernamentales, creó el del comisionado residente en la capital metropolitana de Washington.
Joven, soltera y embarazada, Isabel se dispuso a viajar a los Estados Unidos para reunirse con el padre de su futuro vástago, arribando al puerto de Nueva York el 24 de agosto de 1902. Las autoridades de inmigración estadounidenses, sin embargo, detuvieron de inmediato a Isabel, informándole que sería deportada de vuelta a Puerto Rico, por tratarse de una inmigrante extranjera ilegal. La ley de inmigración entonces vigente autorizaba a las autoridades estadounidenses a deportar, en el mismo barco en el que arribaron, a todos los extranjeros ilegales que llegaran a sus puertos. Conforme a esa ley, los llamados “extranjeros ilegales” eran “todos los idiotas, personas dementes, pordioseros, o aquellas personas que probablemente se convertirían en una carga pública”.
Isabel se dispuso a retar esa orden, alegando que ella era ciudadana estadounidense y que venía a reunirse con el padre de su futuro hijo. Para la vista sobre su caso celebrada en Ellis Island (centro de procesamiento de inmigrantes localizado en una pequeña isla de la ciudad de Nueva York), el padre del hijo de Isabel no se presentó, lo cual reforzó el argumento de las autoridades de que ella se convertiría en una “carga pública”. A decir de la académica Christina Duffy Burnett, “en juego durante la detención de González se encontraba no tan sólo su libertad de moverse libremente dentro y fuera de los Estados Unidos y los medios para auto-sostenerse, sino además su reputación y su honor”.
Los abogados de Isabel presentaron entonces una solicitud de hábeas corpus ante el tribunal de circuito de Nueva York, el cual nuevamente falló en contra de ella al resolver que “una ciudadana de Porto[sic] Rico no es una ciudadana de los Estados Unidos”. Isabel apeló entonces ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde una vez más planteó que ella era ciudadana de los Estados Unidos. Mediante una decisión unánime suscrita en enero de 1904 por el entonces Juez Presidente Fuller en el caso que se conoce como González vs. Williams, el máximo tribunal falló a favor de Isabel... en cierta manera.
En efecto, el tribunal adjudicó que Isabel no era una “extranjera” para fines del gobierno de los Estados Unidos, dado que en la ley orgánica Foraker el Congreso no dijo expresamente que “los ciudadanos de Porto[sic] Rico deberían ser considerados como extranjeros y por ende negarles el derecho a moverse libremente”. Continuó razonando el juez Fuller que la ley de inmigración estaba dirigida a los extranjeros que le debían lealtad a otras naciones, la cual no era la situación de los puertorriqueños. Conforme al Tribunal Supremo estadounidense, los puertorriqueños “le deben lealtad permanente a los Estados Unidos”; “viven bajo el dominio pacífico de los Estados Unidos”; y “su ley orgánica fue promulgada por los Estados Unidos”. Puerto Rico, a los ojos del máximo foro estadounidense, se había convertido en un “país doméstico” de los Estados Unidos que, por lo tanto, había dejado de ser un país extranjero “dentro del concepto de la ley aplicable”, especialmente porque sus leyes se hacen cumplir por conducto de funcionarios que juraron aplicar la constitución estadounidense.
Así, lo que le pasó a Doña Isabel González es lo que nos pasa hoy en día a todos los puertorriqueños: la facultad de viajar entre los Estados Unidos y Puerto Rico sin una necesidad real de tener que ser ciudadanos estadounidenses. Se trata de uno de los pilares básicos de una relación de sumisión colonial que se ha encargado de alimentar el mito en torno a las “virtudes” de nuestra ciudadanía actual. Esa ciudadanía podría desaparecer mañana y, conforme a González vs. Williams, los puertorriqueños podríamos continuar viajando hacia y regresando de los Estados Unidos a Puerto Rico como si nada hubiese pasado.
Con 4 millones de puertorriqueños residiendo en los Estados Unidos hoy en día, esa facilidad de viajar y regresar libremente entre los dos países probablemente será una de las piezas claves en cualquier pacto futuro, y sin necesidad de ciudadanías huecas de por medio.