domingo, 25 de diciembre de 2011

“Es la economía, estúpido”

¿Tomó usted tiempo para leer en su totalidad el famoso informe del grupo de trabajo presidencial estadounidense en torno al status de Puerto Rico? Yo no, aunque sí me ocupe de escuchar a analistas y políticos de todas las ideologías para corroborar que nada nuevo había en el panorama. Aparte de que es insultante que se nos considere un antro de corrupción gubernamental e infeccioso foco de dengue, la realidad es que el contenido del informe no vale su peso en papel, ni siquiera en formato electrónico.
En el principio, fue el Tratado de París de 1898. Conforme discutiéramos hace unos años atrás (“El Tratado de París de 1898”), la clave de nuestra presente situación colonial yace en la lapidaria oración final del Artículo IX de ese tratado: “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”. El Artículo VI, Sección 2 de la Constitución estadounidense (comúnmente conocida como la “Cláusula de Supremacía”) dispuso que los tratados tendrían el mismo nivel de autoridad que las leyes aprobadas por el Congreso y la propia Constitución. Conforme, pues, al entramado constitucional estadounidense, es el Congreso quien tiene la última palabra, con un Tribunal Supremo que tradicionalmente ha jugado el papel de justificador de los actos congresionales para la preservación del régimen colonial. El papel del Presidente en este esquema de sumisión, desde William Mckinley hasta Barack Hussein Obama, se reduce al final del camino al de administrador colonial de turno.
Fue por lo anterior que en otra columna (“La colonia, en los tiempos de Obama”) hice constar mi escepticismo con respecto a las esperanzas, especialmente dentro del sector anexionista, de que algo en verdad iba a cambiar. El informe presidencial de Obama es, pues, el más reciente mensaje del Estado de Situación Colonial por el administrador de turno, quien tiene cosas más importantes que hacer. No siempre ha sido así, sin embargo, pues siempre hay una excepción a la regla. Entre todos los presidentes estadounidenses conmemorados con estatuas frente al Capitolio boricua, el único que para el anexionismo intelectualmente honesto merecería semejante reconocimiento, lo sería el que llegó a la presidencia casi por accidente y se retiró sin pena ni gloria. Se llamaba Gerald Rudolph Ford (1974-1977).
Conforme a los hallazgos de estudiosos como Ronald Fernández (“The Disenchanted Island”), Ford fue el único mandatario que atendió con seriedad el problema de la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Este presidente accidental heredó los problemas creados por sus antecesores, quienes recurrían a la dilación o incluso, en el caso de Lyndon Baines Johnson, a permitir que el FBI interfiriese con el plebiscito de 1967. Contrario a presidentes anteriores y posteriores, Ford no buscó acomodos inexistentes para el tan predicado “crecimiento del ELA”, reconociendo que Puerto Rico sólo tenía dos opciones dignas: la independencia y la estadidad. Un Puerto Rico soberano, con su importancia estratégico-militar en medio de la Guerra Fría, era inaceptable para el Presidente, sin embargo. Por eso y apenas a semanas de su salida de Casa Blanca, Ford nombró una comisión para estudiar la transición de nuestro País a un estado de la Unión.
Los esfuerzos del Presidente Ford se estrellaron contra un Congreso que no tuvo, ni tiene al presente, la intención de admitir a Puerto Rico como un estado o de resolver el asunto de la relación colonial. Cuando el Tratado de París de 1898 dispuso que la condición de los habitantes de los territorios adquiridos sería determinada por el Congreso, los redactores de ese lenguaje no hicieron sino dar continuidad a la tradición que nació con esa república en 1776: la de que el Congreso de los Estados Unidos de América siempre actúa teniendo en cuenta lo que es mejor para esa nación. Por eso, cuando usted estudia el modelo de crecimiento seguido por los Estados Unidos, desde los trece estados originales en 1776 hasta la incorporación de Alaska y Hawai en 1959, notará que cada nuevo estado aportaba riquezas materiales, con su incorporación, a la Unión. Nunca es al revés, y con Puerto Rico no ha sido ni será la excepción.
Tras más de un siglo de dominación colonial, el Congreso continúa actuando con Puerto Rico teniendo siempre en cuenta lo que es mejor para los Estados Unidos. En estos tiempos de la Gran Recesión, y cuando todo parecía apuntar al mejor momento para el anexionismo en décadas, nuestro creciente rezago económico con respecto a la metrópoli se convierte en el gran abismo que transforma las aspiraciones en quimeras. Es por eso que el más reciente informe presidencial se dirige rápidamente a ocupar su nicho dentro del gran cementerio de la futilidad, que sólo una empantanada relación de sumisión colonial puede generar.

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